Tras violencia estudiantil, Gobierno habla de plan de prevención

Una gresca entre estudiantes de un colegio del sur de Quito, en la que tres menores de edad resultaron apuñalados la tarde del 3 de marzo de 2023, expuso el nivel de violencia que enfrentan las instituciones educativas puertas adentro y, también, el expendio de drogas en colegios.

PRIMICIAS entrevistó a Diana Castellanos, subsecretaria para la Innovación Educativa y el Buen Vivir, para conocer sobre la situación de los estudiantes heridos y cuál es papel del Ministerio de Educación para frenar estos actos violentos.

Por temas de privacidad y, sobre todo, por el derecho a la imagen de niños, niñas y adolescentes, Castellanos omitió los nombres de las instituciones educativas.

¿Los casos de violencia en las instituciones educativas han aumentado?

No es un tema actual que tengamos en las instituciones educativas ciertas situaciones de violencia. El Ministerio de Educación, desde 2020, ha establecido por Acuerdo Ministerial las rutas y protocolos de violencia que nos permiten detectar los casos de violencia y violencia sexual en los que se ven involucrados estudiantes.

¿Qué ocurrió con los tres estudiantes heridos?

Fue una gresca entre estudiantes en un momento de ingreso y salida de alumnos. Uno de ellos sacó un arma cortopunzante e hirió a tres estudiantes con los que se suscitaba el hecho.

¿Cómo se activó el protocolo tras la gresca?

El 16 de febrero de 2023 se firmó un acuerdo con el Ministerio del Interior, que además de establecer ya el Plan Nacional de Escuelas Seguras, también establece el uso o aplicación del protocolo de actuaciones en infracciones cometidas dentro del sistema Educativo. 

En este caso, al estar vinculada un arma blanca, esto deja de ser exclusivamente un hecho de violencia detectado o sucedido en el entorno educativo, para ser considerado una infracción.

Por tanto, la institución educativa actúa en función de estos dos protocolos: inmediatamente se llamó al ECU-911 para dar atención y protección inmediata de los tres estudiantes heridos. Uno tenía una herida en la cabeza y dos habían sido heridos en la espalda. 

¿Qué pasó con los agresores?

Fueron acompañados por la Policía Especializada en la niñez y adolescencia (Dinapen) a flagrancia (...) Pero se tomó la decisión de que no era un delito flagrante. Y se puso una denuncia por agresión e intimidación de parte de los familiares agredidos.

¿Cómo actuaron los docentes de la institución?

Se realizaron los procesos de acompañamiento psicosocial por parte del Departamento de Consejería Estudiantil y del Distrito Educativo. Intervinieron en esta gresca inspectores de la institución educativa, docentes, la autoridad.

Se hizo, en segundo lugar, el informe de hecho de violencia. Fue fue remitido ya al Distrito Educativo para tomar las medidas educativas disciplinarias que corresponden.

¿Cuál es el tratamiento para los estudiantes heridos?

Como medida de protección, ellos se encuentran con atención desde su domicilio. La institución educativa los está acompañando en su proceso psicosocial así como pedagógico.

Y, por último, el equipo del departamento de consejería estudiantil, tanto de la institución educativa como del distrito, están trabajando con toda la comunidad educativa en procesos de reconstrucción del tejido social. 

¿El consumo y la venta de droga es otro problema que afecta a las instituciones?

Es importante hacer una diferenciación (...) El expendio de drogas o de sustancias sujetas a fiscalización es un delito catalogado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). A diferencia del uso y consumo de drogas, que es un problema de salud pública. 

A su vez, en el proceso administrativo también es una falta que puede ser sujeta a medidas educativas disciplinarias.

¿Cómo se procede?

Con el tema de expendio de alcohol y tabaco, es importante tomar en cuenta que, aunque no sea un delito, sí está prohibida la venta para menores de edad. Hay un proceso y un protocolo específico que debe activar la institución para poner en alarma a las instancias correspondientes.

Esto quiere decir -en su mayoría de casos- a la Intendencia de la Policía y a los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Esto, para identificar cuáles son los locales comerciales o los adultos que están entregando estas sustancias prohibidas a menores de edad.

Si es en el interior de la institución educativa, se toma un procedimiento que está también establecido. Y así se implementan medidas educativas disciplinarias en el caso de tener estudiantes vinculados en este proceso de venta de estas sustancias que no son ilegales.

¿Y si son sustancias sujetas a fiscalización?

La institución educativa, quien sea que tenga conocimiento, tiene que poner la denuncia.  

Pero existe el temor a represalias.

Desde la Policía Nacional se ha establecido el 1800 delito como un canal de comunicación para poner las denuncias que nos permite hacerlo de forma anónima.

Ahora, si la situación de expendio de sustancias sujeta la fiscalización es flagrante, es la obligación de la persona que tiene el primer contacto de este hecho flagrante poner en conocimiento de las autoridades. 

¿Cómo aborda el Ministerio de Educación este problema para prevenirlo?

Con la prevención de riesgos psicosociales, que se fundamenta en dos principios básicos. Uno es el incremento de factores de riesgo o de exposición ante estos riesgos psicosociales. El otro es el fortalecimiento de factores de protección.

¿Cómo se fortalecen estos factores de protección?

Primero, conocer que existan canales de actuación o mecanismos de actuación inmediata en casos de riesgos psicosociales, así como en casos de infracciones o delitos. Es fundamental, porque muchas veces no sabemos a quién acudir, como acudir y si vamos a tener respuesta.

Segundo, considerar que los niños, niñas y adolescentes no se vinculan solos en factores de riesgo. En la mayoría de casos, sobre todo, si hablamos de infracciones o delitos o presuntos delitos, un adulto está detrás.

¿Cuáles son las estrategias para poner en marcha esos factores?

El Ministerio de Educación viene realizando una serie de estrategias que nos permiten fortalecer estos factores protectores que se conocen o se han denominado como actividades de prevención.

1. Prevención de violencia
2. Acoso escolar
3. Uso y consumo de drogas, entre otras.

Todo esto está agrupado en el Plan Nacional de Prevención de Riesgos Psicosociales que será presentado a la ciudadanía la primera semana de abril.

¿Cómo funcionará el plan?

Con estrategias que permitan eliminar o disminuir los factores de riesgo y fortalecer los factores protectores en niñez y adolescencia.