Socio Vivienda 2 se queda sin vigilancia y regresa la zozobra
Militares y policías recogieron sus cosas de Socio Vivienda 2 porque finalizó el estado de excepción. No explicaron los resultados de la intervención que hicieron hace un mes, mientras los moradores dicen que están desprotegidos.
El sector de Socio Vivienda 2 fue intervenido por militares y policías. Guayaquil, octubre de 2022.
Carolina Mella
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“Nos levantamos con la sorpresa de que los militares y los policías se habían ido de Socio Vivienda 2”, cuenta Lucía (nombre protegido), quien habita en el sector que hace un mes fue intervenido por las constantes balaceras y homicidios que sucedían en el lugar.
Socio Vivienda 2 es uno de los sectores más peligrosos de Guayaquil, y hace un mes fue intervenido por cerca de 200 militares y policías como parte del estado de excepción que terminó a la medianoche de este 12 de octubre.
La medida que no será renovada, confirmó el ministro del Interior, Juan Zapata.
Sin marco legal que les permita quedarse, los militares recogieron el campamento que habían instalado a la entrada del complejo habitacional, cerca de las escuelas que permanecen cerradas por falta de garantías para la vida de los niños y docentes.
“No nos hemos desmovilizado, nos mantenemos en Guayas, pero estamos esperando disposiciones”, dice Héctor Paredes, de la Fuerza Tarea Guayas de las Fuerzas Armadas.
El Comando Conjunto decidirá en las próximas horas qué tipo de medidas se tomarán para mantener la presencia militar en ese barrio.
Esta fue la quinta intervención en un año en el sector. En esta ocasión, policías y el Municipio de Guayaquil borraron grafitis en las paredes que aludían a las bandas delictivas que operan en ese territorio.
También retiraron los portones que los moradores habían instalado en las peatonales, para impedir el paso de los delincuentes que circulaban con armas.
“Lo advertimos cuando quitaron los portones, porque dijeron que obstruyen el trabajo de la Policía, pero sabíamos que cuando ellos se fueran, volveríamos a estar desprotegidos”, cuenta Virginia (nombre protegido).
“Solo los que vivíamos en cada ciudadela teníamos llaves de las puertas para entrar y los delincuentes no podían saltar porque tenían alambres de púas, ahora hay que encomendarnos a Dios, porque con el Gobierno no va a pasar nada”, asegura Virginia.
El día en que quitaron los portones, algunos moradores lograron recuperarlos y los guardaron en los patios o sobre los techos.
Están ahí hasta cuando “la guerra empiece de nuevo e instalarlos, pero con temor a que vuelvan a sacarlos”, advierte Lucía.
Mientras tanto, los moradores se encierran en sus casas.
“Tratamos de comprar lo que necesitamos, comida y medicina para evitar salir. Ya no nos reunimos como antes, debemos estar en casa y aguantar calor”, dice Virginia.
La intervención contuvo en algo las muertes violentas, que solo en ese sector superan las 50.
El 30 de septiembre, con militares y policías, ocurrió una balacera en la que asesinaron a tres personas, entre ellos a Roger Llerena, alias ‘Morsa’, uno de los cabecillas de las bandas que se dedican a la extorsión, asesinato y robo en Socio Vivienda.
Los habitantes temen que ese crimen traiga consecuencias fatales.
Para muchos, el atentado contra la Unidad de Policía Comunitaria de Socio Vivienda 1, en el que la policía Verónica Songor resultó gravemente herida, es consecuencia del asesinato de ‘Morsa’.
“La intervención fue un chiste, pedíamos que ingresaran casa por casa, pero ellos pasaban por afuera, mientras adentro estaba toda la suciedad. La policía solo se llevó a los consumidores y al día siguiente ya estaban libres”, asegura Lucía.
PRIMICIAS preguntó al jefe de la Policía del Distrito Nueva Prosperina cuál es la estrategia para mantener la seguridad en Socio Vivienda 2.
El oficial respondió que esas disposiciones las da el Comando de la Zona 8, que tampoco atendió la consulta porque estaban reunidos preparando la ceremonia de graduación de policías que será el viernes 14 de octubre.
Según los habitantes del sector, tampoco fue una intervención integral para atender necesidades sociales como salud y educación.
"Ni siquiera entran a hacer el censo para las mujeres embarazadas y los niños para que puedan recibir el bono, ninguna institución entra aquí, estamos abandonados”, añade Lucía.
El Municipio de Guayaquil, por su parte, informó que ya cumplió con sus competencias.
"Removimos escombros, una serie de estructuras que no estaban legalmente instaladas y se limpiaron terrenos. A eso se reduce nuestra participación, porque ese es el ámbito en el que podemos participar”, dijo Gustavo Zúñiga, director de Aseo Urbano.
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