Secuestro y asesinato de periodistas sigue en la impunidad

El 26 de marzo de 2018, un equipo de periodistas ecuatorianos de Diario El Comercio recorría la zona de la frontera con Colombia.

En la carretera cercana a la población de Mataje, a bordo de la camioneta que conducía Efraín Segarra, los tres integrantes del equipo habría sido interceptados por miembros del Frente Oliver Sinisterra, disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Ese grupo criminal secuestró al reportero Javier Ortega, al fotoperiodista Paúl Rivas y a Segarra. El 13 de abril se confirmó que los tres fueron asesinados en cautiverio.

Cinco años después de ese crimen, no se conocen los detalles de cómo ocurrió realmente el secuestro ni las circunstancias de las negociaciones para la fallida liberación y los homicidios. En Ecuador, el caso sigue impune. Mientas que en Colombia ya hay dos sentenciados.

Justamente, una de las varias preguntas que las familias de ese equipo informativo tienen es dónde realmente ocurrió el secuestro. Inicialmente, se intentó -por parte del Gobierno de turno- instaurar la tesis de que pasó en Mataje.

Sin embargo, Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo Paúl Rivas, dice que Wilson Toainga, quien asumió la investigación fiscal en un primer momento, declaró que los tres fueron plagiados en la carretera ecuatoriana. Por eso, no se sabe quién llevó la camioneta desde ese punto hasta Mataje.

Incluso, relata Rivas, en el vehículo se encontraron unas huellas dactilares. Pero no se han podido cotejar ya que no están registradas en la base de datos de Criminalística. Mientras que, para cotejar con los archivos del Registro Civil, se debería tener la presunción de la identidad, algo que la Fiscalía aún no ha podido determinar.

Rivas califica esto como una falta de decisión de la Fiscalía para investigar el caso. Reclama que, tras cinco años, el Ministerio Público no tiene una teoría del caso, por lo que no ha formulado cargos y el proceso sigue bajo reserva.

Por esta razón, desde hace un año y medio, los familiares y amigos de las víctimas -agrupados en el colectivo Nos Faltan 3, decidieron dejar de solicitar diligencias a la Fiscalía y dejar que actúe por sí misma. Desde esa fecha, el caso está parado.

Además, el 3 de septiembre de 2021, el presidente Guillermo Lasso ofreció públicamente desclasificar toda la información reservada referente a este crimen. Esa oferta tampoco se ha concretado y es otro de los limitantes para que la investigación avance.

1.145 agresiones a periodistas en cinco años

Según las cifras que maneja Fundamedios, organización que se dedica a defender la libertad de expresión, entre 2018 y 2022 se dieron en Ecuador 1.145 agresiones contra la prensa. Entres ésta se incluye el secuestro y asesinato de Ortega, Rivas y Segarra.

En este período, el año más violento fue 2022. Según la ONG, en ese año se registraron 356 agresiones contra periodistas, ciudadanos y medios de comunicación que vulneraron los derechos de libre expresión, prensa y acceso a la información.

Y el inicio de 2023 no es alentador. El 20 de marzo de 2023, cinco paquetes que contenían explosivos fueron entregados a periodistas y medios de comunicación. Solo uno detonó y causó heridas leves en un periodista de la cadena Ecuavisa.

Los paquetes salieron de Quinsaloma, en Los Ríos. Juan Zapata, ministro del Interior, confirmó a PRIMICIAS que se identificó a la persona que los entregó en la empresa de paquetería. Si bien aún no ha sido detenido, la Policía lo está perfilando para conocer si tiene vinculaciones con organizaciones criminales.

Una polémica guía

La misma semana de los cinco atentados con explosivos, y a días del quinto aniversario del caso de El Comercio, se hizo pública una Guía sobre el trabajo de la prensa aprobada por la Fiscalía.

El documento generó malestar por el apartado acerca de las recomendaciones para la cobertura de casos judiciales.

La Fiscalía recordó en su guía que, según el COIP, las investigaciones previas son reservadas. También lo son las diligencias, experticias y partes policiales, por lo que no deben ser difundidos.

En este contexto, la entidad detalló que los periodistas deben evitar compartir esa información; caso contrario, se exponen a una pena de cárcel de uno a tres años. Gremios periodísticos como Fundamedios lo calificaron como una amenaza a la libertad de expresión.

Sin embargo, a través de Twitter, la Fiscalía emitió un comunicado para aclarar que la Guía no regula ni limita el ejercicio del periodismo, sino que recopila la normativa vigente. También dijo que establece un mecanismo interno de seguimiento y recomienda acciones para el trabajo de los periodistas.