Los niños viven una condena junto a sus madres en prisión

Las madres detenidas en Ecuador viven algunas tragedias. Camila tenía una hija de un año cuando entró a la cárcel de Latacunga. Tenía la opción de estar con ella hasta que cumpliera los tres años, pero prefirió no tomarla.

“Fue una decisión muy dura, con mi familia pensamos, y significaba que la niña estuviera encerrada también, y no merece ese trato”, relata Camila.

Hasta 2020, según la rendición de cuentas del SNAI, 24 niñas y 36 niños menores de tres años vivían con sus madres en siete centros penitenciarios del país.

Esa es la edad máxima permitida para que las madres puedan estar con sus hijos, pero eso no fue siempre así. 

Entre 2006 y 2008 fueron sacados de las cárceles 2.133 niños, niñas y adolescentes mayores de tres años, hijos de madres y padres privados de libertad. 

“Encontramos a una madre con sus seis niños en la cárcel del Inca, cuando estaba la prisión de mujeres. En Guayaquil encontramos en la cárcel de varones a un padre con cuatro hijos”, explica Lorena Chávez, directora del Mecanismo de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo. 

Lorena Chávez fue una de las personas que impulsó el rescate de los infantes de la cárcel, en un proyecto que se denominó Niños Libres, que ejecutó el ex Instituto de la Niñez y Adolescencia (Innfa).

Los niños vivían en prisión con sus padres en las mismas condiciones.

Según el diagnóstico que hizo en ese entonces la Defensoría del Pueblo, estaban expuestos a la desnutrición, a la deserción escolar, inseguridad, insalubridad, abandono y hacinamiento. 

No disponían de una ración alimenticia acorde a sus necesidades, tenían poca atención médica y psicológica, eran testigos de actos violentos. Convivían con el tráfico y consumo de drogas.

El proyecto consistió en reubicarlos con familiares directos o en familias ampliadas.

“Los niños iban con becas de USD 100 a la casa de las personas, máximo se daban tres becas. La organización acompañaba casi a diario a esas familias para ayudar a crear vínculos con los niños”,  dice Chávez.

En algunos casos, cuando las personas que acogían tenían dificultad para manejar dinero, las organizaciones compraban los alimentos, útiles escolares o uniformes. 

“Tenían apoyo terapéutico constante y se hacía un acompañamiento para que los niños no perdieran el vínculo con sus padres y madres que estaban privados de libertad con visitas a los centros”, explica Chávez.

Casas de confianza

En el caso de las niñas y niños menores de tres años, se crearon espacios de protección dentro de los centros penitenciarios para que puedan mantener los vínculos afectivos con las madres, pero también por su seguridad.

Espacios que hasta la actualidad se mantienen como Casas de Confianza, donde todas las madres que tengan hijos menores de tres años pueden solicitar ir allá. Pero a partir de los dos años, comienza la separación del niño y la madre.

Para las mujeres que están embarazadas en las cárceles, 12 en 2020, ellas son trasladadas a las Casas de Acogida a partir de los ocho meses de gestación. 

En 2008, el Ministerio de Inclusión Económica y Social asumió la continuidad en la ejecución del proyecto, y se atendieron 890 niños que fueron reubicados en una familia ampliada y para los que no contaban con un referente familiar tuvieron acogimiento institucional como último recurso.

Un problema de competencias

¿Qué pasó con todos ellos y con los hijos de quienes constantemente ingresan a los centros penitenciarios? Ninguna institución tiene una respuesta.

PRIMICIAS solicitó información y una entrevista con los voceros del MIES, pero dijeron que no tienen ninguna competencia, que es el Sistema de Atención Integral de Personas Privadas de Libertad (SNAI) y la Secretaría de Derechos Humanos.

Según el MIES, dentro de sus casas de acogidas pueden haber hijos de personas privadas de libertad, que por orden de un juez son ingresados a esa institución, pero tampoco enviaron la información de cuántos niños están en esas casas.

La secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, explicó que “cuando se transformó el Ministerio de Justicia fue un proceso desordenado, muchas de las competencias del Ministerio se dividieron entre la Secretaría de Derechos Humanos y el SNAI”.

Y justamente una de las competencias que quedó flotando fue el acompañamiento a los familiares de las personas privadas de libertad, pero “en la actualidad eso ha sido superado y está bajo la rectoría del Ministerio de Inclusión Económica y Social”, dijo Ordóñez.

El SNAI respondió con el reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, que específica que la competencia de atención, protección y cuidado de las niñas y niños que viven dentro de las cárceles es del MIES. 

Esta institución, según el artículo 85 del mismo reglamento, debe dar “seguimiento a hijas e hijos de personas privadas de libertad menores de 18 años de edad y que estuvieron bajo su cuidado”. Pero el MIES parece no conocer sobre esas competencias.

La crisis penitenciaria es también de derechos humanos donde están los niños, hijos de las personas privadas de libertad y que en muchos casos viven adentro y afuera de los centros penitenciarios en situación de vulnerabilidad.