Municipio de Quito, crisis de gabinete por sospechas de corrupción

Actualizado a las 12:05 con la detención del gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito

Las denuncias sobre presuntos actos de corrupción y negligencia en diferentes dependencias municipales han causado una crisis en el gabinete del alcalde de Quito, Jorge Yunda.

La mañana del 3 de junio de 2020, su administración sintió un nuevo golpe: la Fiscalía detuvo al gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito (Epmaps) por un presunto sobreprecio en la compra de insumos de bioseguridad.

Durante los 12 allanamientos realizados por la Fiscalía se detuvo a cinco personas más, entre ellos Sofía R., prima del vicealcalde de la ciudad, Santiago Guarderas.

La noche anterior, Yunda había denunciado un ataque a las cuentas de la Empresa de Agua Potable. "Recibí una alerta de una transferencia monetaria de USD 1,3 millones desde las cuentas que tienen la Epmaps en el Banco Central hacia Estados Unidos y Hong Kong", dijo.

Según el alcalde, las transacciones no se hicieron efectivas, pero agregó que ha solicitado que la Fiscalía investigue el hecho.

El Banco Central, por su parte, dijo en un comunicado que sus sistemas no han sufrido ningún ataque y que ninguna cuenta ha sido hackeada.

La detención del gerente de la Epmaps se suma a otras tres acusaciones en contra de funcionarios de círculo cercano de Yunda que se registraron en solo cuatro días, entre el 26 y el 29 de mayo de 2020.

Sobreprecio en pruebas PCR

Los problemas para Yunda empezaron con una denuncia de posibles sobreprecios en la compra de 100.000 pruebas tipo PCR, realizada por la Secretaría de Salud, que era dirigida por el entonces secretario, Lenin Mantilla.

La Secretaría de Salud habría gastado USD 3,7 millones en la adquisición de 100.000 pruebas PCR, además de equipos de extracción para las muestras, reactivos e insumos, según un reportaje de Teleamazonas del 26 de mayo de 2020.

La Fiscalía allanó la vivienda de Mantilla, las oficinas de la Secretaría de Salud, del Municipio de Quito y de la empresa proveedora Saludmed.

La concejal Luz Elena Coloma dijo, incluso, que la oferta ganadora fue la más costosa. 

El escándalo terminó con la salida de Mantilla de la Secretaría de Salud después de que Yunda le pidió dejar el cargo hasta que las autoridades investigaran las acusaciones.

Yunda dijo que "estamos separando a cualquier a funcionario que tenga el mínimo cuestionamiento".

Funcionarios sin diagnóstico

A la denuncia del presunto sobreprecio en pruebas de Covid-19 se sumó el hecho de que las 100.000 pruebas, que fueron adquiridas para diagnosticar a los funcionarios del Municipio para medir el avance del virus, no han sido aplicadas a todos.

Las pruebas estaban destinadas a funcionarios como policías, agentes de tránsito, bomberos, agentes de control y personal sanitario, que están más expuestos a un contagio de Covid-19.

Hasta el 26 de mayo, la secretaría de Salud solo había tomado 624 pruebas de las 100.000 que había adquirido.

El director del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de Quito, Wilson Toalombo, dijo que “se tenía al personal listo y no llegaron. Lastimosamente no se pudieron hacer las pruebas”. 

Dos días después de la denuncia del presunto sobreprecio, funcionarios de la Secretaría de Salud empezaron a tomar muestras a comerciantes, bomberos, transportistas y agentes de tránsito.

Yunda defendió el trabajo de la Secretaría al explicar que, para realizar las pruebas PCR, es necesario calibrar equipos, capacitar al personal sanitario, hacer la extracción de las muestras y conocer sobre el manejo de reactivos.

El mismo alcalde salió a las calles para informar que el Municipio ya hace uso de las pruebas PCR que adquirió y que se procesarán 1.500 tests diarios.

