Manabí: vivienda pública con sobreprecios, humedad y filtraciones

La urbanización Acuarela II, en Bahía de Caráquez, era un proyecto para la construcción de 211 viviendas de tipo palafítica (levantadas sobre pilotes). El primer problema detectado aquí es el tipo de vivienda, pues durante la ejecución del contrato se cambió parte del proyecto a multifamiliares de dos pisos (dos viviendas por piso). Es decir, finalmente se construyeron 61 viviendas más. Pero nunca fueron expedidos permisos del GAD de Sucre ni de los Bomberos para hacer este cambio. No hubo modificación del proyecto en cuanto a la dotación de servicios básicos (ancho de tuberías y del alcantarillado), lo que Contraloría advierte que puede traer problemas a futuro. A esto se le suma que los terrenos en los que se levanta la urbanización no están a nombre del Miduvi, pues nunca se terminó el trámite de inscripción después de la expropiación. Por si fuera poco, la Contraloría detectó que no hubo seguimiento a las viviendas entregadas en donación a los damnificados. De un chequeo aleatorio a 32 unidades, se encontró que 12% está abandonado o desocupado. El ente de control también encontró que las viviendas -entregadas en su mayoría a inicios de 2017- presentan filtraciones de agua en la cocina y los baños y humedades en los pisos, además de baldosas desprendidas y fallas en el sistema eléctrico. Finalmente, Contraloría detectó un pago en exceso de USD 8.276 a la constructora Tajmahal S.A. por la instalación de cerámica en piso y de barrederas en cantidades superiores a las realmente utilizadas.

El Miduvi contrató a cuatro empresas y personas naturales para la construcción de viviendas en terrenos propios de los damnificados. Los proyectos se desarrollaron en Jama y Tosagua. Sin embargo, nunca se contrató la fiscalización de dichas construcciones. Según las inspecciones técnicas a los proyectos, esta falta de control derivó en humedades, filtraciones de agua, oxidaciones en estructuras de metal, asentamientos y hasta fisuras. Los contratistas no presentaron ensayos de hormigón que garantizaran su resistencia. La construcción de estas viviendas tenía tiempos de entrega de hasta 90 días, pero hubo retrasos de hasta 239 días laborables, es decir, de casi un año. La Contraloría también detectó que las contratistas no regularizaron las construcciones de las 184 viviendas ante los GADs de Jama y Tosagua, es decir, que no hubo permisos de construcción. Esto, según el ente de control, ocasionaría que no se garanticen las normas de prevención de riesgo y desastres. Finalmente, hay 24 casas que nunca se entregaron en Tosagua. Los dos contratistas de estos proyectos recibieron el anticipo y, según Contraloría, no ha habido gestiones para su devolución.

La empresa que obtuvo el contrato para la construcción de estas unidades, según Contraloría, presentó documentos irregulares que permitieron su calificación. El informe señala que la firma Ingenieros Asociados Project World S.A. incluyó en su oferta formularios de compromiso de profesionales que certificaron a Contraloría que nunca los emitieron.

La situación de este contrato es similar al anterior. En este caso, Contraloría halló que el proveedor Gonzalez Kelz Walter Rodrigo entregó certificados de trabajo irregulares. Las empresas que, supuestamente, los habrían emitido aseguraron que "no localizaron" los documentos y en el Servicio de Rentas Internas no se evidenció relación entre el contratista y dichas empresas. Las unidades habitacionales se entregaron 164 días tarde a pesar de que los trabajos ya habían concluido. Y además, la Contraloría detectó un rubro de USD 152.181 pagado para la colocación de ventanas de aluminio y vidrio, con malla anti mosquitos, que fue pagado a pesar de que no se había terminado la instalación de esa infraestructura.