Despojo y usurpación de tierras alcanzan las 25.000 hectáreas en Santa Elena y Guayas
El Ministerio de Agricultura y Ganadería registró alrededor de 150.000 hectáreas inmersas en conflictos territoriales. Un informe del Comité Permanente de Derechos Humanos (CDH) señala a grupos económicos, como el consorcio Nobis, Vimare o Marfragata.
Una vista de la comuna Puerto Engabao, en Playas (Guayas), donde comuneros enfrentan una larga disputa de tierras con la empresa Vimare, de la familia del presidente de la República, Daniel Noboa.
Prefectura del Guayas
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Una investigación del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) revela que más de 25.000 hectáreas de tierras comunales en Santa Elena y Guayas han sido objeto de invasiones, ventas ilegales y conflictos relacionados a la usurpación.
Es más, el Ministerio de Agricultura registra alrededor de 150.000 hectáreas inmersas en este tipo de conflictos territoriales, agrega el estudio, lo que reafirma la dimensión del problema.
En las disputas históricas por la tierra, el informe de CDH señala a grupos económicos como el consorcio Nobis, Vimare o Marfragata, entre los grandes emporios. Nobis desmiente la acusación, mientras los casos de las otras empresas llegaron a la Corte Constitucional.
Las dos primeras empresas están relacionadas con familiares del presidente de la República, Daniel Noboa Azín. Y las disputas legales en el caso Vimare, por ejemplo, involucran al hermano y la prima del actual primer mandatario.
El 11 de mayo de 2024, otra empresa relacionada al círculo del presidente -esta vez con la primera dama Lavinia Valbonesi- decidió suspender la construcción de un proyecto inmobiliario en la parroquia Olón (Santa Elena), tras una polémica de tipo ambiental.
La empresa Vinazin S. A. suspendió el proyecto de infraestructura urbana Echo Olón 1, que causó oposición entre los comuneros por los impactos al bosque protector Esterillo Oloncito.
De acuerdo con la alcaldesa de Santa Elena, María del Carmen Aquino, la compañía adquirió los terrenos en 1980. Pero el Municipio nunca otorgó el permiso de construcción, ni el aval para el cerramiento del terreno, requisito previo para el inicio de los trabajos.
Disputas legales se extienden por décadas
A pesar de que está vigente la prohibición de venta de tierras comunales, miles de hectáreas están en riesgo de ser privatizadas y vendidas pese a ser consideradas de carácter ancestral, advierte Valeska Chiriboga, autora de la investigación de la CDH.
El informe, publicado en 2021 y elaborado con el apoyo de la fundación alemana Rosa Luxemburgo Stiftung, señala una serie de vulneraciones a derechos civiles, políticos y culturales de las comunas ancestrales.
El problema parte de la idea de lo que implica pertenecer a una etnia (o contar con una herencia) indígena, apunta Chiriboga. “En el caso de que los habitantes de las comunas no correspondan con esta idea, son llevados a juicio para negarles su derecho a las tierras”.
Los conflictos incluyen largas disputas legales por la ocupación de terrenos para construcciones de empresas, edificios turísticos, desarrollos inmobiliarios u oficinas a costa de procesos viciados en su mayoría de ilegalidad.
Además, se viola el derecho constitucional de las comunas a la conservación de su tierras y territorios ancestrales como una “propiedad inembargable, indivisible e inalienable”. Es más, los procesos se extienden por décadas, lo que “desincentiva la lucha comunal”.
El informe del Comité apunta entre los casos emblemáticos el de los conflictos entre la comuna ancestral de Engabao y la empresa Viviendas Masivas Ecuatorianas Vimare S.A. en Playas, fundada por empresario Álvaro Noboa Pontón, padre del primer mandatario.
El magnate bananero ha sostenido a través de los años que los predios le pertenecen por casi cuatro décadas. Actualmente el accionista mayoritario de Vimare es Santiago David Noboa Azín, hermano del presidente de la República.
Padre, hermano y prima del presidente
Los conflictos entre la comuna Engabao y Vimare, de los Noboa, datan de los años 80. Pero se agravaron en 1992, luego de que los comuneros denunciaron secuestros, maltratos y amenazas de muerte ante el reclamo por la presunta usurpación de tierras ancestrales.
