Ponce Enríquez, en riesgo por la minería y el fenómeno de El Niño

El temor de los habitantes que residen cerca de los ríos del cantón Ponce Enríquez, en la zona costanera de Azuay, radica en la inminente llegada de las lluvias.

La minería ilegal ha provocado en ese cantón un desastre ambiental. Ante la cercanía del fenómeno del Niño, las autoridades y pobladores temen una tragedia como la registrada en Esmeraldas a inicios de junio.

Por esa razón, el Concejo Cantonal declaró este jueves 22 de junio en emergencia ambiental al cantón Ponce Enríquez, con el fin de tomar medidas preventivas.

“Estamos a un paso de las emergencias por el Fenómeno del Niño, pero nuestro compromiso es trabajar a la brevedad posible”, aseguró el alcalde José Sánchez. 

Alto riesgo en el centro

Ponce Enríquez está atravesado por siete ríos: Tenguel, Gala, Guanache, Siete, Chico, Jagua y Balao. En todos existen actividades mineras y, en diferentes niveles, hay riesgo de que se provoquen inundaciones.

También hay zonas vulnerables a movimientos de masa (deslizamientos), como San Francisco de Muyuyacu. Ahí, las actividades mineras ilegales ponen en riesgo a unas 20 familias.

La situación más crítica está en el río Guanache. Ahí, las actividades mineras ilegales ocurren a escasos 500 metros del centro cantonal, a vista de las autoridades. 

Desde las oficinas del Municipio incluso se puede ver la maquinaria que trabaja sin permiso. Los habitantes del centro aseguran que sienten que la tierra se mueve y dicen que el ruido es insoportable.

“Los que estamos en el centro sufrimos esa minería. Hasta nuestras casas se escucha cómo las máquinas trabajan en la noche”, contó el concejal Renzo Gutiérrez.

El problema mayor es el desvío del cauce que han provocado los mineros ilegales. Si este río llegara a desbordarse, podría inundar el centro cantonal y los barrios aledaños, explicó la vicealcaldesa de Ponce Enríquez, Magaly Sánchez.

“El río va a ingresar al centro cantonal si no prevenimos y metemos maquinaria ahora”

Magaly Sánchez, vicealcaldesa de Ponce Enríquez

Desde 2022, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos ha emitido alertas por la probabilidad de inundaciones en el centro cantonal, a causa del mal manejo del río Guanache.

Ahora, con la alta probabilidad de que el fenómeno del Niño afecte a Ponce Enríquez, las autoridades cantonales buscan mitigar el impacto.

Minería sigue imparable

La vicealcaldesa recorrió el 8 de junio el río Guanache y constató que las actividades ilegales continúan. "El río está totalmente destruido y la situación es preocupante", detalló.

Las actividades continúan pese a que, en septiembre de 2019, el Frente Ciudadano de Ponce Enríquez ganó una acción de protección para evitar la minería ilegal en ese río.

"Las autoridades no han hecho cumplir esa sentencia y no desalojaron a los mineros", detalló Henry Marca, representante del Frente Ciudadano.

Los miembros de este colectivo se reunieron el 13 de junio con el alcalde de Ponce Enríquez para pedirle que, además de la declaratoria ambiental y los trabajos de mitigación, frene la minería ilegal en este río.

El alcalde responsabilizó a los dueños de las fincas por haber permitido la minería ilegal en sus territorios y ofreció buscar un acercamiento con las empresas que trabajan en la zona.

Emergencia sin presupuesto

Ponce Enríquez enfrentará el Fenómeno del Niño con una grave crisis financiera, según su alcalde, José Sánchez.

Su administración heredó una deuda de USD 40 millones y el presupuesto no alcanza ni para cubrir los sueldos de los empleados municipales.

Según el informe técnico del Municipio, las acciones de mitigación que se requieren con urgencia son: dragado de los ríos, trabajos de desazolve y construcción de muros.

Pero Ponce Enríquez solo dispone de una máquina retroexcavadora y carece de liquidez para contratar más, según el informe del Departamento Financiero.

La Municipalidad presentó ese informe a la Prefectura del Azuay para solicitar recursos. El pedido principal se enfoca en la maquinaria para ejecutar los dragados.

También se busca apoyo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y de la Secretaría de Gestión de Riesgos para las demás obras de mitigación.