Narcotráfico, asesinatos y cárceles precipitaron la emergencia de seguridad

Aunque la crisis de seguridad en Ecuador no es nueva, en 2021 ha alcanzado niveles preocupantes. Las muertes violentas en las calles y en las cárceles han subido drásticamente.

Todo apunta a que la tasa por cada 100.000 habitantes cerrará el año por encima de los 13 puntos. Esta sería la cifra más alta de la última década. Y según la ONU, esta tasa es el principal indicador de violencia y criminalidad en un país.

Según los informes de inteligencia policial, la mayoría (el 59%) de estos asesinatos está relacionado con el crimen organizado y, específicamente, con el narcotráfico.

Las bandas organizadas ecuatorianas y sus células, que por varios años convivieron en una relativa paz, ahora se disputan los espacios del microtráfico de drogas así como las actividades complementarias al tráfico internacional cómo logística, transporte y seguridad.

La mayor penetración del narcotráfico en Ecuador se refleja en las cifras de incautaciones. Entre enero y el 17 de octubre de 2021, la Policía Nacional decomisó 147 toneladas de droga y superó su propio récord. En 2017, los uniformados incautaron 130 toneladas, la cifra más alta de la historia, hasta entonces.

Pero, esta situación dejó de ser una disputa delincuencial y se convirtió en un real problema de seguridad nacional. En este año, por ejemplo, ha habido 92 menores de edad asesinados como víctimas colaterales a los conflictos criminales.

Ante esta situación, el 18 de octubre de 2021, el presidente Guillermo Lasso declaró el estado de excepción en todo el país por 60 días. El objetivo es mitigar esta crisis de seguridad.

La percepción ciudadana

La situación de inseguridad y violencia que vive el país no es solamente vivida por los grupos criminales y la fuerza pública. Una encuesta realizada por la firma Click Research evidencia que la delincuencia y la inseguridad es el principal problema del país.

La encuestadora Click realizó 760 entrevistas en hogares de Quito y Guayaquil, en octubre de 2021. Los resultados, según la nota metodológica del estudio tienen un 95% de representatividad en el país y el 3% del margen de error.

Y en temas de seguridad, el estudio va más allá. Por ejemplo, el 73% de los encuestados dijo que ha sido víctima de algún delito en lo que va del año. El mayor porcentaje de esta respuesta está en Guayaquil.

Sobre las causas de la inseguridad, la mayoría de los encuestados apunta a la crisis económica. Para solucionar este problema, el Gobierno enviará a la Asamblea un proyecto económico urgente para, según dice, reactivar la economía y generar más empleos.

Derechos Humanos

Según la Constitución ecuatoriana, durante los estados de excepción el Presidente de la República puede suspender o limitar:

• El ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio.
• Inviolabilidad de correspondencia.
• Libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión.
• Libertad de información.

En esta ocasión, Lasso no ha suspendido ni ha limitado ningún derecho en su decreto ejecutivo. Por ejemplo, las manifestaciones en su contra, programadas para esta semana, podrán realizarse con normalidad. Aunque, en cualquier momento podría emitirse un decreto complementario o modificatorio.

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ya llamó la atención a Ecuador por este tema en 1998.

Ese año, la Comisión Interamericana (CIDH) aseguró que el Estado tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad ciudadana.

Pero, advirtió que "combatir la delincuencia mediante la suspensión de garantías individuales en virtud del estado de emergencia, no se ajusta a los parámetros exigidos por la Convención Americana".

El abogado David Cordero Heredia, además, recuerda que la Corte IDH condenó al Ecuador por el mal uso de los estados de excepción para combatir la delincuencia, lo hizo en el caso Zambrano Vélez, en donde estableció los límites del uso de este mecanismo y advirtió nuevamente sobre el uso de las Fuerzas Armadas.