Bernal: "La premisa es que no se disminuya ni un centavo a las asignaciones sociales"
El MIES calcula que cada año destina USD 1.400 millones para la entrega de nueve bonos que benefician a unas dos millones de personas.
El ministro de Inclusión Económica, Esteban Bernal, en su despacho, el 15 de octubre de 2021.
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El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) se ha trazado un objetivo para los próximos meses: la depuración de la lista de quienes reciben uno de los nueve bonos sociales que entrega el Gobierno.
En entrevista con PRIMICIAS, el ministro Esteban Bernal, reconoce que no es una tarea fácil. Pues se trata de un trabajo de campo que implica investigar la situación en la que viven los beneficiarios, para determinar si cumplen los requisitos para acceder a la ayuda estatal.
El funcionario no descarta que muchas de estas personas salgan de la lista, aunque aclara que es posible que una parte de la población pase a formar parte de quienes requieren un bono por la crisis económica que atraviesa el país.
Además, Bernal dice que el MIES no solo centra su atención en el tema de los bonos. También apunta a capacitar a personas que viven en situación de pobreza y extrema pobreza para que puedan integrarse al mercado laboral.
¿El Gobierno sabe cuántas personas viven en situación de pobreza en el país?
Hay varias informaciones sobre este tema. Una es la que tiene el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Mientras que el presidente Guillermo Lasso ha anunciado que la cifra es del 34% de la población, lo que da aproximadamente 5.950.000 personas.
Sin embargo, el Registro Social, que es la métrica de 2018, tiene a 3.597.000 personas en esta situación. A esto hay que sumar 1,5 millones de personas, que es el cálculo de organismos internacionales, que son aquellos ciudadanos que pasaron a la pobreza luego de 14 años de malas políticas públicas.
Es por eso que en mi promedio hablo de 5,5 millones de personas en situación de pobreza y extrema pobreza. Ellos son parte de esos siete de cada 10 ecuatorianos que no tienen empleo y a los que el Gobierno apunta con la presentación de la Ley Creando Oportunidades.
Una estrategia para paliar la pobreza es la entrega de bonos. Usted habla de la depuración de esa base de datos ¿Cómo se hará esto y bajo qué metodología?
Hay tres o cuatro pilares fundamentales para la edificación de los objetivos que queremos cumplir. El primero es la generación de recursos alternativos y hay empresarios que van a apoyar para llegar a la mayor cantidad de personas con recursos y con alimentos.
El segundo es el de la desnutrición crónica infantil, una política prioritaria para el Gobierno; el tercer pilar tiene que ver con ampliar los servicios de la red de protección; y el cuarto, que es fundamental, tiene que ver con la actualización y optimización de las transferencias monetarias.
Actualmente existen nueve tipos de bonos que tenemos que simplificar en cuatro o cinco. Por ejemplo, tenemos dos bonos para adultos mayores que deben quedar en uno.
Tenemos el bono más grande que es el bono de desarrollo humano y el bono de desarrollo humano con componente variable. Entre los dos bordean los 940.000 ecuatorianos. Existe un número similar, quizás, que requiere y demanda ingresar para ser parte de este beneficio.
¿Cómo será el proceso?
La primera etapa consiste en depurar ese bono con una actualización de la base de datos y lo vamos a hacer con varias metodologías. La primera será informática. Hay una base insufrible que puede ser hasta manipulada o que pudo haber sido manipulada.
Por eso es que este bono funcionaba como acordeón en época de elecciones: se abría para que las personas ingresen, y después intentaban cerrarlo.
En ese proceso se quedaban los que no eran y se iban los que de verdad debían haber estado. Estuve en Chimborazo y había gente del sector indígena que me decía: no nos quiten el bono. Nadie ha hablado de quitar el bono.
Le doy un dato: el 50% de los bonos de desarrollo humano está en el sector rural y vamos a empezar por ahí. Ese 50% va a tener una veeduría cruzada entre tenientes políticos, presidentes de juntas parroquiales y las iglesias que interactúan en el sector.
Se sumarán las universidades, las nacionalidades y organizaciones del sector para hacer una identificación y verificar si Juan, Pedro o María son realmente los que requieren el bono.
