Las instituciones educativas deben transparentar costos de sus pensiones

El 3 de agosto de 2021, el presidente de la República, Guillermo Lasso, firmó el Decreto Ejecutivo No. 145 que apunta a "simplificar y agilizar trámites administrativos y procesos con la finalidad de contar con un sistema educativo más flexible, autónomo y responsable".

Entre los cambios más importantes que constan en el documento está la obligatoriedad de las "instituciones particulares y fiscomisionales de transparentar los costos de pensiones, matrículas, listas de útiles o libros de texto y sus valores referenciales".

Además, el documento elimina las certificaciones curriculares que debían contar los textos escolares antes de ser utilizados en el sistema educativo.

La ministra de Educación, María Brown, explica que ahora las instituciones podrán elegir cualquier texto, siempre que cumpla con los estándares de aprendizaje. Para ello, deberán presentar una declaración juramentada de corresponsabilidad.

En esta línea, el Decreto también establece "un proceso de revisión y definición de los recursos editoriales y no editoriales que adquiera el Estado para entregar en todas las instituciones fiscales".

Con esto, el Gobierno asegura que busca "garantizar la independencia de estos recursos".

Nuevas ofertas educativas

El Decreto firmado por el presidente de la República también dispone "la posibilidad de autorizar la creación y oferta de modalidades educativas semipresenciales y a distancia que, hasta el momento, estaban permitidas únicamente para personas mayores de 15 años, con escolaridad inconclusa".

"Las nuevas modalidades de estudio permitirán responder a las necesidades y a la realidad actual que cambió desde el inicio de la pandemia".

María Brown, ministra de Educación

Otro de los puntos del documento está relacionado con las autorizaciones de funcionamiento de las instituciones educativas particulares, municipales y fiscomisionales.

Brown explica el Decreto eliminó algunos requisitos para dar facilidades en la entrega de autorizaciones para el funcionamiento y para las renovaciones de permisos de las unidades educativas.

Además, detalla que "se descartan las renovaciones periódicas. Ahora, las instituciones educativas informarán y solicitarán autorización únicamente cuando existan cambios en la oferta o condiciones en las que sus servicios fueron aprobados".

Plazos en concursos de mérito y oposición

Los concursos de mérito y oposición en el sistema educativo tienen una duración de 13 meses.

El Decreto Ejecutivo No. 145 estableció que estos procesos no duren más de seis meses con el objetivo de que los profesores ganadores sean incluidos en las instituciones educativas en el menor tiempo posible.