Vimare reclama desde entonces la propiedad de las Haciendas Merceditas 1 y 2, de una superficie de 174 hectáreas, ubicadas en Engabao y Puerto Engabao (en General Villamil Playas, Guayas).
En noviembre de 2016, el caso llegó a la Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, que aceptó un recurso de apelación interpuesto por la comuna Engabao.
También dispuso al Registrador de la Propiedad de Playas que se “abstenga de inscribir cualquier tipo de gravamen o título de propiedad de persona alguna dentro de las 7.427 hectáreas correspondientes al predio de propiedad de la comuna”.
Pero el pasado 20 de diciembre de 2023 -un mes después de que Daniel Noboa se posesionara como presidente- la Corte Constitucional aceptó una acción extraordinaria contra la Sala de la Corte de Guayas y declaró la improcedencia de lo actuado siete años atrás.
La Corte Constitucional encontró una “vulneración del derecho a la seguridad jurídica". Y dispuso al Registro de la Propiedad que deje sin efecto la anulación de los títulos de propiedad de las empresas.
En el mismo caso, Carla Noboa Pontón -la prima del presidente de la República- reclamó la propiedad de siete lotes en Engabao. Se trataría de terrenos adjudicados por el Servicio de Rentas Internas mediante coactiva en noviembre de 2013, según argumentó en el proceso.
A la acción extraordinaria de protección de la lotización Cielo y Mar de Playas se unieron también las compañías Gersociatel, Campibo, Sellire, Dacour y la Cooperativa de Vivienda Julio Vinueza, que reclaman cada una entre 1,23 y 336 hectáreas de predios.
Marfragata y la comuna Valdivia
El caso de disputa legal entre la compañía Marfragata y la comuna Valdivia (Santa Elena) data de 1997. La compañía reivindica supuestos derechos de propiedad sobre un predio rústico de 267 hectáreas en el recinto Valdivia.
Marfragata pertenece, por su parte, a los hermanos Antonio y Carlos Luis Gómez Aguirre. En mayo de 2018, una jueza de la Unidad Judicial Multicompetente de Manglaralto reconoció la titularidad del bien en favor de la firma.
Pero en octubre de 2022, la Corte Constitucional aceptó de forma parcial una acción extraordinaria de protección de los comuneros y dejó sin efecto lo actuado. Además, ordenó que la Corte de Santa Elena conozca el recurso de apelación y nulidad de la comuna.
El abogado Paúl Desamblac, quien ha defendido casos de "tierras asediadas por empresas", explicó que el proyecto de riego Chongón-San Vicente, inaugurado en 2014, reverdeció miles de hectáreas de tierras áridas en Santa Elena.
Como consecuencia de un mayor apetito por las tierras se agravó el abuso sobre las comunas, “en ocasiones en complicidad con dirigentes”, según el abogado.
La provincia de Santa Elena la integran 68 comunas, según ley de 1937. Y la Constitución de 2008 reconoció y garantizó los derechos sobre las tierras comunitarias.
Pero la “corrupción a todo nivel” ha encontrado la forma de burlar los mecanismos legales que prohíben la venta y traspaso de predios, dice el abogado, actual parlamentario andino.
“Las escrituras anteriores a 2008 tienen prevalencia sobre el derecho comunal. Y lo que hemos visto es cómo en las notarías se forjan y superponen escrituras anteriores a ese año, con cinco y seis escrituras sobre un mismo predio”, agregó Desamblac.
Nobis dice contar con tierras legales en Playas
La CDH también señala supuestas disputas territoriales con el consorcio Nobis, de Isabel Noboa, tía del mandatario, en el desarrollo de proyectos inmobiliarios.
PRIMICIAS solicitó un comentario sobre la acusación. "Desmentimos y rechazamos la mención de nuestra empresa en asuntos completamente ajenos a sus quehaceres empresariales", contestaron desde el consorcio.
El grupo tiene una propiedad en el cantón Playas, adquirida a una empresa privada que a su vez lo adquirió del propio Estado ecuatoriano en el año 1974, refiere Nobis. "Siendo que el dueño de la propiedad era el Estado ecuatoriano, es evidente la incorrección de la imputación".
El consorcio Nobis dice además contar con la firma una escritura de la comuna de Engabao "reconociendo la legitimidad de nuestro título de propiedad". Además, la firma reitera el respeto y compromiso con los derechos colectivos de las comunas de la Costa.
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