La Penitenciaría será dividida en dos bloques para mejorar controles

Las filas para dejar medicinas y las visitas familiares han regresado a la Penitenciaría del Litoral, aunque sólo para los internos con discapacidad, enfermedades catastróficas y los recluidos por pensión alimenticia.

Ocurre 15 días después de la masacre en la que murieron 119 personas y 81 resultaron heridas. 

El ambiente es de preocupación y ansiedad por parte de familiares que desean saber el estado de salud de los privados de libertad.

Algunos no han tenido noticias de ellos “desde hace un mes, cuando fue la última visita, porque no tiene un celular”, dice una mujer que espera con una funda transparente -como dicta el protocolo- con medicamentos, un par de zapatillas y camisetas, esperando pasar el filtro policial.

Afuera permanece la tanqueta de guerra y los militares rotan sus turnos para estar en la puerta y en la parte lateral de la cárcel.

La malla que rodea a la Penitenciaría permite ver el movimiento dentro de la cárcel. Pero un grupo de militares se acerca a advertir que es peligroso estar ahí sin chaleco antibalas y casco, porque reconocen que los presos “tienen armas”.

Desde ahí se escucha en un pabellón alabanzas cristianas y en otro, un grito a modo de instrucción y orden.

Esto pese a que rige un estado de excepción, decretado el 29 de septiembre en todas las cárceles a raíz de la masacre, y que suspende, entre otras cosas, “la libertad de reunión y asociación de los presos”, señala el documento.

Los presos observan desde lo alto de las celdas y gritan a quienes los observan desde lejos. La tarea de ellos es de vigilancia, comentan los militares que también han participado en los operativos al interior de la Penitenciaría. 

La cárcel parece estar en calma, pero la situación aún no está controlada.

“El control es relativo, conforme a las acciones puede haber reacciones”, dice Ángel Zapata, subdirector de Protección y Seguridad Penitenciaria del Servicio Nacional de Privados de la Libertad (SNAI). 

Describe que el ambiente es tenso en los pabellones porque “hay personas que quedaron heridas, lesionadas, y se mantiene esa tensión de que alguien que fue atacado podría tomar algún acto de venganza”, explica Zapata.

Los proyectos para la Penitenciaría del Litoral

La Penitenciaría es la cárcel más poblada de Ecuador. Tiene actualmente alrededor de 8.500 presos, la cuarta parte de la población penitenciaria del país.

Esta prisión fue construida para albergar a no más de 5.000 personas; es decir, el hacinamiento es de 3.500 internos más, “donde los servicios se vuelven más difíciles de llegar. A veces no tenemos la certeza de si todos comerán o no”, dice Zapata.

La solución a corto plazo que evalúa el SNAI es dividir la Penitenciaría en dos bloques grandes.

Una Penitenciaría norte y una Penitenciaría sur. “Dividir a 4.000 personas en cada una, es un poco más manejable”, explica Zapata.

Según el Subdirector del SNAI, la estructura permite hacer esa gran división en el centro.

“Hay una construcción antigua que está mal utilizada, queremos hacerle una división con todos los servicios, para tener un mejor control”.

Ángel Zapata, subdirector de Protección y Seguridad Penitenciaria del SNAI.

Esta división se ejecutaría con una clasificación de los presos, según la normativa: máxima, mediana peligrosidad o por tipología delictiva. 

“Hay una población pacífica, de adultos mayores, de enfermos que están mezclados, lo que queremos es que los doblemente vulnerables, estén en un ambiente menos tenso”, explica Zapata.

Este plan está por ejecutarse en las siguientes semanas, después de una socialización al interior del centro penitenciario y sin un “gran operativo”, recalca Zapata.

Otro objetivo inmediato es reducir el hacinamiento. Según Zapata en los últimos dos meses se ha logrado bajar de 10.000 a 8.500 privados de libertad solo en la Penitenciaría del Litoral. 

Son 1.500 personas menos que han obtenido otro tipo de medidas cautelares, recuperado la libertad o han sido trasladadas a otros centros penitenciarios.   

Hay 15.000 personas sin sentencia en las cárceles y, según las autoridades del SNAI, la mayoría están en la Penitenciaría del Litoral, donde el hacinamiento es del 60,20%.

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