Baja ejecución del presupuesto de Quito muestra una gestión pobre
Más de USD 99 millones fueron destinados, sobre todo, al pago de salarios y prestaciones de la seguridad social, según la Secretaría de Planificación.
Imagen de los trenes del Metro de Quito, el 24 de noviembre de 2020, en Quitumbe.
Metro de Quito
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Una de las consecuencias que se deriva del impacto de la pandemia de Covid-19 y de la crisis institucional que vive el Municipio de Quito es la baja ejecución presupuestaria de sus entidades adscritas.
El último informe elaborado por la Secretaría de Planificación revela que, en el primer semestre de 2021, el Municipio apenas ha ejecutado el 29% de los 757 millones de que dispone para todo el año. Esto significa que la entidad solo ha utilizado USD 219 millones.
Lo que llama la atención es que del monto ejecutado, USD 99 millones (o el 45%) corresponden a gasto corriente. Es decir, a pago de salarios de los funcionarios municipales y sus prestaciones de seguridad social.
Los USD 120 millones restantes se destinaron a inversión en proyectos de inclusión social, ambiente, desarrollo productivo, educación y salud, dice la Secretaría de Planificación.
El concejal Fernando Morales dice que las cifras entregadas por la Secretaría de Panificación reflejan que la "ejecución y la planificación no van de la mano con el discurso del alcalde Jorge Yunda".
Agrega que "la gestión no ha sido buena, pues las obras que el Alcalde ha entregado en las últimas semanas no solucionan los problemas de la ciudad, pues poner 20 metros de adoquinado no es nada", dice.
¿Qué pasa con el Metro?
El Metro de Quito cuenta con un presupuesto de USD 230 millones para 2021. Esta cifra corresponde al 30% de los USD 757 millones que tiene el Municipio para este año.
A pesar de la importancia de esta obra y de sus retrasos, la ejecución presupuestaria del Metro en el primer semestre apenas alcanza el 21,48% y es inferior al nivel de ejecución del resto del presupuesto municipal, que es del 29%.
Para mejorar estos indicadores, la concejala Mónica Sandoval insiste en que el Concejo Metropolitano debe llegar a acuerdos mínimos, independientemente de quién sea el Alcalde.
El objetivo, dice, es "establecer de forma definitiva el modelo de gestión del Metro para su puesta en marcha".
Las entidades con menor ejecución
El presupuesto con el que cuentan las empresas y las entidades municipales proviene de dos fuentes: de los recursos asignados por el Municipio y de sus propios recursos.
La Secretaría de Planificación explica que la ejecución presupuestaria del dinero entregado por el Municipio supera el 88%, frente al 32,20% de la ejecución de los recursos propios de cada entidad.
Y da a conocer cuáles son las entidades que tienen la ejecución presupuestaria más baja, tomando en cuenta sus propios recursos:
- Consejo de Protección de Derechos: 0%.
- Metro de Quito: 4%.
- Fundación Museos de la Ciudad: 5%.
- Fundación Teatro Nacional Sucre: 6%.
- Empresa de Hábitat y Vivienda: 11%.
- Empresa de Seguridad: 15%.
- ConQuito: 17%.
- Empresa de Obras Públicas: 18%.
Puerta giratoria de alcaldes
La Secretaría de Planificación dice que la baja ejecución responde en gran parte a las restricciones de movilidad, aforo y de actividades en el espacio público que fueron adoptadas en la ciudad para frenar los contagios de Covid-19.
Aunque reconoce que "el cambio de autoridades perjudica la ejecución de la planificación. Pues cada funcionario tiene una visión diferente, ocasionando que los procesos deban reiniciarse" cada vez que la ciudad cambia de Alcalde.
Algo que ha sucedido varias veces este año, pues primero Jorge Yunda fue destituido la madrugada del 3 de junio por una mayoría del Concejo Metropolitano, lo reemplazó el entonces vicealcalde, Santiago Guarderas, que se posesionó la noche del 19 de julio.
Luego, el 30 de julio, Yunda regresó a la Alcaldía tras un fallo de la decisión de la Corte Provincial de Pichincha que le restituyó sus 'derechos constitucionales', por lo que Guarderas ha dicho que está a la espera de ejecución de la sentencia de la Corte para acudir a la Corte Constitucional para interponer una acción extraordinaria de protección con la que pretende volver al cargo.
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