Presencia militar en cárceles: entre la seguridad y los derechos humanos

Con chalecos antibalas, cascos y armas de alto calibre, 500 militares ingresaron a la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, el lunes 15 de noviembre de 2021.

La incursión se dio dos días después de la cuarta masacre del año. Entre la noche del 12 y la madrugada del 13 de noviembre, en esa cárcel fueron asesinados 62 detenidos.

La matanza se dio en pleno estado de excepción. El Gobierno declaró esta medida para todos los centros carcelarios del país y dispuso la movilización de militares hasta estos centros.

La diferencia con otros días y operativos, es que, esta vez, los militares habrían pasado el primer filtro de acceso a la cárcel.

Lo hicieron junto a 500 policías. Según explicó el Gobierno, con este operativo el Estado asumió el control total de las instalaciones de esa prisión de manera indefinida.

A través de los canales oficiales del Ministerio de Defensa se consultó las circunstancias de esta intervención militar, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

En el comunicado oficial sobre el operativo, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia aclaró que policías y militares cumplieron la normativa legal vigente.

Sin embargo, el 11 de octubre de 2021, la Corte Constitucional (CC) había limitado las acciones militares durante el estado de excepción carcelario.

"La movilización y participación de las Fuerzas Armadas en el control de la seguridad de los Centros de Privación de Libertad (...) será constitucional siempre que se circunscriba al perímetro exterior, incluido el primer filtro de ingreso", anotó el organismo en el Dictamen No. 5-21-EE/21 del 6 de octubre de 2021.

La Corte y las Fuerzas Armadas

Luego de la última masacre, el presidente Guillermo Lasso y la Corte Constitucional tuvieron un intercambio polémico de mensajes y comunicados.

Haciendo referencia a la limitación del control militar hasta el primer filtro de las cárceles, Lasso dijo que la matanza de los 68 presos fue "un llamado de atención a las instituciones del Estado ecuatoriano, en especial a la Corte Constitucional". Ya que se necesitan herramientas constitucionales idóneas para proteger a la población.

A través de un comunicado oficial, la CC respondió que Lasso pretende "evadir sus propias responsabilidades". Finalmente, el Mandatario bajó el tono y dijo que siempre acatará las resoluciones de la Corte, aunque no comparte sus posiciones.

Si se confirma que en el último operativo, los militares atravesaron el primer filtro podría haber consecuencias legales. Incluso, llegando a la destitución de los funcionarios que ordenaron la acción.

Para esto, primero, cualquier persona debería presentar una demanda por incumplimiento de sentencia.

David Cordero, abogado especialista en derechos humanos, recuerda que el Gobierno no solo se estaría yendo en contra del dictamen de la CC, sino de los estándares internacionales.

Menciona que, según el Convenio de Ginebra, los militares tienen prohibición de ejecutar acciones en contra de civiles. Y añade que a escala regional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya ha fallado en contra de Estados por hacer lo contrario.

El problema real, explica Cordero, es el entrenamiento y armamento de los militares. Dice que los uniformados de esta institución están preparados para conflictos bélicos internacionales.

A diferencia de la Policía que debe precautelar la vida de todas las personas, incluso de los delincuentes. Y están entrenados para aumentar el uso de la fuerza, dependiendo el nivel de resistencia.

El caso hondureño

La militarización de las cárceles no es una medida nueva. El ejemplo más cercano y actual es el de Honduras. Desde 2014, los militares están al mando de las 28 cárceles con las que cuenta ese país.

Sin embargo, los uniformados no han recibido ninguna formación en materias penitenciaria y de derechos humanos.

Además, su presencia no significó una solución para la crisis de violencia del sistema carcelario hondureño. En 2012, 361 presos murieron durante el incendio en Comayagua. Esa es la masacre carcelaria más grande de la historia.

Pero con los militares la situación se mantuvo. Entre 2019 y julio 2020, según reportó El Heraldo de Honduras, 51 presos fueron asesinados violentamente en las cárceles de ese país.

También los militares destinados al control carcelario sucumbieron ante la corrupción. En octubre de 2019, un militar encapuchado abrió la puerta de un pabellón de una cárcel de máxima seguridad a seis internos que acribillaron a tiros y puñaladas a un narco rival.