Mujeres tienen dificultades para recibir atención médica sexual

La pandemia de Covid-19 no solo deja más de 116.000 contagios y 6.648 fallecidos, en Ecuador. También ha impedido que mujeres accedan con normalidad a servicios de salud sexual y reproductiva, pues los hospitales y el personal sanitario está volcado a luchar contra la enfermedad provocada por el coronavirus.

Una encuesta realizada por organizaciones sociales a más de 500 mujeres, personas trans y no binarias, entre julio y agosto de 2020, reveló que el 47,66% tuvo dificultades para recibir atención médica sexual y reproductiva.

La cifra se incrementa al 72,95% entre las adolescentes y llega al 82,98% entre quienes ganan menos del salario básico unificado (USD 400). Es decir, mujeres que viven en situación de pobreza.

Según la encuesta, aplicada en 23 provincias, el 80,64% de las mujeres embarazadas o que dieron a luz durante la pandemia también tuvo problemas para recibir atención médica, lo que derivó en complicaciones en su estado de salud.

Las organizaciones sociales señalan que los principales servicios en los que las mujeres experimentaron barreras son:

Además, la encuesta revela que los hospitales del Ministerio de Salud son los lugares con mayores problemas para el acceso a atención medica sexual, seguidos de los hospitales y clínicas privados, y de los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Métodos anticonceptivos

Si bien el Ministerio de Salud dice que el uso de preservativos cayó un 68% durante la pandemia del Covid-19, las organizaciones sociales feministas registran cifras más bajas.

La encuesta, realizada entre julio y agosto de 2020, revela que el 37,68% de las mujeres dijo que no hubo métodos anticonceptivos en los hospitales, clínicas y centros de salud a los que acudió.

Paola (nombre protegido) dice que en Atuntaqui, provincia de Imbabura, "el principal inconveniente fue la carencia de métodos anticonceptivos en los centros de salud públicos durante los meses de la crisis sanitaria”.

Esto, asegura, la obligó a adquirirlos con su dinero en farmacias privadas para evitar un embarazo no deseado.

A esto se suma que el 31,88% de las personas encuestadas dijo que no fue atendida por un especialista, por lo que tuvo que acudir a otro centro de salud a buscar métodos anticonceptivos.

Las principales consecuencias de la falta de estos productos, según el estudio, se resumen en que:

• El 36,07% de las mujeres suspendió su método anticonceptivo.
• El 41,80% no pudo acceder a planificación familiar.
• El 31,15% tuvo que pagar un método anticonceptivo en un establecimiento privado.

Abortos

La encuesta de las organizaciones sociales detalla que el 75% de las mujeres que sufrió un aborto natural no fue atendida oportunamente por un médico y experimentó problemas en su salud.

Cristina, una mujer con discapacidad visual y auditiva, es una de ellas. "Tuve un aborto espontáneo, pero me negaron la atención por la emergencia sanitaria", pues no había suficiente personal médico para atender una emergencia obstétrica.

Es por ello que acudió a un médico privado, a pesar de no disponer de suficientes recursos económicos.

La directora del colectivo Surkuna, Ana Cristina Vera, dice que el nuevo Código de la Salud, evitará que las mujeres no reciban atención médica cuando sufran un aborto.

"El texto de la norma prohíbe que un médico se niegue a atender a una mujer que sufra un aborto y lo obliga a guardar confidencialidad, con lo que esperamos que no se registren denuncias en contra de más mujeres", dice.

Población LGBTI

La comunidad LGTBI también ha tenido dificultades para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva durante la pandemia.

Entre los principales inconvenientes que esta población ha tenido están:

• Escaso acceso a medicamentos para evitar la transmisión de enfermedad sexuales.
• Falta de medicamentos para prevenir el VIH.
• Limitado acceso a consultas ginecológicas.
• Dificultades para encontrar pruebas de detección de enfermedades de transmisión sexual y VIH.

Ante este panorama, las organizaciones sociales demandan que el Estado garantice el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva de toda la población, sobre todo, de las mujeres y de la comunidad LGTBI.

Además, piden que no se suspendan los servicios médicos de ginecología porque de estos dependen, muchas veces, la vida de las mujeres y de sus hijos.