Investigación por el asesinato de equipo periodístico parada y violencia sigue

El 27 de marzo de 2018, Ecuador amaneció con una noticia estremecedora. Un equipo periodístico de diario El Comercio, que estaba haciendo una cobertura en la frontera norte, había desaparecido.

Javier Ortega (periodista), Paúl Rivas (fotógrafo) y Efraín Segarra (conductor) salieron de Quito al medio día del 25 de marzo. Llegaron a San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas y a la mañana siguiente se desplazaron hasta el poblado fronterizo de Mataje.

Ese era el decimocuarto viaje de un equipo de ese periódico a esa zona, en lo que iba de 2018. Desde el 26 de enero de ese año, la agenda de los medios de comunicación nacionales se había volcado hacia esa zona. Ese día un coche bomba explotó en las inmediaciones del cuartel policial de San Lorenzo.

Casi dos meses después, el 20 de marzo de 2018, tres marinos ecuatorianos murieron en una explosión, cuando se acercaron durante un patrullaje a lo que resultó ser una bomba artesanal.

El 26 de marzo, el equipo periodístico salió de su hotel en San Lorenzo rumbo a la frontera. Pero, minutos después desapareció.

Y la mañana del 27, en una rueda de prensa, César Navas, entonces ministro del Interior, informaba que sus integrantes habían sido secuestrados en Mataje. El crimen se atribuyó al Frente Oliver Sinisterra, una de las disidencias de las FARC que opera en la zona.

Casi un mes después del secuestro se confirmó el asesinato en cautiverio del periodista, el fotógrafo y el conductor plagiados.

El mismo final lo tuvieron Oscar Villacís y Katty Velasco, quienes fueron secuestrados el 12 de abril de 2018 en el caserío colombiano de Puerto Rico. Y el militar Wilson Ilaquiche, plagiado el 12 de mayo de ese mismo año.

Todos esos crímenes fueron atribuidos al mismo grupo. Y también fueron justificados detrás de la misma teoría: represalias de los grupos narco-guerrilleros al control policial y militar ecuatoriano en esa zona.

Un camino hacia la verdad

Una vez confirmada la muerte del equipo periodístico, en abril de 2018, sus familiares y amigos se agruparon en el colectivo Nos Faltan 3.

Su objetivo es llegar a la verdad de lo que ocurrió. Así como dar con los responsables materiales del asesinato y también con los responsables de la falta de control gubernamental que permitió el desenlace.

La justicia -a través de abogados, grupos de defensa de los derechos humanos y gremios periodísticos- se busca en tres frentes.

• Ecuador, sin avances

La crisis de seguridad que la frontera norte vivió en 2018, provocó la apertura de cinco casos penales. Solo el que se refiere al atentado contra el cuartel de San Lorenzo tiene sentencia.

Los otros cuatro procesos, por el secuestro y asesinato de periodistas, civiles y militares continúan en etapa previa y reservada.

Hasta agosto de 2018, en los cuatro casos se cumplió el máximo dos años que el COIP permite para que un proceso se mantenga en investigación previa. Sin embargo, las indagaciones se siguen prorrogando.

Xavier Andrade, abogado que representa a las familias del equipo periodístico, dice que hace más de un año que no se convoca ni se realiza ninguna diligencia relacionada con este proceso.

Y que la última providencia, recibida el 17 de febrero de 2021, da cuenta únicamente de la negativa del Gobierno para desclasificar las actas de las reuniones de Consejo de Seguridad Pública (Cosepe) del 13 y el 17 de abril de 2018, donde se trató el secuestro y posterior asesinato.

Esto, pese a que el presidente Lenín Moreno había ofrecido públicamente entregar esos documentos.

Además, Andrade ha solicitado la toma de versiones de los agentes policiales que participaron en los operativos relacionados con el hecho. Pero, "la Fiscalía ha dado largas y no los ha llamado".

• Colombia, un paso adelante

En Colombia, por otro lado, el proceso ha avanzado. El 25 de marzo de 2021, a un día del tercer aniversario del secuestro, se conoció la sentencia en contra Jesús Vargas Cuajiboy, alias 'Reinel', quien fue el custodio de las víctimas durante su secuestro.

