Niños y adolescentes, víctimas colaterales de la violencia en Ecuador

Sebastián es una de las 92 víctimas de homicidio intencional contra niños y adolescentes registradas en Ecuador en 2021. Él tenía 11 años y disfrutaba de un helado con sus padres y su hermana en un local del barrio Centenario, en el sur de Guayaquil.

Eran las 17:00 del domingo 17 de octubre, cuando un delincuente entró a robar a la heladería.

Un policía estaba en el lugar y al percatarse del asalto gritó: “¡alto, Policía! y comenzaron a disparar”, relató Tomás Obando, padre de Sebastián. 

“Alcancé a tirar a mi hija al piso, pero mi hijo salió corriendo y no lo alcancé, cuando logré cogerle el pie ya le habían impactado en el corazón”, cuenta Tomás. 

"En el carro, él venía en mis brazos y no podía respirar por más que trataba de reanimarlo".

Tomás Obando, padre del niño asesinado.

Sebastián recibió cuatro impactos de bala. “¿De qué arma salieron esas balas, del delincuente o del policía? Eso es lo que se deberá determinar”, aseguró Joselito Argüello, abogado de la familia Obando. 

Argüello cuestiona el accionar del policía por sacar el arma en un lugar cerrado y con niños.

“No debió actuar nunca de esa manera, si él quería tomar un tipo de acción debía ser para repeler la agresión o ejecutar una persecución, pero en un escenario abierto”, dijo el abogado. 

Según él, la acción del policía no fue dolosa, pero sí una "negligencia en el uso progresivo de la fuerza".

“Ya presentamos la denuncia correspondiente”, anunció el abogado Argüello, quien aseguró que ni la Policía, ni la Fiscalía están colaborando con la investigación.

Luego del ataque, el delincuente huyó con otro sujeto que lo esperaba afuera en una motocicleta. Aún no se conocen sus identidades.

“La Dinased captura a dos personas y le dicen al padre que ellos son los responsables del delito, para que él (el papá) dijera que sí, pero él les dijo que las personas que le mostraron no son los delincuentes”, explicó Argüello. 

Por eso piden que revisen los videos de seguridad, porque el sospechoso no usaba mascarilla.

Entierran a otra víctima colateral de la violencia

Amalia Sandoval tenía 54 años y había llegado a Ecuador hace dos años para tratar el cáncer de su padre, porque en Venezuela no hay los medicamentos. 

Era artesana y comerciante informal. Tejía carteras y pulseras y las vendía en el centro de Guayaquil. Se sentaba en el piso con su nieta de cuatro años, en las transitadas calles de Pedro Carbo y Vélez, en el centro de Guayaquil, donde exhibía la mercadería. 

Eran las 08:00 del 4 de octubre cuando un delincuente intentó robar la cartera de una mujer que hacía fila para entrar al banco y un policía intervino. Hubo cruce de balas y una de ellas entró por el tórax de Amalia y salió por la espalda. 

La mujer fue llevada al Hospital de Guayaquil “y le dieron de alta unas horas más tarde, pero al día siguiente, se puso mal. Regresamos al hospital, pero mi mamá ya estaba mal”, cuenta Linda Zavala. 

Amalia murió el 18 de octubre. En casa, un abuelo lucha contra el cáncer y una familia que vive de las ventas diarias no ha podido pagar la renta y el casero les ha pedido que se fueran.

Después de enterrar a su madre, Linda iba en el bus pensando dónde pasarán la noche. “Usted sabe que para cualquier alquiler se necesita dejar una garantía y no tenemos ese dinero”, expresó.

Las propuestas de la sociedad civil

En 2021 se han producido 92 homicidios intencionales contra niños y adolescentes hasta los 19 años, según datos del Ministerio de Gobierno, es decir 35 casos más que en 2020.

La mayoría de los homicidios se cometió con armas de fuego “y quieren poner más armas en las calles, así sea de manera legal”, cuestiona César Cárdenas, del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos de Guayaquil.

Se refiere a la propuesta de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, de que la ciudadanía pueda portar armas para su defensa. 

“Las organizaciones civiles debemos estar en los consejos de seguridad porque somos nosotros los que conocemos directamente lo que ocurre en las calles”, propone Cárdenas, quien cree que hay una desconexión de las autoridades con la realidad. 

En el Observatorio de Políticas Públicas tampoco creen que la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad ciudadana sea la solución.

“Eso va a desembocar en algunos tipos de violaciones de derechos humanos. Las Fuerzas Armadas están preparadas para combatir enemigos externos”, dice Manuel Macías, director del organismo. 

Para Macías, se debería fortalecer a la Inteligencia policial y a todas las instituciones que manejan la seguridad en el país.

“En este caso, el Estado ecuatoriano está luchando con un actor que tiene unos recursos más ágiles, innovadores, con mucho dinero, y los hace competir en términos de quién es más efectivo”, dice Macías.