Por primera vez, un caso de violencia psicológica se castiga con la pena máxima

MJ (nombre protegido) es guayaquileña y tiene 32 años. A inicios de 2017 comenzó un noviazgo con un hombre 30 años mayor que ella. Hoy, más de tres años después, busca justicia pues quien se convirtió en el padre de su tercera hija fue también su agresor.

A lo largo de la relación, MJ soportó manipulación, gritos, insultos y amenazas. La violencia llegó a lo físico.

Un día, mientras estaba embarazada, su expareja la empujó por las escaleras de la casa desde un primer piso. 

Ella y su bebé sobrevivieron. Sin embargo, la relación continuó. “Una en el fondo siempre espera que (el agresor) cambie”, dice la joven.

Pero ahora, luego del acompañamiento psicológico y legal que ha recibido, reconoce esa relación como abusiva. 

La defensa de MJ logró que el 1 de octubre de 2020 la justicia castigue con 36 meses de prisión a su exconviviente. Se trata de la primera sentencia en el país que concede la pena máxima por este delito.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP), vigente desde 2014, tipificó la violencia psicológica en Ecuador.

Según una encuesta del INEC de 2019, cinco de cada 10 mujeres en Ecuador ha sufrido violencia psicológica. En el 41% de los casos, esta viene por parte de la pareja.

Las penas establecidas en el COIP van desde los 30 días hasta los 3 años, dependiendo del nivel de daño que divide en tres grados:

• Leve: Pena privativa de libertad de treinta a sesenta días.
• Moderado: Pena privativa de libertad de seis meses a un año.
• Severo: Pena privativa de libertad de uno a tres años. 

Sin embargo, en el caso MJ, ambas partes aún pueden apelar. Lo que ella y su equipo legal esperan es que se consideren los agravantes, que podrían agregar un año adicional a la pena.

¿Penas insuficientes?

En 2015, la Fiscalía General anunció la primera sentencia por violencia psicológica en el país. Geovanny P. recibió 30 días de cárcel por violencia psicológica contra su esposa. 

Como en ese primer caso, muchas de las sentencias se quedan en lo mínimo. Xavier Izurieta, abogado de MJ, dice que en la mayoría, incluso, los abusadores consiguen redimir la pena a través de servicio comunitario.

Por eso, este caso es importante como precedente para las víctimas de este tipo de violencia en el país.

A MJ la psiquiatra le diagnosticó estrés postraumático. Según la Clínica Mayo, se trata de una enfermedad mental “desencadenada por una situación aterradora”.

Entre los principales síntomas de esta afección están los recuerdos involuntarios recurrentes y angustiantes del hecho traumático, la angustia y las reacciones físicas a las situaciones y cosas que recuerden dicho suceso. 

El tratamiento psiquiátrico que requiere MJ es para toda la vida. Por eso, Izurieta se pregunta ¿son suficientes tres años de prisión? 

Además, los efectos no solo los está sufriendo ella, sino también su hija menor, otra víctima del agresor.

MJ recuerda con dolor cuando la pequeña tenía apenas unos meses de nacida y él, en medio de gritos e insultos, rompió la cuna de la bebé y luego le escupió.

A raíz de eso, ella decidió separarse. En septiembre de 2019 inició la instrucción fiscal y en noviembre de ese año se dictó una orden de alejamiento para su expareja.

Pero él siguió intentando acercárseles. Así, ellas huyeron a otra ciudad.

Hoy, a pesar de haber una sentencia, la violencia no cesa. El hombre, casado ahora con otra mujer, sigue contactando a MJ.

A través de diferentes cuentas en redes sociales y números telefónicos, le escribe mensajes violentos que incluso pueden ser interpretados, según Xavier Izurieta, como amenazas de muerte.

Barreras culturales

Xavier Izurieta dice que en el proceso se han topado con algunas barreras. La principal tiene que ver con la cultura:

“Vivimos en una sociedad en la que se ve como normal el machismo en las relaciones de pareja”.

Izurieta dice que la sociedad empuja a las mujeres que han vivido estas situaciones a sentir vergüenza. Y que muchas veces se busca desacreditar a la víctima.

Gilda Palacios es abogada y experta en derechos de las mujeres. Ella explica que la Policía y los fiscales tienen la obligación de asumir los estándares internacionales de derechos humanos y alinear su accionar a estos.

Ello implica, dice la especialista, cumplir a cabalidad con el proceso y buscar el esclarecimiento de los hechos. 

Es decir, estos procesos no deben estar viciados por prejuicios o estereotipos machistas. Algo que —en opinión de Izurieta— existe y se evidencia a diario en los litigios relacionados con la violencia de género.

MJ dice estar cansada de tener que contar tantas veces lo que ha pasado, de revivir el dolor y el miedo. Eso se conoce como revictimización.

Pero, está dispuesta a enfrentar las barreras en el camino. Lo que quiere es demostrar que:

“El maltrato psicológico puede llegar a una enfermedad mental y deja secuelas permanentes en la víctima”.

Quiere que su caso sea ejemplo para otras mujeres que están viviendo lo mismo que ella. Que busquen apoyo y emprendan acciones legales. “Que lo hagan a tiempo para evitar que llegue a un femicidio”.