Habitantes de calle, en riesgo de perder sus refugios

Franklin tiene 48 años y ha pasado la mayor parte de su vida viviendo en las calles. Todo empezó a los 14 años, cuando acompañaba a su padre a vender gafas como ambulante, en el sector comercial de la Bahía, en Guayaquil.

“Pero el vicio al alcohol me destruyó la vida”, dice Franklin Ortiz, quien lleva siete meses sin consumir.

Este es uno de los pocos casos exitosos de rehabilitación, explica Daniel Quinde, de la Fundación Refugio del Espíritu Santo (RESA), un albergue que trabaja con personas que han hecho de la calle su casa.

De los 2.500 habitantes de calle que atendió esta institución en 2021, el 70% de los hombres tenía problemas de alcohol y drogas.

"De cada 10 casos que conocemos, solo dos mantienen un proceso de rehabilitación”, explica Quinde. 

La adicción de Franklin tocó fondo cuando, en completo estado de embriaguez, lo despertaron y vio a su compañero de calle muerto junto él, sobre los cartones que compartían como cama en una vereda por el mercado de las Cuatro Manzanas.

“Eso me impactó. Las personas de la fundación me ayudaron en la rehabilitación y ahora estoy bien, soy otro, la gente no me reconoce. Cuido una finca en Santa Elena, tengo techo y comida”, relata Franklin.

El MIES define a un habitante de calle como “una persona de más de 18 años que hace de la calle su espacio de vida; ahí duerme, come, se relaciona con otros pares y está más de seis meses en esa situación”, explica Carolina Guzmán, subsecretaria de Prevención de Vulneración de Derechos. 

Esta definición también permite conocer las problemáticas y las soluciones, porque un habitante de calle llega a esa situación por varias razones.

"Son las rupturas familiares. La mayoría responde a hombres que al terminar una relación se van de la casa y terminan en las calles”, explica Quinde. 

En el diagnóstico también están adicciones al alcohol y drogas y personas con problemas mentales, “por ejemplo con psicosis. Un día se van de la casa, se pierden y nunca más regresan”, dice Guzmán. 

El equipo de la RESA ha detectado que el 56% de población que habita en las calles es extranjera.

“Se trata de familias enteras, o a veces solo la madre con sus hijos que duermen en las calles, porque no tienen dónde vivir. Son sobre todo venezolanos que no tienen una red de apoyo, algunos han sido desalojados en pandemia y no consiguen recursos para alquilar un lugar”, añade Quinde. 

Las cifras no cuadran

En las veredas del centro de Guayaquil, cerca de la Bahía, sitios de alto riesgo por los niveles de inseguridad, permanece la mayoría de estas familias extranjeras.

En la campaña de 2021, que realizó el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), identificaron a 610 habitantes de calle en el país. 

La cifra difiere a la de la Fundación RESA, que en el mismo año detectó en Guayaquil a 2.500 personas en esta condición. En lo que va de 2022, ha atendido a 500, pero esta disminución tiene una explicación preocupante.

“Está en riesgo el programa de atención por falta de presupuesto, este mes ya no tenemos para pagar los servicios básicos".

Daniel Quinde, de la Fundación RESA.

La Fundación, que se fundó por iniciativa de la iglesia católica y empresarios, recibía hasta 2021 el financiamiento del MIES, pero la burocracia ha dejado saldos pendientes que han tenido que asumir y ahora atienden al 50% de su capacidad. 

“Antes podíamos permitir que durmieran en el albergue entre cuatro semanas y tres meses, ahora hemos tenido que pedirles que máximo se queden 28 días”, dice Quinde. 

La atención consiste también en darles alimentación y ayudarles en la generación de ingresos, para que logren ahorrar y pagar el alquiler de un lugar. 

Según el MIES, en septiembre de 2022 se levantará un censo que los ayude a determinar con exactitud el diagnóstico de los habitantes de calle en todo el país.