El 1 de junio de 2020, el secretario de Salud (e), Laureano Restrepo, dijo que en los próximos días la ciudad estará en la capacidad de realizar 800 pruebas diarias para acercarse al objetivo que prometió el alcalde.

¿Hospital con comisiones?

Para frenar el avance de la pandemia, Yunda anunció la construcción de un hospital provisional y la llegada de un millón de pruebas PCR.

Pero el 29 de mayo, el Municipio recibió otro golpe: el exalcalde de la ciudad, Roque Sevilla, denunció que en el hospital provisional Quito Solidario, construido para recibir pacientes de Covid-19, se estaban cobrando comisiones.

Sevilla dijo a PRIMICIAS que "hace tres semanas recibí una llamada de un empresario que es propietario de una fábrica de divisiones modulares. Me comentó que uno de sus clientes había ofrecido estas divisiones para el hospital emergente (Quito Solidario)".

El exalcalde agrega que "la abogada del departamento jurídico, supongo que de la Secretaría de Salud, le habría dicho (al cliente) que debía pagar un 20% de comisión si quería ser proveedor del hospital".

Sevilla aclara que en su denuncia no se refirió a funcionarios de la Procuraduría del Municipio, por lo que se debe investigar si se trata de los abogados de la Secretaría de Salud.

Lo que sí deja claro es que "el Municipio es la entidad que debe averiguar quién estaría implicado en actos de corrupción".

El alcalde Jorge Yunda y el procurador del Municipio, Dunker Morales, solicitaron a la Fiscalía investigar los posibles ilícitos para aclarar la denuncia de Sevilla.

El exalcalde pide a la Fiscalía que investigue el caso porque "hasta el momento nadie me ha llamado a rendir mi versión".

¿Negligencia con la basura?

Otro problema que se suma es la amenaza de una crisis ambiental por falta de capacidad en el relleno sanitario de El Inga para recibir las 2.200 toneladas diarias de basura que produce la ciudad.

El concejal Eduardo del Pozo dijo que "desde hace un año se supo que el cubeto 9B, el último disponible en el relleno, tendría vida útil hasta mediados de 2020".

Del Pozo explicó que no ha habido planificación para la construcción de un nuevo cubeto, por lo que "no sabemos a dónde irá la basura que produce la ciudad, lo que habla de una clara negligencia".

Esta denuncia derivó en la salida de Hernán Alvarado, quien era gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Emgirs), encargada del procesamiento de la basura.

PRIMICIAS buscó la versión de Alvarado, pero no obtuvo respuesta.

A esta salida se sumó la de Juan Carlos Avilés, secretario de Ambiente, sin que hasta el momento se conozcan las causas de su renuncia, además de la del gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, Mauricio Rosales.

La renuncia de Rosales fue confirmada la noche del 2 de junio de 2020.

Desde la Alcaldía también se informó que Yunda analiza si continúa en el cargo el gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito, Darío Chávez.

La concejala Luz Elena Coloma cree que "el alcalde no puede desmarcarse de los temas críticos. Si bien puede dar autonomía de contratación a sus secretarios tiene que seguir la gestión con mucha prolijidad".

Aumento de popularidad

Jorge Yunda llegó a la alcaldía en mayo de 2019 con el 22% de los votos y en medio de dudas sobre el futuro de su administración.

Casi un año después, el 17 de abril de 2020, la empresa Cedatos publicó una encuesta en la que Yunda aparecía con un 82% de aprobación, gracias al manejo de la crisis sanitaria.

A pesar del aumento en su aprobación, Yunda ha señalado que, por ahora, no busca ser candidato a ninguna dignidad.

El analista político Santiago Basabe cree que "es difícil que la popularidad de Yunda se mantenga en números altos por el desgaste natural que sufre toda administración política con el paso del tiempo"

Agrega que luego de la pandemia se podrá evaluar su gestión para saber si cuenta con un real apoyo de la ciudadanía.