En Ecuador 4.221 niños son víctimas de violencia sexual en las aulas

Paola Guzmán Abarracín estaría cumpliendo 34 años este 10 de diciembre de 2020.

Sin embargo, ayer, 9 de diciembre, su madre Petita Abarracín estaba recibiendo por parte del Estado ecuatoriano, las disculpas públicas por la violencia sexual que vivió su hija y que la llevaron —a modo de denuncia— a quitarse la vida hace 18 años.

"Recibo las disculpas aunque nada podrá devolverme a mi hija. Hoy, acepto el título póstumo de bachiller en nombre de mi Paola porque era uno de sus sueños".

Petita Albarracín

Paola Guzmán fue víctima de acoso, violencia y abuso sexual desde que tenía 14 años por parte del vicerrector del colegio público donde estudiaba, en Guayaquil. Como consecuencia, quedó embarazada y fue obligada a abortar con el médico del colegio, quien le dijo que solo lo haría a cambio de sexo.

Por todo eso, a sus 16 años, el 12 de diciembre de 2002, la adolescente se suicidó.

Aunque han pasado casi dos décadas de eso, en Ecuador el panorama parece no haber cambiado.

Según un informe de Human Rights Watch (HRW), publicado el mismo día en que el Estado pedía disculpas a Albarracín, el caso de Paola Guzmán es tan solo un reflejo de lo que sucede en el sistema educativo del país.

"Entre 2014 y mayo de 2020, el Ministerio de Educación de Ecuador registró 3.067 denuncias de violencia sexual en las instituciones educativas", señala el reporte.

Sin embargo, el número de víctimas se incrementa a 4.221, pues en algunas denuncias se reportaron más de una víctima. Algunos, incluso, sufrían de discapacidad, dice el estudio que recoge testimonios de padres de familias, cuyos hijos fueron víctimas de estos delitos.

Por ejemplo, el de Fabián, padre de un niño de cinco años que fue violado por uno de sus profesores.

"Este es el dolor que uno tiene. Yo no solo lucho contra el abusador de mi hijo y su abogado. No. Es una lucha constante contra todo el sistema educativo fiscal, es una lucha constante", relató.

El estudio de HRW también revela que las víctimas sufren de acoso, intimidación y bullying luego dar a conocer los abusos.

Lo preocupante —dice la organización— es que esas acciones provienen de los docentes, de los directores, de los familiares de los abusadores y de las asociaciones de padres de familia de los colegios. 

Tal como le sucedió a Paola Guzmán, pues su abusador fue el vicerrector de su colegio.

El informe también detalla que "los profesores, el personal escolar, los conserjes, los conductores del transporte escolar y los compañeros de estudio" son los principales victimarios.

Con relación al tipo de delitos, el acoso sexual y las violaciones son lo que tienen mayor incidencia. Sin embargo, también aparecen la distribución de material pornográfico y el uso de medios electrónicos.

El representante del Pacto por la Niñez y Adolescencia, Manuel Martínez, califica de escandalosas y preocupantes las cifras expuestas por Human Rights Watch. "Es increíble que sigan apareciendo nuevas denuncias sobre profesores o personal administrativo que abuso de los niños".

Martínez asegura que se trata de un problema que no ha recibido "la suficiente atención de las autoridades, pues las promesas de atacar el problema se quedan en discursos".

Y añade que es necesario un trabajo interinstitucional que desarrolle políticas públicas que apunten a erradicar este problema.

Sin recursos para erradicar el problema

El estudio de Human Rights Watch (HTW) denuncia que el Estado ecuatoriano no invierte recursos en la prevención y erradicación de la violencia en contra de los niños.

Y pone como ejemplo al gobierno de Rafael Correa. "Este gobierno adoptó un protocolo y un plan nacional para erradicar los delitos sexuales en el sistema educativo y lanzó una campaña nacional. Pero en la práctica no invirtió dinero en la ejecución del plan".

Incluso, la organización internacional recuerda que en la administración de Correa salió a la luz uno de los casos de violencia sexual estudiantil más "devastadores".

41 niños, de entre 10 y 11 años, fueron agredidos sistemáticamente por un profesor que trabajaba en un colegio ubicado en el sur de Quito.

El caso, conocido como AAMPETRA, obligó a que el gobierno del actual presidente Lenín Moreno reconozca los "altísimos niveles de violencia sexual relacionados con instituciones educativas".

Y aunque HRW dice que "el país ha realizado importantes avances para reconocer la magnitud del problema, todavía enfrenta serios problemas en la forma en la que las instituciones educativas responden a la violencia sexual".

Manuel Martínez, representante del Pacto por la Niñez y la Adolescencia, coincide con HRW en que el Estado ecuatoriano no destina recursos para combatir el problema.

"No hay dinero para erradicar la violencia. Las autoridades hacen una campaña cada cierto tiempo o alguna reunión con los colectivos sociales, pero nada de inversión".

Martínez considera necesario que el Estado destine recursos para la prevención de la violencia sexual en contra de los niños, así como para mejorar el sistema judicial.

La justicia, una barrera

Solo el 3% de los casos denunciados llegaron a un juicio, dice el reporte de HRW. Es por eso que considera que la justicia ecuatoriana no siempre responde a los intereses de los niños.

A esto se suma el retraso en los procesos judiciales que agotan los recursos económicos de las familias que buscan que sus denuncias no queden en la impunidad.

Pero estos no son los únicos problemas. Manuel Martínez, del Pacto por la Niñez y la Adolescencia, sostiene que "los operadores de justicia no están capacitados para recibir y resolver este tipo de denuncias".

"No es posible que un niño tenga que rendir su versión en reiteradas ocasiones para que la justicia compruebe que no miente. La revictimización ocasiona un gran daño psicológico en los niños".

Es por eso que HRW considera que el próximo gobierno implemente una política de cero tolerancia hacia la violencia sexual en contra de los niños.

E insta a que las autoridades a "aumentar los recursos para prevenir y responder a la violencia sexual en las instituciones educativas y restablecer los presupuestos de sus políticas nacionales para prevenir la violencia de género y los embarazos de adolescentes". 

Una sentencia pendiente

Las disculpas que ofreció el Estado a la madre de Paola Guzmán son solo el primer paso de la sentencia que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en agosto de 2020.

En el evento de disculpas, se cumplieron, además, dos de las otras medidas que decretó la Corte: otorgar el título póstumo a Paola Guzmán y determinar un día contra la lucha de la violencia sexual en las aulas. El día elegido fue el 14 de agosto y se oficializó mediante decreto ejecutivo.

Pero hay otros pendientes.

Ahora, el Estado deberá implementar la educación sexual en las escuelas y colegios, pues la Corte IDH consideró el derecho a este tipo de educación como parte del derecho integral a la educación.

Esto podría ayudar, según las organizaciones de la sociedad civil, a prevenir más casos.

Se debe levantar una estadística sobre los casos en los planteles, así como detectarlos y denunciarlos oportunamente.

Además, se debe capacitar al personal educativo respecto al abordaje y prevención de situaciones de violencia sexual.

Así, esta sentencia sería clave para combatir esa realidad que se refleja en el estudio de Human Rights Watch y otras investigaciones que, a pesar de las cifras preocupantes, muestran un subregistro.

Por esos niños, niñas y adolescentes que están viviendo lo que vivió Paola Guzmán pidió su madre este 9 de diciembre.

"Por ellas y por la memoria de mi hija, espero que se cumpla la sentencia de la Corte. Que el Estado, más allá del Gobierno de turno, siga cumpliendo e implementando las medidas dictadas".