Servicio de protección a mujeres trabaja con la mitad de su personal

Paola perdió el 80% de su capacidad visual después de que su exnovio la golpeara en su rostro y cuerpo. La joven de 17 años fue internada de urgencia por la gravedad de las heridas.

Una paliza de esa magnitud también provoca heridas psicológicas.

Días después de recibir el alta médica acudió a una dependencia del Servicio de Protección Integral (SPI), perteneciente a la Secretaría de Derechos Humanos, para recibir la ayuda psicológica que le recomendaron para superar su situación.

Teresa Madruñero es la trabajadora social que asumió el caso en una oficina del SPI en el centro de Quito. Ella afirma que la joven mujer recibió más de ocho sesiones de terapia, junto a sus hermanos, madre y abuelos.

La funcionaria agrega que los 46 centros de este tipo que existen a escala nacional no solo brindan ayuda psicológica a las victimas y sus familias, sino que realizan seguimiento a sus relaciones familiares, sociales, educativas y laborales, a través del Departamento de Trabajo Social.

Por eso a Madruñero le preocupa el recorte del 50% del personal que ha sufrido el Servicio de Protección Integral, sobre todo en las áreas de psicología y trabajo social.

"Teníamos cuatro equipos, conformados por una psicóloga y una trabajadora social, ahora operamos con la mitad del personal".

Esta intranquilidad la comparte Gina Burbano, psicóloga del mismo centro, quien dice que "hemos tenido que dividir las terapias entre las dos profesionales que continuamos trabajando".

Por eso se prevé aplazar las citas de las pacientes con casos menos urgentes,. "No podemos reagendar las terapias de los casos más complejos porque hacerlo significaría retroceder en lo que se ha logrado".

Paola y su familia pudieron terminar su terapia antes del recorte de personal. Aunque cualquier caso se puede reabrir ante una recaída.

¿Qué dice la autoridad?

Catherine Chalá, subsecretaria de Prevención y Erradicación de la Violencia, reconoce que se desvinculó a 60 psicólogas y trabajadoras sociales de las 143 que pertenecían a los Servicios de Protección Integral.

La funcionaria explica que su salida se debió a que "tenían contratos de servicios ocasionales y que su vigencia terminaba a inicios de 2020".

Además, reconoce que sólo podrán suplir 33 vacantes, aunque espera que el Gobierno Central apruebe otras 40 para fortalecer el servicio.

Las 46 dependencias que brinda este servicio seguirán funcionando con normalidad.

Ana Cristina Vera, directora del colectivo feminista Surkuna, dice que los Servicios de Protección Integral son un eje fundamental para la reparación integral de las mujeres víctimas de violencia.

Es por eso que considera que la reducción del personal destinado a su atención será un limitante para que las mujeres superen los problemas que son fruto de la violencia de género.

Vera no descarta acudir a la justicia para demandar al Estado, ya que considera que la reducción del personal en los SPI constituye una violación a los derechos de las niñas y mujeres.