Entre USD 10 y USD 35 cuestan las pruebas rápidas que compra el sector público

El avance del coronavirus en el país y el mundo hizo que las pruebas de detección de la enfermedad, al inicio tan escasas y exclusivas, se masifiquen.

En ese escenario, distintas instituciones ecuatorianas, desde gobiernos seccionales hasta centros de salud, iniciaron procesos de contratación para adquirir el insumo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) no recomienda el uso de este tipo de test, sean de anticuerpos o de antígenos. Señala que puede haber pruebas inadecuadas que arrojen falsos positivos o falsos negativos, lo que podría obstaculizar los esfuerzos para controlar la epidemia.

Pero estas pruebas arrojan resultados en menos de 30 minutos. Funcionan como un test de embarazo, y detectan anticuerpos o antígenos (partículas de proteínas del virus).

Por esta razón, muchos países, incluido Ecuador, han optado por comprar esta opción para tener resultados más rápidos.

Pruebas a todo precio

Aún pesar de que la OMS no recomienda su uso, el Gobierno utiliza las pruebas rápidas. Además incluye estos resultados en las cifras oficiales sobre contagios de coronavirus.

En Ecuador, hay 22 instituciones que han comprado pruebas rápidas desde el inicio de la emergencia. En el portal de Compras Públicas se puede verificar que los gobiernos seccionales han optado por comprar este tipo de diagnósticos.

Los precios unitarios varían ostensiblemente. El Municipio de Puerto Quito compró cada test en USD 10, mientras que el Cuerpo de Bomberos de Samborondón las compró en USD 30, y el Municipio de Cañar, en USD 35.

Los precios cambian incluso entre un mismo proveedor. Salumed S.A. vendió pruebas rápidas al Centro de Salud de San Lorenzo, Esmeraldas, a USD 15 cada una. Mientras que el Gobierno Autónomo de Cayambe pagó USD 20.

Dentro de estos 22 procesos no figura el Ministerio de Salud. El ministro Juan Carlos Zevallos anunció en abril que el país adquirió 100.000 pruebas rápidas para la detección de coronavirus, que se usan en brigadas puerta a puerta.

Entre los procesos de contratación de emergencia del Ministerio de Salud no consta ninguno para la adquisición de pruebas rápidas. Por esta razón, no es posible saber cuánto costaron.

Insumos sin detalles

La Agencia de Control Sanitario (Arcsa) emite periódicamente el listado de pruebas rápidas de coronavirus autorizadas y sus proveedores. El último listado se publicó el 12 de mayo de 2020.

Pero no todos los proveedores de las instituciones públicas tienen permiso de Arcsa para importar pruebas rápidas. Esto quiere decir que pueden haberlas comprado a un proveedor que sí está autorizado.

De las 17 empresas y personas naturales que han comercializado estas pruebas, solo seis están autorizadas para importar tests rápidos.

Arcsa lleva un control incluso de las importaciones de pruebas que hacen las empresas autorizadas. Por esa razón, ha emitido alertas sobre pruebas posiblemente falsificadas en el mercado.

Adicionalmente, los procesos de contratación no dan detalles sobre el tipo exacto de prueba que están comprando. Al tratarse de compras por emergencia, no es necesario subir todas las especificaciones técnicas al portal de Compras Públicas.

Confusiones en las cifras de contagios

Desde el 24 de abril, Ecuador incluye en sus reportes sobre el avance del coronavirus los resultados de pruebas rápidas. El dato se incluye en el total nacional, y no en los desagregados por provincias.

Según explicó el viceministro de Salud, Xavier Solórzano, esto se debe a que las pruebas rápidas no sirven para hacer diagnósticos, tal como la OMS recomienda. Aún así, sus resultados se siguen incluyendo en el total nacional.

Pero las cifras de pruebas rápidas también son confusas. Desde el 6 de mayo, los reportes muestran los mismos números, y en fechas anteriores también se mantuvieron iguales resultados por varios días.

Esto sucede a pesar de que los resultados de estos diagnósticos toman minutos.

Según el Ministerio de Salud, los test rápidos se han aplicado en Guayas, Los Ríos, Pichincha y Manabí. Estaba previsto que se utilicen en miembros de la Policía y Ejército.

Adicionalmente, este 16 de mayo llegaron 430.000 pruebas rápidas de una donación gestionada por Cancillería.

Aclaración: Las empresas Lidenar S.A. y los proveedores Carlos Brito y Carlos Bueno, este último que firmó el contrato con la Fuerza Terrestre, cuentan con el permiso para comercializar insumos y dispositivos médicos otorgado por Arcsa. Estos proveedores no son importadores directos.

Lidenar S.A. entregó a PRIMICIAS los documentos en los que consta que las pruebas que vendió al Municipio de Chordeleg fueron importadas por un proveedor autorizado.

De igual manera, el comandante general de la Fuerza Terrestre, Luis Altamirano, explicó que el contrato firmado con el Dr. Carlos Bueno, no es únicamente para la adquisición de las pruebas, sino que incluye la toma de muestras en las todas las Unidades Militares de la Fuerza Terrestre en el país, excepto Galápagos.

El proceso de contratación, dice la comunicación, se hizo por el portal de Compras Públicas y la oferta de Bueno -representante legal del laboratorio Oncolab- fue la más baja de las tres que recibieron.

Esta nota fue modificada el 21 de mayo a las 13:20, con la aclaración de la Fuerza Terrestre.