Judicatura investiga a 58 jueces por carnés de discapacidad

Han transcurrido dos años desde que se evidenció que en el Ministerio de Salud (MSP) operaba una red de corrupción que emitía carnés de discapacidad de forma fraudulenta y no todos los funcionarios que entregaron los carnés, ni los beneficiarios han sido sancionados.

El ejemplo está en la Función Judicial. El 3 de julio de 2020, el Consejo de la Judicatura (CNJ) solicitó información al MSP sobre 661 funcionarios judiciales que tenían carnés de discapacidad.

De esos, 437 aseguraban que tenían alguna discapacidad y los 224 restantes dijeron que los portadores son sus familiares dependientes, como esposas, esposos, padres o hijos. Pero no todos presentaron los soportes para validar esa información.

Después de tres pedidos, el MSP respondió parcialmente, dice el CNJ, y solo respecto a los jueces y no sobre los demás funcionarios judiciales.

Según la documentación, de los 98 jueces identificados con carnés de discapacidad, solo 37 cumplieron con la norma, 58 entraron a investigación y de tres no existían registros.

Tres meses después, en octubre de 2020, el MSP entregó otra parte de la información en la que se logró determinar que de los 58 jueces investigados, 24 “se beneficiaron con el puntaje de acción afirmativa por condición de discapacidad en los concursos públicos para su ingreso, ascenso en la Función Judicial y jubilaciones”, detalla el documento.

La Judicatura abrió 23 expedientes disciplinarios contra 62 jueces en 13 provincias. Guayas encabeza la lista con 25 funcionarios con acciones disciplinarias internas.

Pero según el CNJ, el departamento de Control Disciplinario del organismo “hasta la presente fecha no ha podido determinar alguna infracción disciplinaria al respecto”. 

“Es absurdo pensar que hasta ahora, dos años después, no se haya avanzado en un proceso que sancione a las personas que de forma fraudulenta dieron y obtuvieron estos carnés de discapacidad”, opina Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción.

Para él, dejar este hecho en la impunidad, ha permitido a las redes de corrupción del MSP seguir operando en distintas áreas de hospitales y servicios públicos, como el desabastecimiento de medicamentos, insumos médicos y servicios de salud.

"Hay una cultura de la impunidad desde el poder”, señala Rodas.

Pero los obstáculos se han presentado también en el sistema judicial. 

Según el CNJ, ha tenido que insistir a la Fiscalía General del Estado con cuatro oficios sobre el avance de la denuncia que pusieron en enero de 2021 para que investigue, por lo penal, a los funcionarios judiciales.

Se incluyó a jueces, conjueces, notarios, defensores públicos, funcionarios jurisdiccionales, administrativos y fiscales. 

La Fiscalía respondió en abril de 2021 que “se encuentran en curso varias investigaciones previas, iniciadas en contra de servidores judiciales determinados por hechos concretos”.

Es decir, por falsificación y uso de documentos falsos, delitos sancionados con tres y cinco años de prisión. 

“A la presente fecha, no existe ningún proceso en el que se haya formulado cargos, todos se encuentran en fase de investigación previa”, dice el Consejo de la Judicatura.

PRIMICIAS solicitó información a la Fiscalía, pero, hasta el cierre de este reportaje, no respondió al pedido.

Sin embargo, en su página web, registra que en enero de 2022 se formularon cargos contra Paúl M. y María A., investigados por las irregularidades en la emisión y obtención de un carné de discapacidad, emitido en el Centro de Mapasingue, en Guayaquil.

La doctora María A. era la calificadora de discapacidad del Ministerio de Salud Pública, la misma que emitió el carné a Daniel Salcedo, procesado por la venta irregular de insumos médicos a hospitales públicos en Guayaquil.

Y Paúl M. es un funcionario que se benefició de la obtención del documento, mientras que el 3 de mayo de 2022, otro empleado del MSP de Esmeraldas fue llamado a juicio en una investigación que inició en 2019.