La violencia en Guayaquil contada por un sicario

El Guasmo Sur es uno de los barrios “rojos” de Guayaquil, que está intervenido por la Policía. Aquí localizaron a 36 personas que han salido de las cárceles en los últimos meses. 

En el sector hay zonas aún más peligrosas, como 'Punta Arrecha', dominada por la banda criminal Los Lagartos. 

La mayoría de su población es afroecuatoriana y vive en condiciones de pobreza. Aquí hay casas de ladrillo a medio construir, de madera, caña e incluso con paredes de cartón. 

A pesar de los más de 30 grados centígrados de temperatura y la humedad de Guayaquil, la gente mantiene las puertas cerradas y las ventanas están aseguradas con maderas clavadas por fuera. Son como cajas de seguridad.

Hay pocas personas en las calles. Cuando abren los portones de sus casas, las condiciones en las que viven se revelan en detalle. Una sala oscura con una refrigeradora sobre el piso de tierra y cerca de 10 personas hacinadas. 

En similares condiciones vive 'Pedro', un joven de 17 años que guarda prisión preventiva en su domicilio. En la puerta permanece un policía que prácticamente vive con él.

“Tengo miedo. Si entro a la cárcel, la banda me mata más rápido, no voy a durar ni días”

'Pedro', de 17 años

Una colcha separa el espacio para dar privacidad a una habitación donde solo hay una cama y un televisor que reproduce una canción a todo volumen. Ahí está 'Pedro' y su novia, de 14 años, que está embarazada.

Hace más de dos meses, el joven iba en un carro con otro menor de edad, que también está detenido en su casa. La Policía los sorprendió con un arma Star 9 mm, que, según los archivos, fue utilizada, por lo menos, en tres asesinatos.

“A mí me la dieron para venderla en USD 1.000”, cuenta 'Pedro', quien no ha sido recluido en la cárcel porque es menor de edad, pero ha recibido amenazas contra su vida. 

“Tengo miedo. Si entro a la cárcel, la banda me mata más rápido, no voy a durar ni días”, cuenta 'Pedro', quien asegura que era un "mensajero" de Los Lagartos. “Yo entregaba los paquetes que ellos me daban”, por los que le pagaban hasta USD 1.000 por cada envío. 

Los menores de edad son usados por los traficantes como ‘carnada’ para cargar y repartir la droga y portar las armas en caso de ser detenidos por la policía.

Antes de ser arrestado en casa, sus enemigos ya han intentado matarlo dos veces. En una de ellas estaba con su hijo de apenas meses de nacido. 

La Policía tiene indicios de que el joven sí es parte de la banda de Los Lagartos y que actuaría como sicario.

'Pedro' niega haber matado a alguien, pero acepta que “participó en algunos eventos.”

No sería el único en su familia con un proceso judicial. De cinco hermanos, uno está en la cárcel por robo y otro fue asesinado por alias 'Yoyo, el monstruoso'.

“Mató a mi hermano por envidia, tenía cosas que él no”, relata el joven. Este evento, cuenta, lo marcó, y desde entonces intentó vengarse.

Una de las tantas noches violentas en Guayaquil, en las que se registraron por lo menos cuatro asesinatos, mataron a 'Yoyo', quien tenía antecedentes penales. Sujetos vestidos como policías ingresaron a su casa y le dispararon. 

El grupo de 'Yoyo' vengó su muerte y así, el círculo de violencia nunca se cerró.

Los habitantes de los barrios periféricos de Guayaquil están en el centro de la disputa. Los que tienen suerte, serán solo espectadores del delito a cambio de su silencio y otros, reclutados para mantener a las mafias.

La cara oculta de la violencia en Guayaquil

El repunte de casos de muertes violentas es sólo la punta del iceberg de un problema con varias aristas que tienen relación con el desarrollo de la sociedad.

Desde el punto de vista objetivo, las muertes violentas son consecuencia de la disputa de territorio por el tráfico de drogas en Guayaquil.

¿Cómo lograron estas bandas instalarse y ganar territorio en la ciudad?. La respuesta es más compleja. 

Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos (CDH), indica que uno de los factores ocultos bajo la superficie es la impunidad.

“No todos somos medidos con la misma vara. La justicia es de segunda mano. En algunos hechos muestran su eficiencia, por ejemplo, la rápida actuación en el secuestro del hermano del exvicepresidente (Jorge) Glas, pero por otro lado vemos que por condiciones económicas, los pobres no tienen las mismas garantías".

En 2010, el relator de las Naciones Unidas, Philip Alston, visitó varias ciudades de Ecuador, entre ellas Guayaquil. Su objetivo era analizar las ejecuciones extrajudiciales.

En sus conclusiones mostró su preocupación por las muertes violentas, catalogadas como “ajustes de cuentas”.

El término se utiliza para describir homicidios entre personas con antecedentes penales, que se cometen por venganza, disputa de territorio entre pandillas o un “trabajo mal hecho.”

Esta es una fórmula, asegura Navarrete, que todavía es recurrente para calificar ese tipo de crímenes y dejarlos en la impunidad, “teniendo en cuenta que toda muerte, independientemente de las circunstancias y quien sea el fallecido, tiene que ser investigada.”

La desigualdad económica y social impide a los ciudadanos persistir en las denuncias, ya que no creen que se hará justicia y corren el riesgo de ser amenazados por las mismas bandas que asesinaron a sus familiares. 

La exclusión social y la falta de oportunidades son generadas desde la pobreza, la principal causa para que los proyectos de vida de las personas no se realicen. 

“Las comunidades pobres están sometidas a poderes que no son los que señala un Estado de derecho. Hay barrios en donde la acción del Estado es poco visible, casi inexistente”, insiste Navarrete.

Esto convierte a Guayaquil en la ciudad más pobre del país (11,2% ), según el último reporte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 

El aumento de patrullajes en las calles y las declaratorias de emergencia han sido medidas recurrentes a lo largo de los años.

Para Navarrete, estas son “expresiones sensacionales y propagandísticas. Ya se sabe el poco efecto táctico que van a tener.”

Considera que el incremento de la violencia en Guayaquil alimenta el discurso político, al menos en época de campaña.

Sin embargo, las respuestas y soluciones a estos fenómenos dependen de la voluntad estatal en la planificación de políticas públicas.