La Policía busca frenar la violencia siguiendo la pista a los exconvictos

En plena zona comercial de Guayaquil, en el sector 9 de Octubre, un hombre estaba sentado en la entrada de un parqueadero, donde trabajaba, cuando ingresó otro sujeto y le disparó siete veces.

No le robaron nada, lo esperaban para matarlo. “Él estaba seleccionado para morir”, dice el Comandante de la Zona 8, César Zapata. 

El perfil de este asesinato es violencia criminal, donde están involucradas dos grupos: Los Lagartos y Los Choneros, que son las principales bandas criminales que se disputan los territorios para mover la droga internamente.

El año 2020, aún en pandemia y en confinamiento obligatorio, es catalogado como uno de los más violentos para el país y, sobre todo, para Guayas.

Solo en Guayaquil se han producido 328 muertes violentas. Son 88 asesinatos más que en 2019. De estas muertes, el 75% son consideradas violencia criminal y la diferencia es interpersonal, es decir, riñas familiares o barriales.

¿Quiénes son los asesinos?

La respuesta parece no tener muchas aristas. "Es gente que está en pugna por territorio por droga", responde el general Zapata. 

Y las víctimas son personas a las que también ya han identificado por su perfil: exconvictos que han recuperado su libertad.

En lo que va del año, 5.420 personas han salido de las cárceles de Guayaquil, la mayoría porque se ha acogido a los beneficios penitenciarios que les otorga la ley, como la prelibertad. 

En todo el sistema carcelario hay 38.919 personas privadas de libertad, de las cuales 34.903 fueron sentenciadas bajo el nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP), que les permite cumplir un 60% de la pena, para acceder a ‘beneficios’ penitenciarios como la prelibertad. 

Pero otro grupo, de 3.824 reos, ha sido juzgado con el COIP anterior; es decir, que solo necesitan cumplir el 40% de la pena para obtener estas ventajas. La mayor cantidad de los detenidos está implicada en delitos de drogas y contra la propiedad.

El subdirector de Rehabilitación Social, Orlando Jácome, sostiene que ellos tienen derecho a salir porque así lo establece la ley. "Se trata de personas que ya han purgado su pena, que han cumplido con los requisitos que establece el COIP y los jueces son los que conceden o no estos beneficios penitenciarios".

El general Zapata tiene una duda: "Si estos ciudadanos salen de los centros de rehabilitación social con algún tipo de deuda pendiente, o cuando llegan a sus casas, lo hacen con intenciones de seguir cometiendo delitos, a tratar de ganar territorialidad".

Hay 2.500 policías de investigación e inteligencia que están en Guayaquil escudriñando las conexiones entre los excarcelados y sus asesinatos, una vez que salen en libertad.

Un plan para proteger a exconvictos

Ante el incremento de muertes violentas, la seguridad de Guayaquil está a cargo de dos generales de la Policía. La cúpula se ha reunido en los últimos días con autoridades locales para crear un Comité de Seguridad, que enfrente a la criminalidad. 

La Policía tiene una propuesta, que ya está en marcha, denominada Plan Post Carcelario (PPC).

"De las 5.420 personas que han salido de las cárceles, hemos depurado la lista hasta llegar a 262, que pueden ser proclives a ser victimados, porque estos ciudadanos cumplen con ciertas características", explica el general Zapata. 

Las variables que han tomado en cuenta para seleccionarlos son, por ejemplo, los antecedentes penales por:

• Asesinato. 
• Tráfico de drogas.
• Tenencia ilegal de armas.
• Tres o más antecedentes personales. 

"La idea es sacar del anonimato a esos ciudadanos", añade el Comandante de la Zona 8. Cuando ellos recobran la libertad, deberán entregar datos, como la dirección donde van a permanecer.

Las autoridades ya han procedido así con 60 personas en 12 sectores de Guayaquil, Durán y Samborondón.

"No es que vamos a poner un patrullero, sino que vamos a activar el botón de seguridad, así como lo aplicamos al señor que tiene una tienda, para que él, cuando se vea amenazado, lo active y la Policía vaya inmediatamente antes de que se cometa algún delito", dice Zapata.

Con esa información, la Policía les ha activado un botón de auxilio para que lo usen cuando se sientan amenazados. Además, los patrullajes de los policías comunitarios también se han concentrado en estos lugares para mantener el control. 

Al sacarlas del ‘anonimato’, los policías sabrán que estas personas están bajo "cuidado especial" y si las ven "a las 03:00 libando afuera de su domicilio o que está transitando por el lugar, entonces la Policía tendría que decirles que ingresen a sus domicilios, porque pueden ser objeto de algún tipo de atentado".

Según el Comandante César Zapata, hasta el pasado 27 de noviembre, Durán llevaba 35 días sin muertes violentas y el Distrito Sur de Guayaquil alcanzó 11 días sin asesinatos.

Nada de esto garantiza que Guayaquil se convierta en una ciudad segura, porque los tentáculos del tráfico de drogas se expanden y continúan operando. Sus actividades ni siquiera disminuyeron con el confinamiento, debido a la pandemia; 2020 es un año récord para el narcotráfico en Ecuador.

La rehabilitación carcelaria

La rehabilitación de las personas privadas de libertad está a cargo del Sistema Nacional de Rehabilitación Social (SNAI), pero intervienen varios ministerios: Educación, Salud, Deportes y Cultura, así como la Defensoría del Pueblo. 

"Hay una participación activa de estas instituciones, pero quisiéramos que sea mayor", dice el subdirector del SNAI, Orlando Jácome, quien también participó en el Comité de Seguridad instaurado en Guayaquil. 

Según la institución, hay tres propuestas que plantea para aportar en la seguridad de la ciudad. 

La primera es sobre la prisión preventiva. Para él, varias de las personas que están recluidas en este momento en las cárceles, no deberían estar ahí, ya que podrían tener otra medida sustitutiva.

Pone de ejemplo, el caso de las mujeres. “La gran mayoría está recluida por drogas ¿Ellas serán un peligro afuera para asesinar o agredir a alguien?”, cuestiona Jácome.

La alcaldesa Cynthia Viteri discrepa con este criterio, ya que considera que "la prisión preventiva debe ser la norma" en materia de seguridad. 

"¿Qué estamos logrando con la prisión preventiva? Que se relacionen con otras personas que están en el ámbito delincuencial, tienen nuevos contactos, nuevas relaciones. Muchas veces adentro son amenazadas o reclutadas, para que cuando salgan cumplan con ciertas consignas", explica Jácome.

"Es importante analizar lo de la prisión preventiva, quiénes realmente son los que deben estar al interior de los centros y de esa manera evitaríamos lo que se conoce como la escuela del delito", señala Orlando Jácome, subdirector Técnico del SNAI.

La segunda propuesta es el intercambio de información, desde los agentes penitenciarios. Y la tercera es que el SNAI asuma la tarea de vigilancia que hace la Policía a quienes guardan arresto domiciliario. 

Hay 400 agentes que prestan sus servicios al arresto en casas. "Eso se podría evitar cuando el SNAI también tenga la capacidad de adquirir más dispositivos electrónicos", añade Jácome.