Masacre en cuatro cárceles: cuatro bandas enfrentan a Los Choneros

Noticia actualizada el 24 de febrero a las 07:30 con nuevo número de víctimas.

Aunque salió de la cárcel de Latacunga en junio de 2020, gracias a un recurso de prelibertad, Jorge Luis Zambrano 'Rasquiña' y su banda Los Choneros, al parecer mantuvieron el control de las actividades ilícitas que se coordinan desde el interior de las prisiones del país.

El 28 de diciembre de 2020, Zambrano fue abatido en un centro comercial de Manta, en la provincia de Manabí. Desde ese momento, dentro y fuera de las cárceles, varios grupos delictivos empezaron a disputarse ese espacio de liderazgo, que presumían vacante.

Esa es la principal hipótesis que la Policía Nacional y el Servicio de Rehabilitación Social (SNAI) manejan para explicar la masacre que se registró el 23 de febrero de 2021.

En las cuatro cárceles más grandes del país, en Guayaquil, Latacunga y Cuenca, hubo amotinamientos simultáneos y, al menos, 79 internos fueron asesinados con armas artesanales.

Según el último boletín oficial, 34 personas fallecieron en el CPL de Azuay, 31 murieron el CPL de Guayas, seis más en el CLP de Guayas número 1 y otras ocho personas en el CPL de Cotopaxi número 1.

"Esperamos una reacción inmediata luego del asesinato de 'Rasquiña', pero se demoró".

Edmundo Moncayo, director del SNAI.

Todo empezó horas antes. La noche del 22 de febrero, efectivos de la Policía Nacional ingresaron a la Penitenciaría del Litoral, uno de los escenarios de los motines, y decomisaron dos armas de fuego.

Según datos de inteligencia policial, esas armas iban a ser utilizadas por Los Choneros para asesinar a los líderes de las organizaciones que buscan arrebatarles el control, que están detenidos en el pabellón de máxima seguridad de ese centro.

Ese operativo levantó las alertas de los grupos que están al acecho. Y, sobre la marcha, prepararon golpes en contra de los cabecillas de Los Choneros en las cuatro cárceles que fueron objeto de los incidentes.

Se trata de las grupos denominados Los Pipos, Los Tiguerones, Los Chone Killers y Los Lobos. El nombre de este último grupo se escucha varias veces en los crudos videos que circulan en las redes sociales con imágenes de la masacre. Al parecer, festejaban el asesinato de sus competidores en el mando criminal.

La violencia no cesa

Aunque la hipótesis oficial apunta a hechos recientes, como el asesinato de 'Rasquiña', la violencia en las cárceles del país no es nueva y data de mucho antes de ese crimen.

El 16 de mayo de 2019, el gobierno de Lenín Moreno declaró en emergencia el sistema carcelario. La decisión se tomó luego de una ola de incidentes que dejó 24 asesinatos.

Un año después de que terminara esa emergencia, el 11 de agosto de 2020, se firmó un nuevo estado de excepción por una nueva cadena de crímenes al interior de los centros de rehabilitación.

Pero los datos evidenciaron que la violencia nunca cesó. En el año que las cárceles operaron con normalidad, es decir, sin estado de excepción, hubo 33 muertes violentas.

Ahora, tres meses después de que finalizara la última emergencia, la guerra volvió y con los peores resultados de la historia.

Las 79 muertes registradas en un solo día, en las cuatro cárceles que agrupan más del 70% de la población carcelaria del país, superan a las 51 muertes que hubo en todo 2020, que ya fue considerado un año violento.

La diferencia es que el Gobierno ya no puede declarar otra vez emergencia.

En octubre de 2020, la Corte Constitucional (CC) instó al Gobierno a armar un plan para frenar definitivamente la crisis carcelaria. "La solución no está en el establecimiento de estados de excepción", anotó la Corte en su dictamen.

¿Qué hacer?

Edmundo Moncayo informó, luego de la masacre del 23 de febrero, que el Gobierno ya presentó un plan a la Corte Constitucional.

Este documento está enfocado en cuatro ejes: educación, infraestructura, marco legal y tecnología. Sin embargo, todavía no se ha podido aplicar. "Necesitamos un mayor esfuerzo financiero", dijo el funcionario.

Y esta no es la primera vez que la falta de dinero afecta las mejoras en las cárceles. En junio de 2019, cuando explotó la primera crisis, el Gobierno aprobó el Proyecto de Transformación del Sistema de Rehabilitación Social, enfocado en los mismos ejes.

Ese programa requería una inversión de USD 38,8 millones, que debía repartirse en los 31 meses que duraría el proyecto.

Los primeros USD 1,7 millones se gastaron en 2019. Y otros USD 18,1 millones debieron usarse en 2020. Sin embargo, entre febrero y mayo de ese año, el Ministerio de Finanzas ejecutó tres recortes al programa por más del 70%. El presupuesto quedó en USD 1,8 millones.

A la falta de dinero, las cárceles suman otros inconvenientes que alimentan los problemas de inseguridad. Uno de los más graves es el hacinamiento.

Según el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), la capacidad carcelaria ecuatoriana es para 28.500 personas. En mayo de 2019, el hacinamiento era del 42%.

Por la pandemia y para evitar la propagación del Covid-19, el Gobierno tomó medidas para reducir el número de presos. Agilizó la concesión de beneficios penitenciarios y solicitó a la justicia limitar las prisiones preventivas.

Actualmente la población carcelaria bordea los 38.000 presos, pero todavía el hacinamiento es de un 33%.

Una Policía rebasada

El motín simultáneo en las cárceles llegó en el peor momento para la Policía Nacional. Patricio Carrillo, comandante general, calificó la situación de la entidad como crítica.

El 23 de febrero, además de sus labores ordinarias de seguridad ciudadana, la entidad estaba a cargo del control a las marchas indígenas en varias provincias del país y del resguardo a las delegaciones electorales.

Estas dos acciones relacionadas con las elecciones presidenciales.

Según la planificación policial, solo en Quito, 1.470 efectivos se desplegaron en distintos puntos para controlar posibles desmanes de los manifestantes.

Además, la Policía tiene parte de su contingente asignado a las distintas delegaciones electorales del país. Rafaela Montoya, vocera de la entidad, informó a PRIMICIAS que más de 20.000 uniformados tienen asignadas tareas relacionadas con el proceso electoral.

Lo mismo ocurre con las Fuerzas Armadas, que por mandato legal están obligadas a mantener la cadena de custodia del material electoral antes, durante y después de las elecciones.

Según la normativa, la seguridad al interior de las cárceles corresponde al cuerpo de Agentes de Seguridad Penitenciara. Sin embargo, el país tiene un déficit del 70% en esta área.

En Ecuador cada guía debe cuidar, en promedio, a 27 reclusos. El estándar internacional dice que el cuidado debe ser de un guía por cada nueve presos.

Por esta razón, cuando ha habido crisis, el gobierno ha movilizado policías y militares a las cárceles, bajo el paraguas de los estados de excepción. Pero ante la imposibilidad de decretar uno nuevo, en esta ocasión, la movilización se hizo con base en otros argumentos.

Los Policías acudieron a las cárceles en medio de un operativo, ante el llamado por incidentes y muertes violentas, para retomar el control de las cárceles.

Mientras que para los militares, el presidente Lenín Moreno hizo un llamado público al Ministerio de Defensa para que movilice patrullas para que controlen armas, municiones y explosivos en los perímetros exteriores de los centros.

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