Gobierno ensayará nuevo modelo para atención a mujeres víctimas de violencia

El futuro de las más de 100 mujeres víctimas de violencia que viven junto a sus hijos en las cinco casas de acogida que reciben recursos del Gobierno es incierto, así como el de decenas de mujeres que a diario son atendidas psicológica y legalmente en otros 17 centros que también son financiados con recursos públicos.

La Secretaría de Derechos Humanos asegura que el funcionamiento de estos espacios, tal como se desarrolla hasta ahora, está garantizado hasta el 31 de marzo de 2022, pues actualmente trabaja en la organización de un concurso abierto para la firma de nuevos convenios que estarán vigentes entre abril y diciembre de este año.

El Gobierno y los 21 centros que existen firmaban directamente los convenios de operación considerando la experiencia que han adquirido desde hace más de 10 años en la atención a mujeres que han sufrido violencia.

Las organizaciones sociales advierten que con el nuevo modelo propuesto por el Gobierno, al tratarse de una convocatoria abierta, existe la posibilidad de que uno o algunos de los 21 lugares que funcionan actualmente no ganen el concurso y dejen en indefensión a las mujeres que atienden.

Geraldine Guerra, directora de la Red Nacional de Casas de Acogida, dice que tampoco está claro si el número de casas de acogida y de centros se aumentará o se reducirá.

"No tenemos ninguna certeza de que los servicios continúen porque no sabemos qué casas y centros van a seguir funcionando y con qué presupuesto".

Geraldine Guerra

La titular de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, explica que la Ley de Contratación Pública y La Ley de Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres prohíbe la suscripción de convenios de forma directa.

"Son USD 2 millones que están destinados a las casas de acogida y centros de atención en 2022 y hay que usarlos en las mejores propuestas", explica.

Sobre la posibilidad de que alguna de las casas de acogida no se adjudique un convenio, Ordóñez asegura que el Gobierno buscará opciones para no dejar desprotegidas a las mujeres y sus hijos.

Y adelanta que uno de los parámetros que se tomarán en cuenta para la firma de los acuerdos es la experiencia que tiene cada organización en temas relacionados con violencia de género.

"Vamos a esperar a lanzar el concurso para saber cuántas organizaciones presentan sus propuestas, mientras tanto no podemos adelantar nada", señala.

Problemas en los convenios

La secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, asegura que en los siete meses que tiene en el cargo ha identificado irregularidades en la firma de los convenios con las casas de acogida y centros de atención.

Dice, por ejemplo, que "han existido ocasiones en las que se han suscrito en abril o finales de marzo de cada año. La solución era poner una cláusula retroactiva que dice que el convenio tiene vigencia desde el 1 de enero. Eso jurídicamente es inviable y luego se tenía que firmar un convenio de pago y eso no es así".

Ordóñez asegura que el nuevo concurso que se lanzará a inicios de febrero apunta a corregir esos problemas, pues se lo hará tras reformar el reglamento que rige el funcionamiento de las casas de acogida y los centros de atención.

Ordóñez dice que en ese reglamento se establecerán algunos criterios:

• Control del gasto que realizan las casas de acogida.
• Responsabilidades de las partes que firman los convenios.
• Plazos para la asignación de recursos.

Con estas modificaciones, Ordóñez asegura que la atención de las mujeres que ha sido agredidas estará garantizada los 12 meses del año y no solo nueve meses como ocurre en la actualidad.

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