La mala alimentación en las cárceles tiene un alto costo para el Estado
El Gobierno no ha logrado contratar un nuevo proveedor de comida para las cárceles. Mientras tanto, se sigue gastando en médicos, medicinas y desparasitantes.
La cocina del Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil.
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En diciembre de 2020, luego de tres intentos fallidos de contratación de un proveedor, el Servicio de Atención Integral (SNAI) aprobó el proyecto de Alimentación para personas privadas de la libertad y adolescentes infractores.
Seis meses después de su aprobación el proyecto no ha logrado concretarse, a pesar de tener presupuestados USD 41 millones. La iniciativa busca concretar este año una alimentación efectiva para los internos de las cárceles del país.
Según ese documento, el servicio de alimentación que se entrega en las cárceles actualmente ha sido objeto de "quejas e inconformidades" constantes, por parte de la población penitenciaria.
Además, el diagnóstico de la SNAI revela problemas derivados de la mala alimentación entre los reclusos:
- Enfermedades gastrointestinales.
- Tuberculosis.
- Falta de dietas terapéuticas para internos con patologías previas.
- Problemas en el mantenimiento de fuerza y salud de los prisioneros, limitando sus capacidades físicas y mentales.
- Los internos manifiestan su inconformidad dañando la infraestructura penitenciaria en amotinamientos.
Los costos
Según el SNAI, la mala alimentación de los internos genera gastos adicionales para el Estado.
Estos costos que se podrían evitar se refieren a la adquisición de medicinas y consultas médicas que se requieren por la dieta deficiente que reciben los detenidos. Así como para desparasitarlos.
Para obtener la proyección de estos costos, el SNAI tomó los datos de años anteriores y los proyectó hacia los venideros. Para esto se tomaron en cuenta variables como la población penitenciaria, el costo de medicinas y consultas, entre otros.
Por ejemplo, por concepto de consultas médicas, el gobierno plantea ahorrar unos USD 25 millones en los próximos cuatro años. Siempre y cuando se mejore la alimentación en las cárceles. También se proyectó el ahorro en la compra de medicinas y desparasitantes, gracias a la prevención.
Además, el SNAI proyecta ahorrar USD 1,5 millones al año por concepto de los daños a la infraestructura carcelaria que se cometen durante los amotinamientos a causa del descontento por la mala comida.
En total, si se mejora el servicio de alimentación en las cárceles, el SNAI considera que se podrían ahorrar USD 45,2 millones entre 2021 y 2024.
Pero durante el gobierno de Lenín Moreno no se pudo mejorar ese servicio, ni siquiera contratar un proveedor. En tanto que la nueva administración todavía no ha nombrado a un nuevo director del SNAI.
Cuatro procesos fallidos
Desde enero de 2020, el Servicio de Atención Integral (SNAI) ha lanzado cuatro procesos de contratación del servicio de alimentación para los internos de 53 cárceles. Ninguno se ha concretado.
El primero, lanzado en enero de 2020, se cayó porque uno de los representantes de la empresa que ganó estaba inhabilitado en el sistema del Servicio de Compras Públicas (Sercop).
Nueve meses después, en septiembre de 2020, se lanzó el segundo concurso. La única empresa que presentó una oferta estaba deshabilitada y el concurso se declaró desierto.
El tercer intento se lanzó en noviembre de 2020. También fue anulado porque la empresa que ofertó tuvo problemas en la firma electrónica de los documentos.
En esos tres procesos se presentó solo la empresa Lafattoria.
Entre 2012 y 2017, la compañía acumuló 19 contratos con el Estado por USD 92 millones. Lafattoria presta el servicio desde 2011, pero desde 2018 lo hace sin ningún contrato firmado.
Finalmente, el 17 de marzo de 2021, el SNAI inició un nuevo concurso. En esta ocasión, además de Lafattoria, se presentó el Consorcio Alimentando Ecuador, conformado por Juan Carlos Almanza y La Huerta de Oriente.
La Huerta registraba dos procesos de habilitación en el Sercop: uno positivo y el otro negativo. El SNAI pidió al Sercop que certifique cuál era el válido, pero no recibió respuesta.
Por esta razón, luego de una suspensión temporal del proceso, el 19 de mayo de 2021 se decidió volver a declarar desierto el proceso de contratación.
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