Fue sentenciado a 28 años y ocho meses de cárcel. Se le imputaron los delitos de secuestro agravado, homicidio agravado y concierto para delinquir.

La pena fue producto de un acuerdo entre la Fiscalía colombiana y la defensa del procesado. Además, como parte de ese acuerdo, 'Reinel' tuvo que pedir disculpas públicas a las familias de las víctimas.

Además, en Colombia hay otros dos casos pendientes. El uno es contra Gustavo Angulo Arboleda, alias 'Cherry'.

En agosto de 2020, 'Cherry' había sido liberado porque habían caducado los plazos para mantenerlo preso de manera preventiva. Sin embargo, en noviembre fue recapturado por el asesinato de tres agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI).

Su caso está en etapa de juicio. Y, al igual que en el proceso de 'Reinel', hay un acuerdo previo entre la Fiscalía y la defensa. Pero, todavía no se ha podido concretar por detalles relacionados con el acto de disculpas públicas.

El otro caso pendiente es en contra de Gustavo Ospina Hernández, alias 'Barbas', quien participó en la grabación de las pruebas de vida del equipo de El Comercio durante el secuestro.

Él también fue liberado porque su prisión preventiva caducó. Pero, aunque su liberación fue anulada por la Corte Suprema de Colombia, no ha sido recapturado. Y todavía se espera la fecha de la audiencia para su juicio.

• Incumplimiento internacional

El 12 de diciembre de 2019, el Equipo de Seguimiento para este caso, creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitió su informe.

El documento recomendó la creación de una comisión especial que investigue aspectos precisos del caso en cada país. Así como también que los países evalúen una reparación integral para los familiares de Paúl, Efraín y Javier.

Sin embargo, dice Juan Pablo Albán, quien lleva el caso del equipo periodístico ante la CIDH, el cumplimiento de esas recomendaciones es "muy bajo".

Primero, explica el abogado, no se ha avanzado en las investigaciones, no se ha desclasificado la desinformación y, mucho menos, se ha dado pasos para una reparación para los familiares.

Para Albán, dentro de la Fiscalía se han puesto trabas al proceso. Por ejemplo, explica, se ha cambiado tres veces de fiscal. Y el último cambio se dio cuando había un calendario para receptar versiones y solicitar información a instituciones públicas. Pero, desde el cambio no ha habido ninguna diligencia.

Ahora, a escala internacional, el caso está más complicado. Pese a los ofrecimientos de la CIDH, en septiembre de 2020 se levantaron las medidas cautelares y no existe ningún caso abierto para dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Equipo de Seguimiento Especial.

Por esta razón, la Clínica Jurídica de la Universidad San Francisco, dirigida por Albán, está preparando un documento para presentarlo a manera de caso, y ya no como una solicitud preventiva de medidas cautelares, a un organismo internacional.

Sin embargo, todavía no han decidido ante que instancia presentarlo. La CIDH tiene tiempos muy prolongados para resolver sus casos. Y, por esta razón, se está considerando la alternativa del Comité de Derechos Humanos de la ONU.

Tres años después, la violencia no cesa

Desde 2018, cuando se produjo la crisis de seguridad en la frontera norte, los índices de violencia no se han reducido en esta zona.

Las cifras de muertes violentas en las provincias fronterizas con Colombia, Esmeraldas y Sucumbíos, en números absolutos, han tenido altos y bajos y alcanzaron su techo a finales de 2020.

La forma más eficiente de medir la violencia en una localidad o comunidad es la tasa de muertes por cada 100.000 habitantes. Esta cifra es una imagen real de la gravedad del número de homicidios en comparación con la población total.

En cuanto a este indicador, Esmeraldas y Sucumbíos se mantienen elevadas.

En 2020, a escala nacional, esa cifra cerró en 7,5. Pero en estas provincias, entre 2018 y 2020, la tasa no bajó de 11 muertes por cada 100.000 habitantes. Alcanzando, incluso, los índices de Latinoamérica que son los más altos a escala mundial.

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