Mujeres y narcotráfico: las otras muertes violentas en Ecuador

Una mujer fue asesinada en una casa donde bebía cervezas con un hombre en Durán, “tenía antecedentes penales por tráfico de droga”, relata el parte policial. Unas horas más tarde en Bastión Popular en Guayaquil otra mujer, pero esta vez sin antecedentes, fue acribillada con 11 disparos. Estaba en su vehículo junto a un hombre, quien resultó herido. 

Dos mujeres en El Triunfo (Guayas) fueron asesinadas mientras manejaban, una de ellas era pareja de un preso, y el crimen sería por “un conflicto entre bandas”. 

No importa cuándo ocurrieron los hechos, los relatos policiales se repiten en cada crimen: “ajuste de cuentas”, “muerte selectiva” o “disputa de territorio”. Todos evidencian el aumento de los crímenes violentos en el país, que suman tres veces más que el mismo periodo de 2020 y que también involucra a mujeres. 

El año pasado, de los 2.471 crímenes violentos ocurridos en Ecuador, 228 de las víctimas fueron mujeres, según la Dirección de Muertes Violentas de la Policía (Dinased). Los crímenes se dividieron en 140 asesinatos, 18 homicidios, cuatro sicariatos y 66 femicidios. 

“La pandemia fue un detonante para el narcotráfico”, dice el coronel Erick Benítez, director de Dinased.

“Se quedaron sin empleos, no tenían maneras de subsistir y al buscar algo que diera rédito más rápido encontraron el narcotráfico”, agrega en referencia a las mujeres involucradas en redes delictivas.

Según la Dirección de Investigación Antidrogas de las 13.200 personas aprehendidas por tráfico de drogas, el 16% fueron mujeres; es decir, 2.139.

En la mayoría de los casos, las mujeres operan como microtraficantes y otras son parte de los clanes familiares que por años se han dedicado al tráfico de estupefacientes. 

Presionadas por sus parejas

Para Vianca Gavilanes, coordinadora de Fundación Dignidad, que trabaja con mujeres y personas privadas de libertad, hay otros perfiles que agudizan la problemática.  

“Son mujeres coaccionadas por sus parejas, por su situación económica. Son obligadas a entrar droga a la prisión, acorraladas al microtráfico, almacenaje de la droga o usadas como mula”, explica Gavilanes.

La situación es más grave cuando se trata de mujeres en movilidad humana, refugiadas o desplazadas de sus países por violencia. “Son las víctimas perfectas para que estos grandes grupos de poder capten a estas mujeres para poder traficar”, dice Gavilanes. 

La Policía no ha detectado una participación de mujeres en eslabones superiores de las organizaciones delictivas que operan en el país, solo unos casos aislados en funciones administrativas de contabilidad y a veces de logística. 

"Todos los grupos de poder ven a las mujeres como ciudadanos de segunda, y esto no solo ocurre aquí".

Vianca Gavilanes, fundación Dignidad.

Para Gavilanes, los crímenes y “todo tipo de violencia lleva un mensaje, donde hay un receptor, y donde aquí el interlocutor es el Estado”, y que no se conecta con un análisis sino que se limita a exhibirlo en cifras. 

Silencio en los barrios de Guayaquil

Los crímenes silencian cada vez más a los barrios. En el sector Elsa Bucaram en Guayaquil, la familia de Maribel Sáenz, asesinada a tiros el domingo 9 de enero de 2022, abrieron la casa solo para velarla.

"Todo está muy peligroso, su presencia aquí ya es un riesgo porque todos están mirando y quieren saber sobre qué hablamos", dice un familiar, quien asegura que por temor y desconfianza en el sistema judicial y policial, no pondrán la denuncia.

Según la Dinased, en 2020, sólo el 37% de los crímenes se resolvieron, los demás estaban en investigación.

En este barrio de Guayaquil, las calles están desoladas y muchas casas inhabitadas, porque la gente ha preferido cerrar sus casas e irse. Esto demuestra la incapacidad del Estado para aplicar una política pública en seguridad, en educación y acceso a los derechos básicos.

Además, en el país 5,2 millones de personas viven en la pobreza extrema y en sectores considerados marginales en Guayaquil.

Mientras que para las mujeres la brecha para acceder a un empleo y salario igualitario se ha ampliado a raíz de la pandemia. Solo el 24% de mujeres tiene un trabajo formal, y perciben un sueldo 22% inferior que los hombres.

“No se puede poner todos los casos en una sola caja sin realizar un análisis particular. Hay que ser cuidadosos en relacionar todas las muertes de las mujeres con el crimen transnacional y las miradas de la guerra del Estado contra el narcotráfico”, afirma Gavilanes.