Venezolanos aún enfrentan dificultades para regularizar su estatus migratorio

Desde que inició la pandemia en marzo de 2020 “la situación ha ido de peor a mucho peor”. Así empieza su relato Daniel Regalado, un inmigrante venezolano que vive en Quito y que preside la Asociación Civil Venezuela en Ecuador. 

Les había costado mucho llegar a estabilizarse, conseguir un empleo, en el mejor de los escenarios, estar afiliado a la seguridad social y tener un seguro médico, pero con la pandemia “todo fue como empezar de cero''. 

¿Cómo ha sido ser inmigrante durante la pandemia? Según la Encuesta Digital Vulneraciones a Derechos Humanos de Población en Condición de Movilidad Ecuador 2020, durante los meses de confinamiento un 15% de la población venezolana se quedó sin ningún tipo de ingreso y ninguna forma de supervivencia. 

El estudio realizado por el Colectivo Geografía Crítica, la Red Clamor y la cooperación alemana GIZ analiza las variables que más preocupan a la población inmigrante: Salud, vivienda, trabajo, estatus migratorio y educación. 

Son temas que se deberían “pensar en políticas públicas donde se los incluya”, considera Manuel Bayón del Colectivo Geografía Crítica, una de las organizaciones que realizó el estudio. 

Además, según la encuesta el 82% de los inmigrantes respondió que piensa quedarse en el país a mediano y largo plazo.

Trabas para inscribir títulos profesionales

El activista Manuel Bayón, del Colectivo Geografía Crítica, explica que una de las primeras trabas o vulneraciones de los derechos es que los inmigrantes no pueden acceder a regularizar sus títulos profesionales.

La encuesta de los colectivos migrantes indica que el 82% de venezolanos no ha podido inscribir sus títulos en la Senescyt. Esta cifra alcanza casi el 90% en Quito, y un 74% en Guayaquil.

Por otra parte, el informe revela que la mitad de la población venezolana es técnico o profesional, con un ligero desbalance en las mujeres.

“Esto es importante visibilizar porque quienes vivimos en Quito, siempre sentimos que los indicadores sociales son mucho peores en Guayaquil, pero en este caso no es así” añade Bayón.

Sin un título de educación se vulneran derechos como tener un trabajo digno. El 49% de la población venezolana labora de manera informal, una cifra sin precedentes, aún en otras épocas de crisis económica.

La mayoría desempeña su trabajo en la calle y luego en un local. Apenas el 3,5% trabaja en una oficina.

La situación laboral es muy precaria, sin contrato de trabajo ni seguridad social, y muy por debajo del límite de supervivencia.

Además, los sueldos no llegan ni a la mitad del salario básico del país, USD 400, y ni alcanzan un cuarto del costo de la canasta básica que es de USD 710.

Sin afiliación o acceso a salud

Derivada de la situación de trabajo, solo el 10% de venezolanos encuestados están afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, evidenciando la precariedad laboral y de derechos.

Uno de ellos es el acceso a la salud. El activista Daniel Regalado expresa que muchos de sus compatriotas no han podido acceder al sistema de salud pública. 

“Esto ha generado muertes, complicaciones en quienes tienen enfermedades catastróficas o crónicas, y también han surgido nuevas enfermedades por la falta de atención primaria”, agrega Regalado.

Otro problema es el hacinamiento, a nivel nacional el 13% indicó que vivía en casas no adecuadas.

El hacinamiento está vinculado principalmente con la imposibilidad de poder pagar un arriendo que permita a una familia vivir con suficiente espacio. 

A esto se suma la discriminación que los impulsa a vivir en barrios peligrosos, donde impera la delincuencia o el microtráfico de drogas, y donde los inmigrantes son estigmatizados. 

Pocos cuentan con estatus de refugiado 

Para agosto de 2020, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana estimaba que en Ecuador alrededor de 417.000 personas venezolanas vivían en Ecuador.

Solo 432 o el 0,1% del total han sido reconocidos como refugiados, según un reporte de Acnur.

Alrededor de 40.000 han sido beneficiados por la visa extraordinaria de residencia temporal (VEHRU) y cerca de 155.000 han accedido a otras categorías migratorias.  

Por lo tanto un total de 221.000 personas vivirían en Ecuador en condición migratoria irregularizada.

Es decir, 5 de cada 10 personas venezolanas enfrentan mayores dificultades en Ecuador debido a esta condición.

A esto se suman las paulatinas restricciones registradas desde 2018 y "que tienen como corolario la exigencia de pasado judicial y la imposición de visa con requisitos imposibles de cumplir", dice el informe de Acnur.

Según el activista Bayón, el Estado está generando vidas irregularizadas a través de las restricciones o candados.

Candados como por ejemplo el costo de las visas, que algunos la perdieron porque no pudieron pagar el valor de los trámites de renovación.

Pese a ello, Bayón sostiene que Ecuador no tiene fronteras "asesinas, ni muros; estrechos como en España o África donde se muere la gente, y no hay centros de internamiento de extranjeros" como en Estados Unidos.