El 45% de los presos en el país tiene menos de 30 años de edad

Lo que pasa en la Penitenciaría del Litoral es más que un reflejo de la realidad de todo el sistema carcelario ecuatoriano.

El 28 de septiembre de 2021, la Penitenciaría fue el escenario de la peor matanza de la historia del Ecuador: un enfrentamiento entre grupos criminales que dejó 118 muertos, de los cuales el 61% era menor de 30 años.

Según la Secretaría de Derechos Humanos, estas personas empezaron su vida delictiva alrededor de los 11 años de edad, con delitos relacionados con el microtráfico de drogas, pero la intensificaron después convirtiéndose en asesinos y sicarios.

Los datos del Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) indican que el 45% de la población carcelaria a escala nacional tiene menos de 30 años y otro 31% es menor de 40 años.

Eso significa que el 75% de los presos del país son adultos jóvenes; mientras que los mayores de 50 años y las personas de la tercera edad son una minoría que no rebasa el 10% de la población total.

Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos, dice que la crisis de seguridad que afecta a las cárceles está acompañada de otra a la que llama "crisis del olvido".

Explica que hay una y hasta dos generaciones de personas por las que el Estado nunca veló.

Estas personas empezaron a delinquir de niños o adolescentes. Y cuando su edad adulta apenas empezaba, terminaron con procesos penales por delitos graves y recluidos en prisiones de máxima y mediana seguridad.

Otro dato que refleja la tesis de Ordóñez es la escolaridad. Las personas que pertenecen a estas generaciones nunca se educaron, sino que se dedicaron a delinquir. Según el SNAI, el 47% de los presos únicamente tiene educación primaria y un 5% ningún tipo de instrucción.

Ligados al narco y sin sentencia

Otro dato importante de la matanza de septiembre en la Penitenciaría, es que solo el 25% de los asesinados tenía sentencia. Es decir, la mayoría de las víctimas estaba detenida de manera preventiva.

A escala nacional, aunque en menor medida, esto también se replica. El 39% de los detenidos en todo el país, más de 15.000 presos, todavía no han sido declarados como culpables por la justicia.

Además, el 35% de los presos que fueron asesinados en la Penitenciaria estaban siendo procesados por delitos asociados al narcotráfico, mientras que a escala nacional ese porcentaje es del 27%.

Luego, en la lista nacional, siguen los delitos contra la propiedad (robos) con 26%, y en tercer lugar están los detenidos por delitos contra la integridad sexual, con 16%.

El plan tiene que esperar

A la presencia indiscriminada de presos sin sentencia, las cárceles suman otros problemas que ahondan al hacinamiento.

Por ejemplo, hay cerca de 5.000 expedientes para prelibertades listos. Esos trámites tienen que ser sustanciados por jueces de garantías penitenciarias, pero en el país solo existen 14 magistrados de este tipo.

Tanto el abuso de la prisión preventiva, como la agilización de los trámites de beneficios penitenciarios, competen a la justicia.

El 30 de septiembre de 2021, luego de la masacre en la Penitenciaría, la Corte Constitucional (CC) dio al Consejo de la Judicatura un plazo de 10 días para que presente un plan para mejorar estos indicadores, así como el detalle de las gestiones realizadas ante el Ministerio de Finanzas para lograr su financiamiento.

El 13 de octubre, el Organismo Técnico de Rehabilitación Social recibió a las autoridades del Consejo de la Judicatura, de la Corte Nacional de Justicia, de la Fiscalía General del Estado y de la Defensoría Pública.

El Directorio del Organismo Técnico, mediante resolución, decidió conformar una Mesa Técnica, que deberá presentar en 15 días este plan.

El documento contendrá las buenas prácticas en garantías penitenciarias, un modelo de gestión, el flujograma del proceso y un programa para capacitación a los jueces.