Municipio podría perder antigua estación norte del Trole por enredo judicial

El Municipio de Quito enfrenta un nuevo problema en medio de la inestabilidad institucional derivada de la disputa que mantienen Jorge Yunda y Santiago Guarderas por la Alcaldía.

Se trata del embargo del terreno en el que funcionaba la estación norte del Trole, ubicada en sector conocido como la Y, en la avenida 10 de Agosto.

La concejala Mónica Sandoval explica que todo inició en 2015 durante la administración del exalcalde Mauricio Rodas, quien impulsó la construcción del proyecto Solución Vial Guayasamín para unir a Quito con los valles de Cumbayá y Tumbaco.

Para avanzar con ese proyecto, el Municipio tuvo que expropiar un terreno de más de 20.000 metros cuadrados en el sector del barrio Bolaños, que estaba avaluado en USD 86.378.

Ese terreno pertenecía a siete copropietarios que no estaban de acuerdo con esa cifra y al sentirse perjudicados pidieron a la justicia la revisión del proceso. El 3 de julio de 2018, la autoridad judicial les dio la razón y avaluó la propiedad en un valor cercano a los USD 3 millones.

Eso significaba que la Empresa Municipal de Obras Públicas (Epmmop) debía cancelar ese valor a los copropietarios del terreno expropiado en el barrio Bolaños por orden judicial, pero no lo hizo.

Eso provocó que el proceso judicial avance, hasta que en 2020 llegó una resolución sorpresiva que indicaba que el terreno donde funcionaba la estación norte del Trolebús, en el sector de El Labrador, quedaba embargado para garantizar el pago a los afectados, explica Sandoval.

Para la concejala ese fallo judicial no tiene sentido porque "no hay ninguna relación entre el terreno expropiado y el inmueble municipal".

Sandoval reconoce que una persona que sufre una expropiación tiene derecho a recibir un pago justo por ese proceso.

Sin embargo, asegura que para avaluar ese terreno (en el barrio Bolaños, ubicado cerca del peaje del túnel Oswaldo Guayasamín) "se utilizó el precio del metro cuadrado de Cumbayá, que es uno de los más altos de la ciudad".

El director Metropolitano de Gestión de Bienes Inmuebles, Bruno Andrade, ratifica en un informe elaborado el 19 de agosto de 2021 que la Epmmop es la entidad que debe pagar los USD 3 millones y no el Municipio de Quito.

En el documento, Andrade dice la Empmop "confundió a la autoridad judicial para que la obligación recaiga sobre el Municipio de Quito, cuando se trata de un procedimiento expropiatorio de esa entidad".

En esa línea, el alcalde Jorge Yunda ya ordenó la Epmmop que desarrolle el "procedimiento administrativo y financiero interno que permita el pago con recursos propios y ante la autoridad judicial".

El abogado de los expropietarios del terreno del barrio Bolaños, Germán Idrobo, contradice a Sandoval y asegura que el proceso data de 2002, cuando empezó el proyecto de construcción del túnel Oswaldo Guayasamín.

"En ese año, el alcalde debió declarar al terreno como un bien de utilidad pública para empezar la obra. Algo que no pasó, por lo que la expropiación fue inconstitucional", dice.

Él asegura que el embargo del inmueble municipal es "totalmente legal, pues la Epmmop es parte del Municipio".

Defensa del Municipio de Quito

La única alternativa que encontró el Municipio de Quito ante la decisión judicial de embargar el terreno donde funcionó la estación norte del Trolebús fue interponer una acción extraordinaria de protección ante la justicia constitucional.

La concejala Mónica Sandoval reconoce que este recurso no impide que el embargo se ejecute. "Lo que puede pasar es que, si la justicia da paso a esa acción, los expropietarios deberán devolver los USD 3 millones".

Germán Idrobo, abogado de los expropietarios, dice que el recurso interpuesto por el Municipio busca reducir el precio del terreno expropiado y que sea un juez el que lo determine. "Esperemos que eso no pase porque sería atentar contra los derechos de quienes se quedaron sin su propiedad".

Agrega que en las últimas semanas ha habido conversaciones con representantes del Municipio de Quito para llegar a un acuerdo de pagos. El abogado insiste en que si no se llega a un consenso, solicitará el avalúo del terreno municipal (donde operaba la estación del Trole) para iniciar la venta.