Solo el 25% de las víctimas en la Penitenciaría del Litoral tenía sentencia

Las investigaciones de la masacre del 28 de septiembre de 2021 en la Penitenciaría del Litoral continúan. Ese día, la guerra entre bandas criminales dejó 119 internos muertos.

Quince días después de la tragedia, las autoridades solo han logrado identificar 106 cadáveres. Los otros 12 cuerpos continúan en la morgue.

Por el grado de violencia con la que fueron asesinados y la descomposición de los cuerpos, su identificación tomará entre 20 y 25 días pues habrá que aplicar técnicas forenses especializadas.

Con la identificación de los primeros 106 cuerpos, la Secretaría de Derechos Humanos ha empezado un análisis sociológico de la caracterización de las víctimas.

La Secretaría encabeza el Organismo Técnico de Rehabilitación Social, que es la máxima autoridad carcelaria del país.

Una de sus primeras conclusiones es que de los 106 fallecidos, el 74% estaba en el pabellón 5 de la Penitenciaría del Litoral.

Según informes de inteligencia policial, los pabellones 5, 10 y 12 son controlados por la banda conocida como 'Los Fatales'. Este grupo es aliado de 'Los Águilas', que controla los pabellones 3, 6 y 7.

Las dos organizaciones son células de la banda de 'Los Choneros', cuyos líderes, ‘Junior’ y ‘Fito' están recluidos en la sección máxima especial de la cárcel regional, adyacente a la Penitenciaría.

'Los Choneros' son el principal objetivo de esta guerra. Sus antiguos aliados, 'Los Lobos' y 'Los Tiguerones' buscan hacerse del mando de las cárceles y de la propia banda, que quedó en acefalía luego del asesinato de José Luis Zambrano, alias 'Rasquiña', en diciembre de 2020.

'Los Lobos' y 'Los Tiguerones' controlan los pabellones 8 y 9. Y, justamente, desde esas áreas de la cárcel se coordinaron los ataque del 28 de septiembre.

'Alan', otro exaliado de 'Los Choneros', los traicionó y dejó que sus rivales ingresaran a los pabellones para perpetrar la masacre.

Jóvenes y sin sentencia

Según el Gobierno, de las víctimas que fueron identificadas, el 61% eran personas de entre 20 y 30 años. Y el 33% era menor de 25 años.

Además, se estableció que la mayoría -en promedio- ingresó al mundo criminal a los 11 años de edad.

Y a esa edad se registraron sus primeras detenciones por delitos asociados al microtráfico de drogas. Para cuando tenían 15 años, en cambio, ya se vieron envueltos en casos de asesinato.

El análisis también estableció que el 35% de las víctimas fue arrestado por casos de narcotráfico. Y otro 35% por robos.

Y el restante 30% por casos que tienen relación con otro tipo de delitos, como asesinato, delincuencia organizada y asociación ilícita.

Sin embargo, de los primeros 106 asesinados en la Penitenciaría que fueron identificados, solo el 25%, es decir, 26 personas ya habían sido sentenciadas.

Otras 77 estaban en proceso legal, por lo que se hallaban presos de manera preventiva. De otros tres asesinados no hay registro de su situación jurídica.

Las cárceles con más problemas

Luego de la última masacre carcelaria, el gobierno de Guillermo Lasso conformó el Organismo Técnico de Rehabilitación Social.

Uno de los primeros problemas que encontró esta instancia es administrativo. En agosto de 2018, el gobierno del expresidente Lenín Moreno eliminó el Ministerio de Justicia y en su lugar creó dos entidades.

• La Secretaría de Derechos Humanos: a cargo de la rehabilitación de los detenidos.
• El Servicio Integral de Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI): a cargo de la seguridad y la administración de las cárceles.

Pero el intento de división de funciones no se tradujo en una división eficiente de bienes.

Hasta este momento, tres años después de la extinción del Ministerio de Justicia, todavía hay 66.000 ítems que están en un limbo. Es decir, no pertenecen a ninguna entidad.

Y otros elementos están cruzados. Por ejemplo, cuando asumió la administración de Guillermo Lasso se dieron cuenta de que 82 escáneres, que funcionan como medida de seguridad al ingreso de las cárceles, pertenecen a Derechos Humanos, cuando es el SNAI el que los administra.

Esto genera varias dificultades. El SNAI no tiene la capacidad de repararlos, ni de contratar un seguro o de cobrar una póliza cuando estos aparatos sufren daños.

Al momento,12 de estos artefactos ya han sido revertidos a la administración de la entidad correcta.

Un caso parecido, dice Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos y presidenta del Organismo Técnico, ocurre con los grilletes de vigilancia electrónica.