Solución Vial Guayasamín, una obra que afronta dudas y resistencia
La administración del exalcalde Jorge Yunda firmó un apéndice del contrato con la empresa china CRBC para que empiece la construcción de la Solución Vial Guayasamín, cuyo costo es USD 130 millones.
Autos circulan por el Túnel Guayasamín, en el norte de Quito, el 4 de noviembre de 2021.
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La noche del 25 de agosto de 2021, un mes antes de que Jorge Yunda deje la Alcaldía de Quito por orden de la Corte Constitucional, el directorio de la Empresa de Obras Públicas (Epmmop) aprobó una adenda al contrato con la empresa China Road and Bridge Corporation (CRBC).
Este contrato se mantiene desde 2016 con la finalidad de construir la Solución Vial Guayasamín, un proyecto que busca unir Quito con los valles de Tumbaco y Cumbayá. Pero esta obra ya tuvo sus observaciones de la Contraloría General del Estado, que incluso ordenó su paralización.
Con la aprobación de este adenda o apéndice del contrato, se dispone que la empresa china empiece la construcción del proyecto, cuyo costo es USD 130 millones.
Además, el concejal Omar Cevallos, miembro del directorio de la Epmmop, explica que este documento fue aprobado con tres de los cinco votos del Directorio de entonces: el de Yunda; el del exsecretario de Planificación, Sergio Tamayo; y del exsecretario de Movilidad, Guillermo Abad.
Mientras que Cevallos y el concejal René Bedón se abstuvieron de aprobar el documento. "En ese momento no teníamos la información de lo que se trataba la adenda", dice el concejal.
Un contrato incumplido
Tras conocer los detalles del documento, el concejal Bedón explica que el objetivo de la Epmmop fue impulsar la terminación del arbitraje internacional que el Municipio mantiene con CRBC. Este arbitraje se tramita en los tribunales de Bogotá para evitar el pago de multas económicas.
Todo ocurre porque ambas partes interpusieron demandas en 2018, pues consideran que el proyecto no ha iniciado por incumplimientos, tanto de la Epmmop como de CRBC.
"La adenda, sin embargo, no ha entrado en vigencia porque la Procuraduría (representante legal del municipio) no ha aprobado el acuerdo transaccional que se requiere", dice Bedón.
Aunque reconoce que esa aprobación estará lista en los próximos días, con lo que la empresa china tendría el aval jurídico para empezar la construcción de la obra.
Costo real es incierto
Pero antes de que inicie la construcción de la solución vial, hay dudas sobre el proyecto. El concejal Omar Cevallos dice que, por ejemplo, aún no se conoce el trazado vial por donde pasará la Solución Vial Guayasamín.
"Esto debe ser aprobado necesariamente por el Concejo Metropolitano porque es una competencia establecida en el Código de Ordenamiento Territorial", señala.
A esto se suma el costo del peaje, cuyo valor no se ha establecido, ni la metodología que se aplicará para su posible incremento.
También Cevallos dice que falta solucionar dos temas: los volúmenes de obra y la corrida financiera.
El primero tiene que ver con la cantidad y tipos de materiales necesarios para la construcción de la obra.
Mientras que la corrida financiera busca saber con exactitud el costo del proyecto y las fuentes de financiamiento.
"Todavía se desconoce la inversión que debe hacer el Municipio porque el contrato inicial dice que debe aportar con alrededor de USD 13,5 millones".
Omar Cevallos, concejal de Quito.
Por su parte, el gerente de la empresa chinca CRBC, Martín Chang, dijo a PRIMICIAS que, por ejemplo, los dos pasos elevados que se iban a construir en la Plaza Argentina serán reemplazados por pasos deprimidos para no perjudicar a los moradores del sector.
Familias no quieren dejar casas
Una de las pocas certezas del proyecto Solución Vial Guayasamín es que necesariamente tiene que atravesar el barrio Bolaños, ubicado junto a la vía Interocéanica, para cumplir su propósito de unir a Quito y los valles de Tumbaco y Cumbayá.
El problema surge porque 64 familias deban ser reubicadas, lo que se convierte en un verdadero drama social, según el concejal René Bedón.
Los habitantes del barrio Bolaños aseguran que ni el municipio ni la empresa CRBC les han planteado soluciones y, por el contrario, no saben qué pasará con sus casas.
Ángela Maleza, habitante del sector, está dispuesta a conversar con las autoridades municipales. Pero, señala que antes de dejar su casa debe recibir un pago justo, pues ha vivido allí por más de 30 años.
Mientras que Martha Guamanzara, otra moradora, cree que la reubicación debe ser en un barrio cercano. "No pueden enviarnos a la Mitad del Mundo o al sur de la ciudad".
En tanto que el gerente de CRBC, Martín Chang, sostiene que una de las opciones que es las familias se trasladen a un terreno ubicado en la avenida Simón Bolívar, en el sector de la Casa de la Selección.
Para Bedón no es una situación sencilla. "En el barrio Bolaños hay 64 familias que viven en 16 casas. Algunas no son propietarias de un inmueble sino que se posesionaron en ese lugar".
Por ello, el funcionario propone mesas técnicas entre el Municipio y la Epmmop para buscar soluciones a todos los problemas.
Las dos partes tiene prevista una reunión en la semana del 8 al 12 de noviembre para resolver los inconvenientes sobre el proyecto.
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