Homicidios intencionales bajaron en Ecuador sin libre porte de armas

Los detalles del proyecto de Ley de Defensa de la Vida y Seguridad Ciudadana presentado por la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, en la ceremonia por los 201 años de Independencia de la ciudad, llegarán a más tardar el 12 de octubre al correo de la Presidencia de la República. 

La propuesta tiene cuatro ejes principales:

• Que los ciudadanos puedan portar armas, previo a un permiso del Ministerio de Defensa.
• Derogar la tabla de consumo de drogas.
• Pedir el pasado judicial a los extranjeros que ingresen al país.
• Permitir a la Fiscalía que actúe de oficio ante delitos que queden registrados en las cámaras de video vigilancia para continuar con la denuncia.

“Todas esas reformas ya las hemos presentado hace mucho tiempo”, explica Viteri. La última vez que se propuso portar armas fue en diciembre de 2020. 

Lo hizo el exalcalde Jaime Nebot en una rueda de prensa sobre seguridad ciudadana junto con el entonces candidato Guillermo Lasso, en el que coincidieron en trabajar en las reformas legales para la autorización de que los ciudadanos porten un arma como defensa ante la delincuencia. 

Según las estadísticas del Ministerio de Gobierno, la antigua Ley de portabilidad de armas fue derogada en 2006, cuando la tasa de homicidios intencionales era de 16,96 por cada 100.000 habitantes.

En 2017, la tasa pasó a 5,79, la más baja en 20 años. Es decir, con la prohibición de armas, las muertes violentas bajaron.

Esta cifra comenzó a incrementarse a partir de 2018, hasta llegar a 9,7, en 2021, según dijo la ministra de Gobierno, Alexandra Vela.

“Eso significa 3,6 puntos por encima del promedio mundial”, aunque muy por debajo de la media regional, explicó la ministra ante el pleno de la Asamblea.

Pero la alcaldesa Viteri tiene otro punto de vista.

"El que un delincuente sepa que alguien puede repeler un ataque es un factor disuasivo, así nadie cargue un arma".

Cynthia Viteri, alcaldesa de Guayaquil.

Billy Navarrete, secretario de la Comisión de Derechos Humanos, sostiene que este “es un discurso infantil donde no hay ninguna raíz en criterios legales, científicos, de políticas públicas, de una estadista”.  

"Nadie tiene el valor de disparar contra un atacante y no pensar en llevar a cuestas esa muerte, por el resto de su vida".

Billy Navarrete, Secretario Ejecutivo Comisión de Derechos Humanos.

Políticas de seguridad, en lugar de armas

“El problema actual es la ausencia de una política de Estado en materia de seguridad, producto de los recortes que hizo el Gobierno de Moreno a este sector”, dice el analista político, Oswaldo Moreno.

Moreno considera que lo primero que debería hacer el Gobierno es entregar los recursos económicos necesarios, depurar la fuerza pública, permitir la participación de las Fuerzas Armadas en el control de armas y el fortalecimiento de la Policía Nacional.

En eso coincide el experto en seguridad Daniel Pontón. “No se va a tocar la delincuencia sin política pública. Se deben articular estrategias en conjunto, porque hasta ahora todas son propuestas aisladas”.

"Son falsas conjeturas que se manejan en el tema de la seguridad y que viene de una agenda relacionada con el Partido Social Cristiano, que siempre ha dicho lo mismo".

Daniel Pontón, experto en seguridad.

Pontón plantea otro problema: “¿Cómo van a tener armas, si está prohibido importarlas? no hay fabricación nacional, es un negocio que también, de alguna forma, está detrás de todo esto”, sostiene.

Y agrega que “esta es una medida desesperada de la alcaldesa, y no es para menos, por el alto índice delictivo. Pero la portabilidad no es la solución y se va a acabar cuando haya un tiroteo en una discoteca o en un colegio”, anota Moreno.

La alcaldesa Viteri piensa que en este tema hay dos bandos: “¿La alternativa es que tú estés desarmado y el delincuente armado? ¿de qué violencia estamos hablando?", dijo en una rueda de prensa cuando inauguraba un parque acuático infantil en la ciudadela Martha Roldós.

Viteri cree que el proyecto puede ser mejorado, pero considera importante abrir el debate, por eso se lo entregó al presidente Guillermo Lasso y no a los legisladores de su partido político.

“Dentro de la normativa legislativa, pocos son los que tienen ‘iniciativa legislativa’”, explicó Viteri, ya que finalmente "el proyecto que aprueba la Asamblea, regresa a manos del Presidente de la República, que es el colegislador".

Por eso, dice, ella fue directamente al último eslabón de la cadena.

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