Guayaquil destina más recursos para proteger a las mascotas que a niños y mujeres

Nunca antes se había visto un operativo para rescatar animales como el del 12 de marzo de 2022.

Un equipo del Municipio de Guayaquil pidió una orden judicial para allanar la casa de un hombre acusado de maltratar a sus mascotas. Pero como el sujeto escapó, las camionetas municipales lo persiguieron hasta Progreso, donde se rescató a los perros.

“No creo que haya habido en el país otra administración que se haya preocupado tanto por las mascotas como lo ha hecho Guayaquil”, dijo la alcaldesa, Cynthia Viteri, tras conocer los resultados.

La protección de mascotas es positiva desde cualquier óptica, aunque las prioridades parecen no estar equilibradas en el Municipio de Guayaquil.

“Ojalá fueran así de diligentes con los derechos de los niños, o de los vendedores ambulantes”, dice César Cárdenas, del Observatorio Ciudadano de Políticas Públicas de Guayaquil.

Vicente Torres, secretario Ejecutivo del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos, mira con desazón que las prioridades no apunten a grupos vulnerables como niños y mujeres en situación de riesgo y violencia. 

Uno de los apartados donde esa priorización es más notoria es en el presupuesto.

Para 2022, a la Dirección de Bienestar Animal se le asignó un presupuesto de USD 2,4 millones, el doble de los USD 1,2 millones que recibió en 2021.

Mientras que el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos, que se ocupa -entre otras cosas- del bienestar de niños y mujeres en situación de riesgo, recibió en 2021 un presupuesto de USD 320.000 y para este año se le asignó un monto idéntico.

“El 80% de ese dinero es para gasto corriente y con lo que resta hacemos gimnasia financiera para cumplir con la promoción de los derechos de los ciudadanos”, dice Torres.

Los municipios están obligados por el Código de Organización Territorial (Cootad) a la creación de los Consejos Cantonales de Protección de Derechos y de las Juntas de Protección.

Esta instancia se encarga de elaborar la política pública en derechos para los cantones. Además, observa y evalúa que los gobiernos locales respeten los derechos de los grupos vulnerables.

Medidas de protección más ágiles

Además, existe una Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos, que es un juez administrativo; es decir, puede dictar medidas de protección en caso de amenazas de derechos, por ejemplo, una boleta de auxilio.

Al menos otros tres cuerpos legales mandan a los gobiernos locales a fortalecer estos organismos: el Código de la Niñez, la Ley de Erradicación de Prevención de la violencia contra la Mujer y la Ley de las Personas Adultas Mayores. 

Según el concejal Jorge Rodríguez, “el Municipio atiende a los grupos vulnerables desde otras direcciones sociales, aunque no necesariamente desde las Juntas de Protección”.

“Esta es una forma más de excluir a los ciudadanos de la participación de la política pública del Cabildo, que no es inclusiva”, dice César Cárdenas, del Observatorio Ciudadano de Políticas Públicas de Guayaquil.

El Consejo Cantonal de Protección de Derechos atendió a 11.017 personas en situación de riesgo, en 2021, la mayoría por casos relacionados con violencia. Un área donde Guayaquil necesita mucha gestión, pues tiene la tasa más alta de homicidios y femicidios del país.

“El Consejo, además, es el ente de los cantones que garantiza que se les restituya los derechos a las personas a las que se les han vulnerado”, explica Vicente Torres, secretario Ejecutivo del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos.

Y pone como ejemplo lo que ocurre en ciudades como Quito, donde hay cuatro Juntas de Protección de Derechos descentralizadas por zonas; o Cuenca, que tiene dos y en 2020 tuvo un presupuesto de USD 600.000, el doble que en Guayaquil. 

“Que se tenga una o cuatro no es garantía de nada” refuta el concejal Jorge Rodríguez. “Si funciona una ¡Que bueno! Pero temo, por los resultados que he visto, que no necesariamente están brindando un servicio”. 

Rodríguez cree que se trata de eficiencia del uso de los recursos, “habría que evaluar técnicamente y según los resultados, la necesidad probada de aumentar la asignación”, dice Rodríguez, encargado de la comisión de presupuesto del Concejo Cantonal de Guayaquil.