Vallas en Guayaquil dejan cuentas por cobrar de USD 8 millones

La Contraloría determinó que entre 2020 y 2022 la administración municipal de la exalcaldesa Cynthia Viteri no ejecutó control por rótulos publicitarios en Guayaquil. Tampoco se emitieron infracciones por centenas de vallas ilegales.

La falta de inspecciones, acciones de control e infracciones provocaron que de las 476 vallas publicitarias existentes en la ciudad, según censo, sólo un 5% cuenta con permiso municipal. Es decir, 24 están en la legalidad. 

Felipe Cabezas-Klaere, secretario del Concejo Municipal y delegado de la Alcaldía para regular el lío de los rótulos, indicó que el desorden de la anterior administración le deja cuentas por cobrar a la ciudad por USD 8 millones. 

Cabezas-Klaere encabeza una comisión con los directores de seis direcciones municipales que aplican recomendaciones de Contraloría en medio de un proceso de regularización de rótulos sin permiso. 

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El secretario del Concejo atendió una entrevista con PRIMICIAS, en la que habló también de la imposibilidad de desmontar, por el momento, vallas ilegales en medio de acciones de protección en contra del Municipio. 

¿Cómo es que Guayaquil llega a tener centenares de vallas ilegales?

Por decirlo menos, existió desidia por parte de la anterior administración sobre el control de los espacios públicos. La información que encontramos en el municipio es insuficiente, por eso la necesidad de hacer un nuevo censo. 

Se trata de una desidia no solamente en la emisión de permisos o en la recaudación, sino también en la facultad de control sobre el espacio público. 

¿Esa falta de control puso en riesgo a la ciudadanía?

Hemos encontrado que muchas de estas vallas no cuentan ni siquiera con una póliza de seguro, como lo dispone la normativa. Esto demuestra una negligencia de las anteriores administraciones. 

¿Siguen funcionando sin póliza de seguro en caso de accidentes?

Estamos llamando a los propietarios de las vallas para que presenten las pólizas del caso, como parte del proceso de regularización. 

Pero sin que esto constituya una aceptación por parte del municipio sobre la viabilidad de obtener a futuro el permiso. Se requieren estas pólizas por seguridad ante cualquier siniestro.

¿Se pueden llegar a determinar responsabilidades penales por este caso?

Sí, por supuesto. Aunque eso no compete al Municipio de Guayaquil. 

De ser el caso, Contraloría deberá determinar responsabilidades penales. Actualmente contamos con un informe de Contraloría que hace unas recomendaciones que han sido acatadas por esta administración municipal.

Por parte de Fiscalía se están realizando investigaciones contra la administración de la alcaldesa Cynthia Viteri, son indagaciones reservadas que siguen su curso.

El municipio está dispuesto a colaborar con las autoridades de control para que se determinen las responsabilidades y sanciones, de ser el caso. Estamos abriendo las puertas a la prensa y a las autoridades de control.

¿Cuántos rótulos se retiraron hasta el año pasado?

Hasta finales del año pasado, la anterior administración retiró 71 de estas estructuras, algunas se desmontaron de forma voluntaria. Tenemos en la ciudad 476 vallas, pero solo el 5% cuentan con permiso municipal expedido de legal y debida forma.

¿Por qué no se han seguido desinstalando las vallas?

En su momento se procederá a desinstalar las vallas que no cuenten con los permisos y cuyos propietarios no entren en el proceso de regularización. Tenemos que remediar una serie de irregularidades. 

Se presentaron acciones de protección en jurisdicciones que no corresponden y jueces de otros cantones han dado la razón a las empresas.

El Municipio ha tenido que permitir la instalación de vallas por obligación con el cumplimiento de sentencias constitucionales. 

¿Estas acciones de protección están protegiendo a empresas que incumplieron con la ley?

Es correcto, los jueces han observado el proceso que siguió el municipio para desinstalar vallas. 

Cuando la institución pública tiene la facultad sancionatoria debe regirse por un debido proceso y los jueces han observado ese proceso de desinstalación.

Y por eso ordenan su instalación y una reparación integral que puede incluir, llegado el caso, una eventual demanda de daños y perjuicios contra el Municipio. 

No obstante, la Procuraduría Síndica está volcada a defender estos procesos, demostrando que estos letreros en primera instancia jamás debieron existir.  

¿Cuántas acciones de protección se presentaron en contra del municipio?

Se presentaron siete acciones de protección de siete empresas. El Municipio de Guayaquil no defendió adecuadamente los procesos, en su momento.

Estamos ejerciendo todos los mecanismos legales para lograr dejar sin efecto sentencias adversas al Municipio por la negligencia de la anterior administración.

El Municipio no puede perder su facultad exclusiva de controlar el espacio público, por más que lo disponga un juez. Es una competencia constitucional de la que los jueces nos están privando.

¿Cuánto dinero se ha dejado de percibir?

De acuerdo a un informe de Contraloría, desde 2017 hasta agosto de 2023, el Municipio debió haber recaudado USD 16 millones, de los cuales se han recaudado USD 8 millones. 

En los ocho millones (por cobrar), una parte son objeto de convenios de pago, hasta 24 meses. Esperamos cobrarlos hasta agosto de 2024 como fecha tope.

Mientras que hay cuatro millones fuera de convenio de 24 empresas. El Municipio está iniciando los procesos de cobro vía coactiva para recuperarlos.

¿Cómo evitar que esto siga sucediendo?

Primero estamos actualizando el censo del año pasado. Hay vallas que no aparecen en el catastro, pero sabemos que están allí. 

Con una comisión municipal estamos revisando las irregularidades que se cometieron en la anterior administración y generando nueva normativa.

Además, la meta de la comisión es definir este año cuáles vallas deben ser desinstaladas y cuáles pueden regularizarse. 

¿Es decir, se van a plantear nuevas ordenanzas?

La comisión está proponiendo al señor alcalde la emisión de dos ordenanzas. Una será conocida por el Concejo la próxima semana y busca hacer más eficiente el proceso de cobro, tarifas y regalías por el uso del espacio público. 

La idea con esta primera ordenanza es mejorar la eficiencia en la recaudación de valores adeudados y debiera estar aprobada en un mes.

¿Y la segunda normativa?

Una segunda ordenanza busca establecer reglas claras de juego sobre los procedimientos para obtener permisos. 

Esta nueva normativa busca regular vallas y rótulos, derogar la ordenanza anterior -que era ciertamente confusa-, y será conocida por el Concejo a finales de septiembre.