Crece el número de niños violentados que llega a casas de acogida

En marzo de 2021, Andrés (nombre protegido), de solo cuatro años, tuvo que dejar su hogar para ir a vivir a una casa de acogida, ubicada en el sur de Quito.

La Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) comprobó que el pequeño fue víctima de negligencia de parte de sus padres, pues no había recibido una adecuada alimentación, ni cuidados médicos.

El Código de la Niñez y Adolescencia define a la negligencia parental como "el descuido grave o reiterado en el cumplimiento de las obligaciones con los niños, niñas y adolescentes".

César Quiroz, director de Servicios de Protección Especial del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), dice que el caso de Andrés es solo uno de los 195 niños y adolescentes violentados que han llegado a las casas de acogida en los primeros cuatro meses de 2021.

Más del 50% de ellos tiene entre cinco y siete años.

El funcionario explica que esa cifra revela una explosión de actos de violencia en lo que va del año.

"En 2018, 2.462 niños vivían en las casas de acogida. El número se incrementó a 2.469 en 2019, mientras que en 2020 la cifra fue 2.461. En lo que va de 2021 ya son 2.656 niños los que viven en estos lugares.

Quiroz dice que la negligencia parental, el maltrato, el abandono y la violencia sexual son las principales causas por las que los niños y adolescentes viven institucionalizados.

"No hay que olvidar que la mayor cantidad de casos de violencia sexual en menores de edad se produce en el círculo más cercano de los niños", explica el funcionario.

Otras causas por las que los niños llegan a casas de acogida son la orfandad y la trata de personas.

Quiroz dice que estos problemas se observan principalmente en Guayas y Pichincha, donde se registra el mayor número de niños, cuyos derechos se han violentado.

Problemas para estudiar

Uno de los mayores problemas que afrontan los niños que viven en casas de acogida es la dificultad para acceder al sistema educativo.

Con la llegada de la pandemia de Covid-19, este problema tomó una mayor dimensión, pues las clases pasaron a recibirse de formar virtual. No todas las casas hogar cuentan con Internet, o el servicio es deficiente.

Geraldine Guerra, vocera de la Red de Casas de Acogida, reconoce que el limitado acceso a Internet no es la única limitación. Tampoco hay computadores, tablets o celulares disponibles.

"Estamos en la búsqueda de apoyo público y privado para evitar que los niños dejen la escuela y cortar el círculo de la pobreza", dice Guerra.

Según el Ministerio de Educación, 92.253 alumnos abandonaron las aulas en el año lectivo 2020-2021 que estuvo marcado por la pandemia.

Más familia, menos casas de acogida

Uno de los objetivos que tiene MIES apunta a que las casas de acogida se conviertan en la última alternativa para los niños y adolescentes víctimas de violencia.

Desde 2019, la entidad trabaja en el fortalecimiento de medidas alternativas de acogimiento para esta población vulnerable.

Por ejemplo, la reinserción en el hogar, la custodia familiar o el acogimiento en la familia ampliada, dice César Quiroz, director de Servicios de Protección Especial del MIES.

Entre las opciones también está la posibilidad de que los niños y adolescentes puedan vivir en familias que los acojan antes de ser adoptados.

Para el funcionario, estas medidas buscan erradicar la doble vulnerabilidad que sufren estos niños.

"El acogimiento institucional es una medida privativa de la libertad que vulnera los derechos de los niños. A eso hay que sumar que, antes de llegar a una casa de acogida, el niño ya vivió otra vulneración, pues dejó su hogar y su familia", explica Quiroz.

Y sostiene que la institucionalidad de los niños debe ser la última medida que tomen las autoridades judiciales y no la primera como sucede en la actualidad.

En la actualidad de los 2.656 niños que viven en las casas de acogida, 800 pudieron haber sido parte de las medidas alternativas de acogimiento.

"El problema es que los órganos de justicia que determinan las medidas de acogimiento para los niños optan por las casas de acogida y no por las otras alternativas", dice Quiroz.

Es por eso que el MIES tiene previsto crear mesas de trabajo con las Juntas cantonales de protección de niños y adolescentes para impulsar la aplicación de las medidas de protección familiar.

Manuel Martínez, presidente del Pacto por la Niñez y la Adolescencia, dice que los derechos de los niños deben convertirse en una prioridad para el Gobierno.

"Todas las instituciones deben estar alineadas para eliminar los grandes problemas que sufren los niños". Y cita como ejemplos, el limitado a acceso a la educación y la desnutrición infantil que golpea a dos de cada cinco niños en el país".