Quito instaló 119 cámaras de reconocimiento facial inservibles

Se trata de equipos caros que acabaron siendo utilizados como cualquier otra cámara de video. Cada cámara de monitoreo facial le costó al Municipio USD 2.500.

Aunque tienen la capacidad tecnológica para registrar y distinguir rostros en detalle, la Alcaldía no concretó ningún convenio para que la información enviada por estas sofisticadas cámaras pudiera contrastada con las bases de datos de la Policía, el Registro Civil y otras entidades.

Sin esa posibilidad, se convierten en cámaras de vigilancia comunes y corrientes, que cuestan alrededor de USD 800, según distribuidores de equipos consultados por este medio.

En la administración del alcalde Jorge Yunda la empresa municipal EC Emseguridad realizó dos compras de cámaras de reconocimiento facial, que suman cerca de USD 2 millones.

La contratación se hizo con las compañías Andean Trade y el Consorcio de Reconocimiento Facial Quito (firmas Fulltec y Megasupply) y está siendo investigada por la Fiscalía en el contexto de la supuesta participación dolosa de Sebastián Yunda, hijo del Alcalde, y de otras personas y funcionarios municipales.

Otra vez Yunda 'bebé'

Antes, durante y después de los procesos contractuales, Sebastián Yunda habría accedido a información privilegiada y sostuvo reuniones con representantes de, al menos, una empresa contratista para beneficiarse económicamente.

Con este esquema habría direccionado junto con su tío César, también conocido como 'Cesarín', las compras de equipos de la marca china Hikvision. Cosa que se evidencia en los chats descubiertos en el celular de Sebastián Yunda, teléfono que ahora está bajo custodia de la Fiscalía.

Hikvisión es una empresa cuyos productos no se pueden instalar en Estados Unidos por sospechas de posible espionaje cibernético y que en Bogotá sus cámaras fueron retiradas del sistema de transporte masivo Transmilenio porque no funcionaron.

La cara es lo de menos

Adrián Haro, gerente de Emseguridad, la empresa municipal de logística para la seguridad en Quito, admitió que las cámaras de reconocimiento facial no se usan para identificar rostros de sospechosos de delitos, pues esa no es competencia de la Alcaldía sino de la Policía.

"Nuestras competencias están en el eje de prevención, no podemos ir más allá. Las cámaras tienen, sobre todo, un efecto disuasivo", dijo el gerente de Emseguridad.

En entrevista con PRIMICIAS, Haro reconoció que aún no cuentan un informe de resultados que permita establecer la incidencia de los dispositivos en la reducción o la prevención de delitos en la ciudad.

"Probablemente en los sitios donde están las cámaras haya menos delitos", comentó el funcionario, que acaba de pedir una evaluación a la Secretaría de Seguridad, tras dos años de operación de estos equipos.

Un Dios sin ojos

El primer proceso de compra de 78 cámaras de reconocimiento facial, como parte del Plan Ojos de Dios, empezó en agosto de 2019, por un pedido del entonces secretario de Seguridad, Euclides Mantilla.

Al justificar la necesidad de la adquisición, en la etapa precontractual, Mantilla indicó que la operación de las cámaras debía ser coordinada con otras instituciones, como la Policía y el ECU-911.

Las cámaras "nos darán alertas sobre personas altamente sospechosas o que estén registradas en bases de datos con antecedentes penales u órdenes judiciales", indica el informe de motivación revisado por PRIMICIAS.

Según el mismo documento, "además de buscar prevenir delitos y reducirlos, otro de los objetivos es detectar y detener prófugos de la justicia. A la hora de apostar por este tipo de estrategias se debería contar con una base de datos como de la Policía Judicial".

Pero este reporte no se tomó en cuenta y Emseguridad ha seguido comprando cámaras de reconocimiento facial con un denominador común: todas son Hikvision, con cuyos representantes Yunda hijo y su tío 'Cesarín' mantuvieron contactos y reuniones constantes, tras la llegada de Jorge Yunda, a la Alcaldía.  

¿Cuál reconocimiento?

El concejal Bernardo Abad dice que en el país no funciona ningún sistema de cámaras de reconocimiento facial en entidades públicas, ya que el ECU-911 no cuenta con el software ni con los equipos para implementarlo.

"Para ser efectivo, según me confirmó el director del ECU-911, Juan Zapata, requeriría estar enlazado a un archivo de fichas de personas con antecedentes delictivos de la Policía Judicial, que no puede compartir esa información con ningún Municipio, porque es reservada", agrega Abad.

