En cuatro cárceles de Guayas hay ocho médicos para 16.500 presos

A mediados de diciembre, Luis -nombre protegido-, quien lleva más de un año en la cárcel, enfermó con fiebre y problemas estomacales. 

Sin un diagnóstico claro, el médico del centro penitenciario le dijo que era un problema de garganta. Le envió ibuprofeno y amoxicilina para el dolor y regresó a la celda. 

En un gesto de humanidad, los cinco compañeros de celda cuidaron de él, pero los síntomas no cedieron; por el contrario, el cuadro empeoró. 

Las alertas se encendieron porque unas semanas antes, un joven de otro pabellón había presentado los mismos síntomas. 

Descartaron que fuera Covid-19, lo mismo le pasó a Luis. Sin embargo, la deshidratación y la falta de atención médica temprana, obligaron a trasladar al joven a un hospital. Nunca regresó. 

Luis volvió a solicitar atención médica durante tres ocasiones más en los siguientes días, pero el médico le dijo que siguiera tomando lo mismo y que, cuando ya estuviera mejor, tomara desparasitantes. 

No ha mejorado. Su familia, aún con temor a represalias, decidió contar la historia para buscar ayuda. 

“Los propios compañeros de celda tienen que gritar auxilio, que se están muriendo, porque nadie les ayuda”, cuenta María, la esposa de Luis. 

Casi un mes después de enfermar, se activó el protocolo dispuesto por el Sistema de Atención Integral (SNAI) a raíz de la pandemia. 

Este ordena el aislamiento inmediato de las personas enfermas. PRIMICIAS pidió al SNAI una entrevista e información sobre las condiciones de salud de los presos, pero no obtuvo respuesta. 

Pero la Defensoría del Pueblo, que hace visitas a los centros penitenciarios, explica que el principal problema es que "no hay médicos permanentes".

"Tampoco hay una infraestructura adecuada, ni las medicinas que se necesitan para tratar todas las enfermedades. Solo se entrega medicina paliativa", dice Harold Burbano, coordinador de Protección de Derechos Humanos. 

Enfermedades más graves, como el cáncer, también son tratadas con medicina paliativa. 

Cuenta que "cuando hay una emergencia, el preso debe pedir un permiso especial para salir del centro de rehabilitación y eso demora. Se ha sabido por parte de los familiares que esta situación se presta para temas de corrupción". 

8 médicos para 16.500 personas

La Defensoría del Pueblo es la autorizada a hacer seguimiento de lo que sucede dentro de las cárceles, con el objetivo de prevenir torturas y otros tratos crueles.

Sin embargo, las instituciones involucradas no entregan información sobre lo que sucede en las cárceles. Por ejemplo, los últimos datos del Ministerio de Salud sobre los médicos asignados corresponden a mayo de 2020. 

Los datos del ministerio revelan que para cuatro centros penitenciarios, que albergan a 16.497 personas, se asignaron 21 médicos. 

Si esa cifra ya es insuficiente, hay que considerar que algunos de ellos ya habían renunciado en mayo o estaban en aislamiento. Al final, solo ocho médicos se hacían cargo de la salud de cerca de 16.500 personas en el contexto de la pandemia.

Hasta el 17 de julio, 1.894 presos habían dado positivo para Covid-19, 8.112 estuvieron bajo sospecha y, hasta esa fecha, 24 internos habían fallecido. 

¿Qué sucedió después de esa fecha? El Ministerio de Salud no entregó datos actualizados. PRIMICIAS también solicitó esta información, pero no obtuvo respuesta.

Si una persona requiere atención médica, debe tomar un turno y esperar una de las visitas del Ministerio de Salud. 

"Van médicos que son parte del distrito. El médico que está de turno va una o dos veces a la semana a realizar el tratamiento a los internos, que tienen que tomar un turno y que a veces no alcanzan", dice Harold Burbano. 

Y cuando hay una emergencia, como en el caso de Luis, "debe pedir un permiso especial para salir del centro de rehabilitación y eso se demora". 

Los nudos críticos del sistema penitenciario

El sistema carcelario en Ecuador tiene capacidad para albergar a 29.746  personas. Actualmente acoge a 37.676, según el último informe de la Defensoría del Pueblo. 

La tasa de hacinamiento alcanza el 30,20% a escala nacional. Hay 7.930 personas privadas de la libertad que no cuentan con una cama. 

En algunos lugares, como en la cárcel de El Inca, en Quito, el hacinamiento llega al 112%. 

Harold Burbano dice que se han reportado tres nudos críticos que siguen sin resolverse desde 2011: 

• El hacinamiento. 
• La vulneración de derechos sociales, como salud y alimentación. 
• Problemas de seguridad y violencia. 

La Defensoría del Pueblo ganó una acción de protección en que la Corte Provincial de Pichincha aceptó la violación de derechos. 

El 16 mayo de 2019, el Gobierno declaró el estado de excepción en las cárceles del país y desde entonces se ha renovado en varias ocasiones, sin presentar un informe de resultados positivos, algo que ha llamado la atención de la Corte Constitucional.

En las cárceles, servicios básicos, como la electricidad y el agua, no son permanentes.

Tampoco hay una alimentación adecuada. Harold Burbano explica que "el promedio de lo que se invierte en la comida diaria por cada interno es de USD 0,70".