La gestión de Yunda al frente del Municipio de Quito fue cuesta abajo

En medio de las protestas de octubre de 2019, la gestión de Yunda fue duramente criticada. Se lo acusó de no haber defendido a la ciudad, que sufrió importantes daños en medio de las protestas y del vandalismo, y de haber armado un plan para desestabilizar al Gobierno del expresidente Lenín Moreno. Yunda se defendió alegando que fue "víctima de ataques injustificados". Y se proclamó como uno de los políticos que promovió el diálogo entre el sector indígena, que lideraba las protestas, y el Gobierno Nacional. Pese a todo, según la encuestadora Perfiles de Opinión, la popularidad de Yunda no se vio afectada por las protestas y se mantuvo en torno al 60%.

La compra de 100.000 pruebas de Covid-19 hacían pensar que Quito controlaría la pandemia con la identificación de casos positivos. La llegada de las primeras 5.000 pruebas fue promocionada por el Municipio como un hito histórico. El propio Yunda recibió el cargamento en el aeropuerto Mariscal Sucre, mientras sus cuentas de redes sociales transmitían el evento. A los pocos meses comenzaron los primeros problemas para Yunda. La Contraloría encontró irregularidades en el proceso de compra de las pruebas, cuyo valor ascendió a USD 4,2 millones. La Fiscalía también tomó parte en el proceso y allanó las oficinas de la Secretaría de Salud, de la empresa proveedora Salumed y la casa del exsecretario de Salud, Lenín Mantilla, quien se encuentra prófugo. En este caso, la Fiscalía sostiene que los tests entregados por Salumed no son los que constan en el contrato, por lo que el Municipio debió terminar unilateralmente el contrato y cobrar multas a la empresa, pero no lo hizo. Yunda se ha defendido aduciendo que no participó en el proceso contractual de los tests. Y que las pruebas adquiridas eran las mejores que había disponibles en el mercado durante los primeros meses de la pandemia.

Por el caso de la adquisición de las pruebas de Covid-19, el alcalde Jorge Yunda fue acusado penalmente por el presunto delito de peculado. La Corte Provincial de Pichincha decidió llamarlo a juicio. Y la máxima autoridad de la ciudad ahora se halla a la espera de la decisión del tribunal que lo puede condenar hasta a 13 años en prisión, según lo establece el Código Integral Penal. Hasta que el juicio se resuelva, las autoridades judiciales determinaron, el 19 de febrero de 2021, que Yunda porte un grillete electrónico para evitar que salga del país. El Alcalde dijo que el grillete era la mejor presea que había recibido. Al momento, Yunda no tiene defensa. El abogado Juan Pablo Albán renunció pues, según él, el burgomaestre no aceptó su recomendación de renunciar para evitar que el caso se politizara.

Los presuntos actos de corrupción en el Municipio de Quito implican directamente a familiares y amigos del alcalde Yunda. Su hijo Sebastián, por ejemplo, es investigado por posible delincuencia organizada, luego de que la Fiscalía encontrara chats sobre su presunta participación en contratos municipales. Incluso, en la compra de las 100.000 pruebas para Covid-19 por las que su padre porta un grillete. Además, Sebastián Yunda habría planeado vender un terreno municipal para la construcción de un hotel. Y también está implicado en la compra de cámaras de videovigilancia para el Municipio. Entre las pruebas de este caso está la firma de tres contratos celebrados por la empresa municipal EP Emseguridad, entre 2019 y 2021, que suman cerca de USD 2 millones. A las investigaciones que pesan sobre Sebastián Yunda se suman las que tienen relación con empresarios amigos del Alcalde. El caso más emblemático es el de la empresa Geinco, cuyo dueño es Gerardo Espinel, amigo personal de Jorge Yunda. La Fiscalía investiga a Geinco por ser beneficiaria de una triangulación de contratos con al menos dos empresas metropolitanas: la Empresa de Obras Públicas y la Empresa de Agua Potable. En 2019, Jorge Yunda anunció el Plan de Repavimentación de Quito. El objetivo era repavimentar 110 kilómetros de vías. El contrato fue adjudicado al Consorcio Pavimento Quito, conformado por la empresa Inmosoluciones y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Pero, el Consorcio "cedió a las empresas Geinco y Herdoíza Crespo una parte de la ejecución de los trabajos, debido a que no contaba con la capacidad operativa, técnica y económica para ejecutar la obra de USD 30 millones, que fue adjudicada por régimen especial", según un informe de Contraloría General del Estado.

Gerentes que van y vienen ha sido la tónica en algunas de las empresas estratégicas del Municipio de Quito durante los dos años de la actual gestión. La Empresa de Agua Potable, por ejemplo, ya ha visto pasar a seis gerentes en la administración de Yunda. Luis Medina, actual gerente, estuvo en el cargo entre junio de 2020 y marzo de 2021. Dejó la empresa luego de ser acusado de entregar contratos a la compañía Geinco. Pero, Yunda decidió ponerlo nuevamente en el cargo a finales de mayo de 2021. Una situación similar han atravesado la Empresa Metro de Quito y la Empresa de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Esta última tenido tres gerentes durante la actual administración. El primero en ocupar el cargo fue Hernán Alvarado, quien regresó el Municipio en calidad de asesor del Alcalde, a pesar de haber sido acusado de no dar tratamiento a los líquidos que produce la basura, conocidos como lixiviados. Este incumplimiento casi causa una crisis ambiental en la ciudad, pues los lixiviados estuvieron a punto de derramarse de las piscinas que los contienen. Mientras que por el Metro ya han pasado cuatro gerentes. Y ninguno ha logrado poner en marcha al costoso sistema de transporte.

El Metro de Quito tiene un retraso de dos años. Y, a pesar de esta demora, aún no hay una fecha prevista para su entrada en operación. Esto no ha sido posible, en gran parte, por dos razones:

• La inestabilidad que ha tenido la empresa.
• La falta de un modelo de gestión.