Ojo. No es que ellos van a determinar quienes reciben el bono, sino que simplemente identifican y ese registro, que va a ser confidencial, lo remiten al MIES.
Una vez que nosotros lo tengamos ya en un tamaño disminuido acudiremos para verificar, si Juan o María deben recibir el bono. Por lo tanto, es un tema técnico que será evaluado por el Registro Social, pero con una acción territorializada con la veeduría cruzada
¿Habrá reducción de los USD 1.400 millones que el Estado destina a la entrega de bonos?
Hay una premisa del Presidente de la República de que no se disminuya ni un centavo a las asignaciones a la política social del país. Por lo tanto, las transferencias monetarias están garantizadas.
Si nosotros, por ejemplo, encontramos un grupo de 200.000 personas que no cumplen con las condiciones para recibir el bono, le aseguro que inmediatamente serán incorporadas otras 200.000.
Usted dice que hay cinco millones de pobres, pero actualmente los bonos llegan a unos dos millones ¿Qué va a pasar con los otros tres millones de personas?
La política social no puede desconectarse con la política económica. Comprendamos que la política social tiene como obligación un abrazo que, en la lógica del proceso, debería ser perentorio. Nuestro objetivo es generar empleo y no mantener la pobreza.
Lo primero que debemos hacer es una conexión con el Ministerio de la Producción para saber hacia dónde prevé la inversión, tanto nacional como internacional. Por ejemplo, si la metalurgia es una de las áreas que el Ministerio de la Producción identifica, pues hay que capacitar a las personas para que estén preparadas en este tema.
¿Está consciente que la depuración de los bonos puede implicar que más personas necesiten esta ayuda?
Todo eso es un tema integrado. Ya hemos trabajado con la Organización Mundial de Alimentos para lograr que las madres gestantes, sobre todo adolescentes, accedan a un bono en los primeros 1.000 días de vida del niño como una contribución a la disminución de la desnutrición crónica infantil.
Esto es parte de la ampliación del número de las personas que tienen que recibir la protección del Estado. En una primera etapa estamos tratando de llegar a 20.000 personas y esa cifra irá aumentando.
También está prevista la ampliación de la entrega de bono para más personas, pero en esa apertura tenemos que garantizar que la gente que recibe ese bono ingrese con tecnología.
Es decir, buscar la forma de que utilicen tarjetas para que puedan usarlas en la compra de alimentos y no en las cadenas más grandes, sino en la economía popular y solidaria, o en la tienda de la esquina para promover una corriente circular económica.
En un primer pilotaje, estas tarjetas pueden ser 50-50. La mitad para que las personas puedan tener efectivo para sus actividades permanentes y lo otra mitad para que compren en las tiendas de la esquina y activar la economía local.
¿Cuáles son las acciones que ya se han implementado para la reducción de la desnutrición infantil?
Esta es la política pública más importante para el Presidente, ya tuvimos una reunión con la mesa técnica que la articula la Secretaría Contra la Desnutrición Crónica Infantil. Tenemos indicadores que son espeluznantes, pues bordeamos el 28% de promedio a nivel del país. Es decir, la segunda tasa más alta de la región después de Guatemala y estamos más arriba que Haití y de Venezuela.
El objetivo es disminuir, en promedio, seis puntos porcentuales. No va a ser fácil, pero hay que hacerlo y para eso vamos a ampliar los centros de desarrollo infantil. En octubre se activarán 157 y hasta diciembre llegaremos a los 2.108.
También se ampliará el programa Creciendo con nuestros hijos y, como dije, hemos buscado financiamiento para que las madres gestantes reciban un bono en los primeros 1.000 días de vida del niño con acompañamiento familiar y capacitaciones en el cuidado de sus hijos.
¿Qué programas implementará el MIES para ayudar a los adultos mayores que han sido abandonados?
El MIES tiene varios programas en la red de protección social, entre ellos está el programa de adultos mayores. Queremos tener centros gerontológicos para las poblaciones indígenas en donde se ha identificado este problema. Aquellas personas adultas mayores que quedaron abandonadas o por alguna razón no tienen familiares deben ser atendidos por el Estado ecuatoriano.
Uno de los problemas que el MIES no ha podido resolver es el de las adopciones. ¿Cómo reducir los tiempos que demora este trámite?
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