El sector público compró pruebas de coronavirus hasta por USD 85

La emergencia sanitaria por el coronavirus ha convertido a las compras públicas en una avalancha. Las instituciones, sin mucho orden, buscaron destinar sus recursos a enfrentar la epidemia a través de contrataciones de emergencia.

Y las pruebas de detección de coronavirus están entre los bienes más adquiridos.

El paso de los días desde el inicio de la emergencia hizo que estas pruebas -que al inicio tan escasas- se masifiquen, por lo que fue más fácil adquirirlas. Por eso, las instituciones públicas se agolparon a comprar tests para rastrear el virus.

Las compras se enfocan tanto en pruebas rápidas como PCR. Pero la variación de precios es abismal. Como reveló PRIMICIAS, las instituciones públicas han pagado entre USD 15 y USD 30 por cada test rápido de covid-19.

Con las pruebas PCR pasa exactamente lo mismo. Una revisión del portal de Compras Públicas evidencia que las entidades del sector público han pagado entre USD 18 y USD 85 por este tipo de tests.

Pruebas PCR: un proceso más complejo

La logística que implica procesar una prueba PCR es muy distinta a la de las rápidas. Estos tests se procesan en un laboratorio, con reactivos, mientras que los rápidos funcionan como las pruebas de embarazo.

Este video explica el proceso de las pruebas PCR, que comienza con la toma de la muestra en la nariz o garganta del paciente.

Entonces, cuando las instituciones públicas adquieren pruebas PCR, pueden estar contratando el servicio (toma de muestras, procesamiento y entrega de resultados) o el bien (reactivos para procesar las pruebas).

¿Contratos por bienes o servicios?

En el portal de Compras Públicas hay 13 procesos de adquisición de pruebas PCR. La mayoría de ellos corresponde a gobiernos seccionales, que adquieren los tests para aplicarlos en su población.

En estos contratos se evidencia una amplia diferencia en el precio unitario de las pruebas. El Ministerio de Salud, la primera institución en comprar este tipo de exámenes, las adquirió en USD 18 cada una.

Mientras que los municipios de Cuyabeno, Pimampiro y Cayambe, las compraron en USD 80.

Una parte de la diferencia tan amplia está justamente en que hay instituciones que adquirieron el bien, y otras que adquirieron el servicio.

El Ministerio de Salud, por ejemplo, compró solamente los kits de pruebas, para procesarlas en sus laboratorios. Mientras que la Prefectura de Loja contrató el servicio de toma de muestras y su procesamiento.

¿Hay sobreprecios?

La falta de información en los procesos de contratación por emergencia no permite diferenciar si las instituciones están comprando las pruebas o el servicio para su procesamiento.

Por ejemplo, el contrato del Municipio de Quito para la "adquisición de reactivos para determinación de covid-19" no incluye el servicio de procesamiento y se pagó, según el alcalde Jorge Yunda, USD 25 por prueba. Por las irregularidades en esta contratación, el secretario de Salud, Lenin Mantilla, fue separado de su cargo.

Pero la Prefectura del Azuay pagó más por lo mismo. Esa entidad contrató la "provisión de pruebas PCR en tiempo real para la detección de covid-19" y pagó USD 45 por cada test. Esas pruebas serían procesadas en los laboratorios de la provincia. Luego, en otro proceso, pagó USD 6,75 por el kit de extracción de muestras.

El contrato de la Prefectura de Loja, en cambio, sí especifica que los USD 80 por prueba son solo para el procesamiento, pues las muestras se tomarán en los hospitales de la provincia.

El Municipio de Cayambe también contrató el servicio de procesamiento de las pruebas, a USD 80 cada una, con muestras entregadas por la dirección distrital.

Pero el Ejército Ecuatoriano consiguió lo mismo, más barato, y a escala nacional. Esa entidad adquirió la toma y procesamiento de las pruebas PCR a USD 70 cada una, para el personal que está en operaciones en todo el país.

Sin detalles de las pruebas

La Agencia de Regulación y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) publica la lista de laboratorios autorizados para procesar pruebas PCR, y de los importadores autorizados para traer al país los reactivos para este tipo de tests.

Los contratos de las instituciones públicas no brindan detalles exactos sobre las pruebas contratadas y de dónde fueron importadas.