El Concejal preside la Comisión de Seguridad, que se reunió el miércoles 21 de abril para tratar las contrataciones en Emseguridad.

A la Comisión acudió Haro, quien no pudo justificar por qué compraron equipos de reconocimiento facial, que no se han usado con ese propósito.

En la misma reunión también participó el secretario de Seguridad del Municipio, César Díaz, quien confirmó que ni una sola cámara ha realizado identificaciones faciales, porque se compraron sin que existiera un modelo de gestión que definiera claramente sus alcances, sus objetivos y su utilidad.

Software ocioso

Las cámaras de reconocimiento facial se usan para hacer un monitoreo normal en el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano, que cuenta con equipos de almacenamiento y servidores con software de reconocimiento facial Hikvision instalados en ocho computadores.

Las cámaras también están interconectadas con el ECU-911.

A este cuartel de los agentes también llega la información que generan las 120 cámaras corporales (body cams) también de marca Hikvision, compradas a Instalred, por un total de USD 180.000.

Aunque fueron adquiridos en abril del 2020, esos dispositivos se entregaron ocho meses después a los agentes metropolitanos, recién en enero de 2021.

La autorización para la contratación fue solicitada por el Director de Tecnologías de la Información, que también realizó el mismo procedimiento para las dos compras anteriores de cámaras de reconocimiento facial. 

Además de los costos de los equipos, los dos primeros contratos también incluyen la compra de servidores específicos para reconocimiento facial.

Pese a que en el arranque del proyecto ese equipo informático costó USD 176.000, en la segunda fase se adquirieron dos servidores más con las mismas características y funciones por un total de USD 325.000, para almacenar las grabaciones de las nuevas cámaras.

Pero hay más gastos: cada año el Municipio paga a los proveedores USD 330.000 para el mantenimiento de los aditamentos.

Los gastos se pagan con recursos de la Tasa de Seguridad, que se financia con impuestos que pagan los habitantes de la capital.

Por año este impuesto llega a USD 7 millones, de los cuales cerca del 40% sirve para pagos administrativos y de personal. 

Nada para la Policía

El general Alain Luna, comandante de Policía del Distrito Metropolitano de Quito, dice que en la tasa no hay ningún rubro para apoyar a la Policía y que debería impulsarse una reforma, que fije una asignación proporcional a la atención de emergencias de inseguridad en Quito, que son cubiertas en un 80% por la Policía.

Luna explica que los sistemas de reconocimiento facial deberían ser compatibles con los que maneja Criminalística de la Policía, tener el mismo software, si quieren que funcionen.

"Sin embargo, no ha existido ninguna coordinación con personeros del Municipio para cotejar esa información con nuestras bases de datos, que tienen información sensible", agrega. 

El Secretario de Seguridad informó que está en marcha un nuevo proceso para adquirir más cámaras.

Promete que esta vez no cometerán el error de adquirirlas con reconocimiento facial sino con analítica de video, siguiendo un modelo de gestión, para lo cual se han reunido con autoridades de la Policía. 

Dos empresas, una dirección

Curiosamente las empresas ganadoras de la primera y segunda etapa para la compra de cámaras, Andean Trade y Megasupply (parte del consorcio Reconocimiento Facial Quito), registran la misma dirección domiciliaria en el norte de Quito.

Lo denunció el vicealcalde, Santiago Guarderas, quien sospecha que se trata de empresas constituidas por los accionistas relacionados entre sí.

Andean Trade ha sido sancionada en dos ocasiones desde 2019 por el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

Chica mala

El 27 de noviembre de 2019, dos meses después de ganar el contrato con Emseguridad, la empresa Andean Trade fue sancionada por el Sercop por realizar una declaración errada dentro de un proceso de contratación, inclusive respecto a su calidad de productor nacional.

Y el Sercop le suspendió por 60 días el Registro Único de Proveedores (RUP), con lo cual no pudo participar en ningún proceso de compras públicas durante este período.

Seis meses después de cumplir la sanción, la compañía volvió a ser señalada por entregar información falsa, adulterando un certificado dentro de un proceso de compras públicas en la Empresa Municipal de Tránsito de Guayaquil.

Esta vez, y por ser reincidente, a Andean Trade le suspendieron nuevamente el RUP por seis meses.

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