Protocolo para femicidios, una esperanza en la lucha contra la violencia
2021 fue el año más violento para las mujeres en la región. Los femicidios en Ecuador superan los 100 casos, lo que evidencia la fragilidad de las leyes sobre prevención.
Familiares y amigos mientras realizaban plantones para exigir justicia por los femicidios de Lisbeth Baquerizo (i) y Naomi Arcentales, el 21 de diciembre de 2021.
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Cuando se pone en el buscador de Internet la frase “femicidios en Ecuador”, aparecen una serie de noticias con cifras de esta problemática.
Desde 2017, existen herramientas y normativas en el país para proteger a las víctimas, como la Ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, el Sistema de Alertas Tempranas para Anticipación de Femicidio (que suma a entidades de varias funciones del Estado), protocolos nacionales, entre otros.
Pero la realidad demuestra que estas resultan insuficientes para frenar las muertes. Actualmente, cada 44 horas muere una mujer de forma violenta.
Guayas, Pichincha, Manabí y Los Ríos son las provincias con más casos en 2021, considerado el año más violento para las mujeres y niñas desde que se tipificó el femicidio en Ecuador, después de Venezuela, según la ONG Mundo Sur.
Según la Fiscalía, desde 2014 hasta octubre de 2021 se registran 506 femicidios en Ecuador. Pero la fundación Aldea, organización no gubernamental que hace mapeo y seguimiento, contabiliza 619 casos, desde 2017, a escala nacional.
¿Por qué esta diferencia? Geraldine Guerra, representante de la Fundación Aldea, explica a PRIMICIAS que su trabajo consiste en mapear todas las muertes violentas de mujeres.
“Tenemos una red territorial que nos brinda esa información, damos voz a los familiares de víctimas que aseguran que han sido víctimas de femicidio, porque tienen un historial de violencia”.
Gustavo Villamarín, director de Derechos Humanos (s), unidad que lleva las investigaciones de delitos de género, reconoce la diferencia.
Señala que el protocolo nacional para investigar femicidios y otras muertes violentas de mujeres y niñas, que implementó Fiscalía, en noviembre de 2021, servirá para mejorarla.
“Por falta de capacitación, algunos no lo consideraban pertinente porque no tenían este adecuado enfoque de género. Esto no quiere decir que Fiscalía va a contribuir a la impunidad u ocultar las cifras”, manifestó.
Actualmente, en el país se obliga a que toda investigación sea llevada como femicidio.
El femicidio consta como delito desde agosto de 2014, en el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal, y se sanciona con entre 22 a 26 años de prisión.
"La persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género”.
COIP
El caso más emblemático sentenciado con la pena máxima es el de Sharon, ‘La Hechicera’, en 2015.
¿Qué pasa con el resto de femicidios en Ecuador?
El caso de Lisbeth Baquerizo cumplió un año sin resultados. Su pareja, Luis Hermida, está prófuga desde diciembre de 2020.
Ese camino podría transitar el caso de Naomi Arcentales, cuyo cuerpo fue encontrado el 12 de diciembre de 2021, en un lujoso departamento en Manta.
Allí vivía con su pareja, el fiscal Juan Carlos Izquierdo, a quien la familia de la joven señala como responsable.
En Fiscalía, la unidad especializada opera con tres personas en Quito, pero que tiene agentes fiscales especializados en delitos de violencia de género en las provincias.
¿Cómo acelerar las investigaciones para evitar que los casos queden en la impunidad?
“Las investigaciones deben realizarse de la forma más ágil posible, siempre respetando el debido proceso”, resalta Gustavo Villamarín.
En todos los casos, la indagación previa debe concluir para formular cargos y solicitar medidas cautelares. Es decir que hasta que no concluya esta etapa, que puede tomar meses, no se le puede dictar prisión preventiva o prohibición de salida del país al sospechoso.
Además, en el proceso se le garantiza la presunción de inocencia al presunto autor.
Para Geraldine Guerra, el caso de Naomi Arcentales es una muestra de que el protocolo de Fiscalía no se está aplicando. “Lo primero que hicieron es ponerlo como suicidio, no hay una búsqueda del antecedente de violencia”.
Insiste en que tiene que haber un proceso de investigación para que la muerte de Naomi no quede en la impugnidad y el agresor/femicida no se escape.
En efecto, el caso de Naomi consta como asesinato en los registros de Fiscalía. Según Villamarín, es un error del sistema, pero por disposición de la fiscal general, Diana Salazar, se lo cambiará a femicidio.
El caso se encuentra en indagación previa y a la espera del resultado de la segunda autopsia. Esta diligencia es parte de los procedimientos del protocolo de Fiscalía.
La situación es más compleja cuando no hay denuncia de por medio. Allí, la Fiscalía actúa de oficio cuando el hecho tiene repercusión en territorio.
Otro capítulo pendiente de los femicidios en Ecuador, coinciden los entrevistados, es la reparación a los familiares de las víctimas (padres y/o hijos). Lo establecen leyes universales, pero no se conoce sobre su seguimiento.
El Consejo de la Judicatura, en su página web, se suma a la difusión de datos. Tiene una herramienta dinámica para conocer todo lo relacionado con este delito, que deja un vacío en las familias con víctimas de femicidio.
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