Venezolanos e inseguridad, dos partes de una ecuación imprecisa

Un adulto mayor que salió a comprar pan con su hija y sus perros en las primeras horas de la mañana fue asaltado y apuñalado por tres sujetos. En su relato la hija identificó a los agresores como venezolanos. Ocurrió el lunes 25 de agosto de 2019, en el barrio de La Vicentina, en Quito.

El 22 de julio en la parroquia Miguel Egas, de Otavalo, tres venezolanos fueron acusados de robo. Los comuneros los capturaron, los golpearon, los bañaron en agua fría y los azotaron con ortigas. Luego decidieron prohibir el ingreso de extranjeros en su comunidad.

Pocos días antes, el 19 de julio, en Cuenca se realizó una asamblea ciudadana y las autoridades locales marcharon por las calles del Centro Histórico exigiendo seguridad. La presencia de la cárcel de Turi y la llegada masiva de venezolanos fueron los temas hacia donde apuntaron los cuencanos como las razones de la zozobra en esa ciudad.

Los términos inseguridad y venezolanos son recurrentes en las ecuaciones de quienes afirman que el país soporta una oleada delictiva inusual.

Y, aunque esas conclusiones son populares en redes sociales y en ocasiones logran tener eco en el discurso político y social, no necesariamente reflejan la realidad.

La primera afirmación errada es que Ecuador está acosado por la delincuencia.

La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes -de referencia para la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (Unodc) para medir la inseguridad de un país- muestra en Ecuador una reducción constante desde 2010.

Ese año, la tasa fue de 17,48 muertes por cada 100.000 habitantes, mientras que en 2018 fue de 5,81 muertes por cada 100.000 habitantes, un 66% menos.

El indicador ecuatoriano de 2018 -que es el más reciente- está muy por debajo de la tasa promedio de América Latina y el Caribe, que es de 23,1 muertes por cada 100.000 habitantes y un poco por debajo del promedio mundial, que es de 6,1 muertes por cada 100.000 habitantes.

En términos absolutos tampoco existe un repunte. Entre enero y junio de este año se han cometido 570 homicidios intencionales, algo más que los 521 ocurridos el año pasado, pero una tercera parte de los 1.414 homicidios reportados durante los primeros seis meses de 2010.

Otro dato impreciso es la relación entre el delito y la nacionalidad, aunque el incremento en el ingreso de venezolanos a Ecuador se ha intensificado desde 2016.

La diferencia entre los venezolanos que ingresaron a Ecuador y los que salieron del país es de 380.181 personas, entre el enero de 2016 y el 27 de agosto de 2019.

Si estas cifras se contrastan con los 415 venezolanos recluidos en las cárceles ecuatorianas, se puede deducir que apenas uno de cada 1.000 venezolanos que ha ingresado a Ecuador ha sido encarcelado.

Aunque esas cifras pueden mostrar que la presencia de venezolanos no es la principal fuente de inseguridad, tampoco se puede ignorar el impacto que tiene esa migración masiva.

"Son más vulnerables ante las mafias"

En un evento organizado en Quito en noviembre de 2018, sobre la migración venezolana, Ecuador estimó que el país requiere de USD 550 millones para atender a los inmigrantes venezolanos que han llegado al país.

En un momento de ajustes como el que atraviesa Ecuador, ese rubro es significativo y complica la atención a los ciudadanos que huyen de la profunda crisis económica, política y social que atraviesa Venezuela.

El subsecretario de seguridad ciudadana del Ministerio de Gobierno, Diego Tipán, asegura que el cometimiento de un delito tiene correlación directa con el acceso a un empleo, a bienes y servicios del Estado (salud y educación) y a la inequidad en el acceso a oportunidades.

"Las personas que tienen más necesidades son quienes más probabilidades tienen de buscar su supervivencia en la ilegalidad".

Diego Tipán, subsecretario de seguridad ciudadana

Por eso considera que los inmigrantes venezolanos son víctimas de este fenómeno, pues son más vulnerables a ser captados por mafias para delinquir o ser explotados laboralmente.

Por eso, agrega Tipán, uno de los objetivos de las autoridades es integrarlos adecuadamente a la sociedad, "quien tiene una fuente de empleo es 10 veces menos proclive a involucrarse en actividades ilícitas", dice.

La cuarta ola de xenofobia

Para el funcionario, el problema de los brotes de xenofobia que han provocado algunos delitos presuntamente cometidos por venezolanos es que se corre el riesgo de crear un enemigo público por su nacionalidad y acusarlo de todos los problemas de inseguridad.

Eso es algo que ya está ocurriendo según Daniel Regalado, presidente de la Asociación Venezuela en Ecuador. Hay sectores como los extremos norte y sur de Quito, además de los valles de Cumbayá, Tumbaco y Los Chillos, donde la hostilidad contra los venezolanos es notoria.

"Los acusan de cualquier delito que ocurra, los insultan y amenazan", dice. Además, hay fiscales y policías que actúan con prejuicio al momento de investigar a venezolanos, agrega el dirigente.

Regalado, quien lleva 10 años en Ecuador, dice que se trata de la cuarta ola xenófoba que ha percibido, "antes fueron los colombianos, los cubanos y más recientemente los haitianos".

No obstante admite que algunos de sus compatriotas dificultan la integración. La asociación ha denunciado y logrado la expulsión del país de una treintena de venezolanos por delitos como estafa, aprovechamiento de migrantes o abusos de distinto tipo.