108 policías son procesados penalmente por actos de servicio

La reciente sentencia contra el policía Santiago Olmedo y la presentación del proyecto de Ley de Seguridad del presidente Guillermo Lasso pusieron en debate -nuevamente- los límites para el uso progresivo de la fuerza por parte de la Policía y el apoyo gubernamental para los policías procesados por actos de servicio.

En julio de 2021, Olmedo abatió a dos delincuentes que intentaron a asaltar a un menor de edad en Riobamba. Un Tribunal Penal de esa ciudad lo condenó a tres años y cuatro meses de prisión. El fallo es de primera instancia y la defensa de Olmedo apelará.

De manera extraoficial se había conocido que unos 900 uniformados estaban vinculados a procesos judiciales. Sin embargo, ese número incluye casos de otra índole como procesos por accidentes de tránsito.

Según la base de datos de la Dirección de Defensa Institucional de la Policía Nacional, 139 uniformados son parte de investigaciones por actos de servicio en 50 procesos penales. Estos casos se han dado entre 2016 y 2022. En la lista hay procesos por tortura, homicidios y asesinatos.

En estos seis años y un mes, dos policías han recibido sentencias condenatorias; 29 recibieron sentencias favorables, no fueron acusados o sus casos fueron archivados.

Actualmente, 108 procesos siguen activos en investigación previa, instrucción fiscal, impugnación o juicio.

¿Quién los defiende?

Carlos Flores, mayor de la Policía Nacional y director de Defensa Institucional, explica que actualmente la defensa de los uniformados procesados se articula entre la Policía y el Ministerio de Gobierno.

La Dirección de Defensa Institucional tiene 100 agentes a su servicio quienes tienen oficinas en Quito, Guayaquil, Portoviejo y Cuenca.

Además, cuenta con un equipo de asesores jurídicos y también con el staff de abogados del Ministerio.

El objetivo de este equipo es patrocinar jurídicamente a policías procesados. Pero, Flores aclara que esto solo ocurre en los casos de presuntos delitos cometidos en actos de servicio. Y se descarta aquellos por delitos comunes como robo, concusión, violación o narcotráfico.

Apenas se conoce un caso la Dirección de Defensa Institucional se activa. No se discrimina casos, sino que se trabaja en todos los procesos.

"Es labor de la justicia determinar si el uniformado es inocente o tiene alguna responsabilidad penal. Nosotros brindamos patrocinio".

Carlos Flores

Aunque, los policías procesados también tienen la posibilidad de escoger a sus abogados de confianza. Santiago Olmedo, por ejemplo, contrató a Hugo Espín como su abogado. Pero, en ese caso los honorarios los cubre el propio uniformado.

La propuesta de Lasso

En el proyecto de Ley de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza Pública, que el Ejecutivo entregó a la Asamblea, se plantean varios cambios sobre el posible procesamiento de uniformados y su defensa.

La iniciativa, en primer lugar, aclara que las investigaciones en contra de los integrantes de la Policía deben respetar el principio de presunción de inocencia. Y que la sola investigación no implica responsabilidad y, por tanto, no acarreará sanciones mientras no exista sentencia ejecutoriada.

En el Código Orgánico de Entidades de Seguridad (Coescop), en cambio, se añade un nuevo artículo denominado "Patrocinio en investigaciones y procedimientos penales".

Este apartado estipula que los policías tienen derecho a recibir asesoría jurídica y patrocinio en las investigaciones y procesos penales.

Para ejecutar este patrocinio, el Ministerio de Gobierno solicitará recursos a Finanzas y estos fondos se sumarán a los asignados en su presupuesto institucional.

Y se propone la creación de dos mecanismos de patrocinio.

• Patrocinio directo: Se asignará profesionales del derecho de entre aquellos que tenga contratados directamente el Ministerio de Gobierno. Esto tal como se viene haciendo.
• Patrocinio por contrato: Se suscribirán contratos de prestación de servicios profesionales con la defensa técnica de confianza elegida por los servidores policiales.

En el segundo caso, se aplicará lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el Ministerio de Gobierno definirá los presupuestos referenciales y parámetros mínimos que deben cumplir los abogados para la Policía.

Roberto Andrade, asesor de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, recuerda que la Constitución garantiza a todas las personas a tener a un abogado de confianza. Y, por eso, se daría la oportunidad de que los uniformados elijan a sus propios representantes.

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