Alimentación en las cárceles: proveedor trabaja sin contrato firmado
Momento de la comida en la Cárcel de Cañar, el 8 de abril de 2020.
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Una vez más, el Servicio de Rehabilitación Social (SNAI) declaró desierto el proceso de contratación para el servicio de alimentación de los presos en las cárceles ecuatorianas.
Ahora, un error en las firmas electrónicas de la oferta presentada por Lafattoria hizo que el proceso quede invalidado por tercera vez consecutiva.
Pero el servicio de alimentación a los detenidos no puede detenerse. Y aunque el contrato no ha podido adjudicarse, Lafattoria sigue con el monopolio de este servicio.
Según la Superintendencia de Compañías, esta empresa fue creada en marzo de 2008. Está radicada en Guayaquil. Y su objeto social es la administración de restaurantes, clubes, bares, cafeterías, ciudadelas y centros comerciales.
Entre 2012 y 2017, la compañía acumula 19 contratos con el Estado por USD 92 millones. Incluso, según el Servicio de Contratación Pública (Sercop), seis de esos procesos todavía están pendientes de finalización.
Además según la última auditoría de la Contraloría (CGE), el último contrato firmado por el Gobierno para la alimentación de los presos fue en junio de 2018, por USD 17 millones. Estuvo vigente hasta el 11 de diciembre de ese año.
Desde diciembre de 2018, Lafattoria sigue prestando el servicio, al igual que en los últimos 10 años, pero sin ningún contrato firmado de por medio. Así se evidencia también en las publicaciones del propio SNAI.
Pagos sin contratos oficiales
La Contraloría detalló en el informe DNA1-0020-2020 que, sin contrato y con la necesidad de alimentar a los presos, el SNAI ha seguido pagando a esta empresa a través de la modalidad de convenios de pago. En enero de 2018, por ejemplo, se suscribieron dos convenios por USD 11,1 millones.
Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), no se sorprende por lo que ocurre en este caso. "Esa es la típica forma de operar de las instituciones", dice.
Rodas explica que, según la normativa de compras públicas, el convenio de pago deber ser excepcional. Pero en varios casos se ha descubierto que se utiliza para esquivar los controles legales y "seleccionar a dedo" a un proveedor.
Así ocurrió, por ejemplo, en la supuesta trama de corrupción que envuelve a los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Estas entidades pagaron cerca de USD 30 millones por medicamentos e insumos con esta modalidad. La Fiscalía investiga un caso por presunta delincuencia organizada.
Declarar desiertos los procesos contractuales, añade Rodas, abre la puerta para firmar estos convenios de pago. Por su carácter de excepcionales, estos son de contratación directa y no son notificados en el sistema público del Sercop.
Es decir, la cantidad de dinero que el SNAI ha pagado a Lafattoria desde diciembre de 2018 no es pública.
PRIMICIAS ha solicitado varias entrevistas al SNAI sobre este tema, desde diciembre de 2019.
El último pedido se hizo el viernes 8 de enero de 2021, apenas se conoció la última declaratoria de proceso desierto, pero la entidad indicó que la respuesta se entregaría la próxima semana.
Tres procesos fallidos
Tras la finalización del último contrato con Lafattoria en diciembre de 2018, la búsqueda de un nuevo proveedor se detuvo por el traspaso de atribuciones del extinto Ministerio de Justicia al actual SNAI.
Mientras Lafattoria seguía brindado el servicio, el Gobierno empezó a buscar un nuevo proveedor en enero de 2020. Desde esa fecha tres procesos fueron declarados desiertos.
A continuación una síntesis de lo que ocurrió en cada caso:
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Primer intento
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El primer proceso fue lanzado el 28 de enero de 2020. Y hasta el 2 de marzo de 2020, solo una empresa realizó una oferta para obtener la adjudicación.
Se trata de Lafattoria. El 5 de marzo de 2020, la Comisión Técnica del SNAI calificó la oferta. Y el 12 de marzo se recomendó su adjudicación por USD 22,8 millones.
Pero ese mismo día, el Sercop solicitó respuestas a varias observaciones al proceso por inconsistencias técnicas y jurídicas.
Una de estas se refería a una inhabilitación de uno de los representantes de la empresa en el sistema del Sercop. Por esta razón, el 17 de marzo se declaró la suspensión temporal del proceso.
El SNAI pidió a Lafattoria solucionar el inconveniente. Pero la compañía indicó que eso tomaría tiempo, ya que, debido a las restricciones por Covid-19, no era posible tramitar la habilitación.
Ante esa situación, el 25 de mayo de 2020 se declaró desierto ese proceso.
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Segundo intento
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El 4 de septiembre de 2020, el SNAI lanzó un nuevo proceso para buscar un proveedor de alimentación.
Por el paso del tiempo y la reducción de presos que vivió el sistema carcelario ecuatoriano durante la pandemia, la segunda convocatoria tuvo algunas diferencias.
Primero se buscó una oferta de USD 24,4 millones para 236 días de servicio. Luego el presupuesto fue de USD 20,9 millones para 212 días.
Nuevamente Lafattoria presentó una oferta y aunque también mostró su interés el Catering Corporativo Marina Yate, finalmente no presentó la oferta electrónica.
Otra vez la oferta de Lafattoria fue descalificada porque la empresa no se encuentra habilitada en el registro de proveedores.
Y el proceso fue declarado desierto.
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Tercer intento
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El 11 de noviembre de 2020 fue presentado otra vez el proceso. Esta vez el presupuesto referencial fue de USD 36,5 millones.
El valor subió, con respecto a los anteriores procesos, porque ahora el servicio se buscaba para un año completo. La atención debería ser para 39.737 presos y 359 adolescentes infractores.
Nuevamente, Lafattoria fue la única empresa en presentar una oferta.
La oferta fue calificada en primera instancia. Pero, el SNAI le solicitó a la empresa que convalidé un error aritmético. Según los registros, Lafattoria se equivocó en el número de comidas que iba a servir en el año del contrato.
Ese error se solucionó, pero la contratación tampoco pudo concretarse.
Según el informe de la Comisión Técnica del proceso, dos de los seis documentos que presentó Lafattoria se encontraban sin firma electrónica validada.
Edmundo Moncayo, director del SNAI, solicitó a Laura Vallejo, directora del Sercop, el criterio sobre lo que ocurría. Y la entidad respondió que todos los archivos deben estar firmados electrónicamente.
Por esta razón, el SNAI declaró que la oferta electrónica de Lafattoria carecía de validez y volvió a declarar desierto el proceso.
Edmundo Moncayo, director del SNAI, prueba un plato de comida en las cárceles, el 19 de enero de 2020.SNAI
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