Ecu-911 recibe 289 llamadas diarias por violencia intrafamiliar en el país

El largo camino para que una mujer denuncie violencia intrafamiliar o sexual enfrenta varios obstáculos en el sistema judicial.

El Ecu-911 ha recibido 103.123 llamadas de auxilio por violencia intrafamiliar desde septiembre de 2020 hasta la actualidad.

Solo en Guayas, el servicio de emergencia ha tenido 48.500 alertas sobre este delito desde marzo de 2020. Según el Ecu-911, los operadores reciben 289 llamadas de auxilio al día por violencia intrafamiliar.

Uno de los problemas que enfrenta el sistema judicial es la falta de funcionarios y de dependencias necesarias para atender los casos de género. Según la Fiscalía, a 2020 tenían un déficit de 573 fiscales a escala nacional. 

El Consejo de la Judicatura de Guayas tiene 27 unidades judiciales de violencia de género, un número insuficiente, como lo reconoce la directora del Consejo, María Josefa Coronel.

“Estamos haciendo un estudio para ver cuántas más se necesitan en la provincia, yo diría que triplicar las unidades especializadas en violencia de género sería un pequeño paso, no es suficiente, pero se necesita a gritos”, dice Coronel.

Cada día, al Centro para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM) llegan cerca de siete mujeres pidiendo ayuda. El 50% de ellas se anima a seguir el trámite en la justicia para denunciar y obtener una boleta de protección, explica Marjorie López, trabajadora social de la organización. 

“La mayoría busca acompañamiento psicológico, lo que es un paso importante para tomar otras decisiones sobre su futuro”, explica López.

El problema tiene varias aristas. Una de estas es conocer cómo funciona el complejo sistema judicial. Por ejemplo, las denuncias por violencia de género se las debe presentar en la Fiscalía, entidad encargada de investigar los delitos.

Para Coronel, el papel de los fiscales es fundamental, al ser el primer contacto con la víctima. Sin embargo, este no termina siendo el puente para que se ejecute la denuncia. 

“Estamos sacando información de cuántas medidas cautelares y de protección se están dando, versus cada demanda, porque no se puede entender que de cada 100 demandas solicitando medidas cautelares por violencia, solamente entreguen 10”, indica Coronel. 

Por la actuación de jueces y fiscales en el proceso, la dirección disciplinaria del Consejo de la Judicatura de Guayas procesa 1.500 denuncias contra los funcionarios judiciales, de las cuales 30 son por quejas a jueces y fiscales en casos de violencia de género. 

Algunos los procesa la Judicatura, cuando esas quejas se basan en que no han respetado los tiempos de entrega de un fallo. Cuando tiene que ver con el fondo o la decisión de los jueces, lo tiene que revisar otro juez.

Sesión de la Judicatura en Guayaquil

El pleno del Consejo de la Judicatura sesionó en Guayaquil, como parte de una campaña interna de sensibilización para los funcionarios judiciales.

“He sido testigo de ver cómo se portan ciertos jueces cuando el agresor es un fiscal, frente a una audiencia cuando la pareja del fiscal está denunciándolo por agresión física . No hay posibilidad de acabar la violencia de la mujeres y los femicidios mientras seguimos justificando socialmente al agresor”, sostiene Coronel.

Las autoridades conocen los problemas, se reúnen, hacen mesas especializadas para tratar los casos de género, pero todavía no consiguen suficientes recursos. 

Como lo que le ocurrió a un niño de ocho años en Naranjal, quien permanece hospitalizado por violencia física y abuso sexual, presuntamente cometido por su padre y madrastra.

El caso fue conocido por fiscales y jueces, pero no se dictaron medidas de prisión en su contra. 

"Gracias a la denuncia de la Asociación de Mujeres Abogadas de Guayas, en este momento hay una sala de lo penal que va a calificar la actuación del juez y los fiscales de Naranjal".

María Josefa Coronel, directora provincial del Consejo de la Judicatura.

“Había un peritaje en el que un médico describe lo que pasó en el cuerpo del niño. En ese informe había elementos suficientes para presumir un grave caso de violencia y violación”, explica Coronel.

Solo la madrastra recibió medidas cautelares y el padre ninguna sanción. Pero hay una cadena de actos de violencia contra el niño y su hermana. Su madre también fue víctima de agresiones por parte de su expareja, quien ahora está libre.

Hace dos años, la mujer intentó pedir una boleta de auxilio en la Fiscalía, pero se la negaron. 

“Ella acudió hace dos años a la Fiscalía porque él la agredía y le dijeron que se fuera a su casa, que no tiene golpes, ni siquiera decidieron abrir una investigación para confirmar las denuncias”, indica Coronel.