El plan para regular buses en Quito está listo... en papeles

La Secretaría de Movilidad apuesta a una herramienta simple para mejorar la calidad del transporte en Quito: la firma de un contrato de operación con cada una de las 88 cooperativas de buses que trabajan en la ciudad.

Lo que a simple vista parece un formalismo, para Guillermo Abad, secretario de Movilidad es una herramienta de mejora. Pues, dice, para firmar ese contrato las empresas de transporte deberán cumplir con 46 indicadores de calidad, que se distribuirán en cinco parámetros generales:

• Confiabilidad
• Seguridad
• Comodidad
• Accesibilidad
• Productividad y eficiencia

El cumplimiento o no de esos indicadores determinará la tarifa que cada operadora podrá cobrar a sus pasajeros.

Abad dice que "si una operadora cumple con el 50% de los indicadores, la tarifa no podrá ser de USD 0,35, sino que se la calculará de acuerdo a una fórmula matemática".

Frente a una posible negativa de los operadores de buses a firmar el contrato, el funcionario municipal dice "la firma se hará sí o sí. Si no es con los actuales operadores, serán con otros".

"También existe la posibilidad de que la Empresa Metropolitana de Pasajeros opere las rutas. No hay que olvidar que estas frecuencias pertenecen al Estado", destaca.

Los parámetros en referencia están estipulados en el proyecto de ordenanza para la Estructura y Política Tarifaria para el Sistema Integrado de Transporte Público de Pasajeros de Quito, que llegó a la comisión de Movilidad el miércoles 26 de noviembre de 2019. La elaboración de ese proyecto demandó un trabajo de cuatro años.

En el texto se establece un plazo de 90 días a partir de la aprobación de la ordenanza, para que los propietarios de buses cumplan con los 46 indicadores.

A pesar que el proyecto se encuentra en la comisión de Movilidad, el Concejo Metropolitano no ha establecido un plazo para aprobar el proyecto.

Ney Jiménez, representante de los transportistas, dice que el gremio está de acuerdo con los parámetros de calidad que deben cumplir los propietarios de las unidades para firmar el contrato.

Sin embargo, cree que "antes de exigir, las autoridades deben establecer nuevos parámetros legales para impulsar este cumplimiento".

"Todos sabemos que los buses contaminan, pero no existe normativa legal que exija que en el país se venda combustibles de mejor calidad. Además, la ley actual permite que circulen buses de 22 años de antigüedad, cuando máximo deberían ser 12", agrega Jiménez.

El dirigente dice que si la normativa legal no cambia es "difícil que se pueda mejorar el servicio".

Caja común

Otra de los aspectos contemplados en la firma del contrato con las operadoras es la caja común. Este sistema de recaudación plantea reunir los ingresos de todos los buses que circulan en la ciudad y repartirlos en partes iguales, sin importar si llevaron más o menos pasajeros.

Esto tiene como objetivo evitar disputas y competencias por pasajeros.

Abad dice que que "para alcanzar este sistema es necesario que las cooperativas cuenten con un gerente y personería jurídica, como empresas. Es por eso que el contrato de operación obliga a que los dueños de los buses deleguen la administración de sus buses".

El siguiente paso -agrega Abad- es que en el plazo de dos años, todas las unidades pertenezcan a las cooperativas y que sus representantes legales establezcan una relación de dependencia con los choferes y ayudantes.

Esto significa que los choferes y ayudantes deberán ser afilados a la seguridad social, contar con un contrato de trabajo, entre otros beneficios que establece la ley.

Ney Jiménez, representante de los transportistas, dice que algunas operadoras ya cuentan con una organización empresarial porque "no se trata de comerciantes informales".

Él insiste en que se espera que el Municipio genere las condiciones jurídicas necesarias para que las cooperativas que no cuentan con un esquema empresarial lo implementen.