Dos escuelas cerradas y ocho alertas por inseguridad en Guayaquil
El Ministerio de Educación aún no sabe cuándo retomará las clases presenciales en los dos planteles de Socio Vivienda, cuyos 3.399 estudiantes están en la virtualidad tras las balaceras de inicios de septiembre de 2022. La extorsión es otra problemática.
Brigadas del Ministerio de Educación visitan a estudiantes y padres de familia de Socio Vivienda, tras la ola de inseguridad de la primera semana de septiembre de 2022.
Ministerio de Educación, zona 8
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Aún no hay fecha de regreso a clases presenciales de los 3.399 estudiantes de los dos planteles de Socio Vivienda que mantienen cerradas sus puertas, tras la inseguridad en este sector del noroeste de Guayaquil.
Tras dos días consecutivos de balaceras, el Ministerio de Educación decidió que desde el 2 de septiembre de 2022, los alumnos de las unidades educativas Pedro Vicente Maldonado y Carlos Mora Peñafiel reciban clases virtuales.
Una semana después de la medida, los moradores de este sector están a la expectativa de saber qué pasará cuando la fuerza pública (policías y militares) se retire.
Jeremy Rubio, subsecretario de Educación de la zona 8 encargado, informó que solo en estas dos instituciones educativas se suspendieron las actividades educativas por la inseguridad en Guayaquil.
No obstante, reveló a PRIMICIAS que en lo que va de 2022, el Ministerio ha recibido ocho reportes de alertas de extorsión a estudiantes o docentes de la ciudad.
Solo una de las ocho tiene denuncia formal en la Fiscalía; las demás fueron verbales. Por tratarse de un tema en investigación, el funcionario prefirió no dar detalles.
Casi a finales de agosto, la alcaldesa Cynthia Viteri aseguró que “hasta los niños en las escuelas están pagando extorsiones”. Se refirió a extorsionadores que esperan a los alumnos afuera de unidades educativas para pedirles dinero y poder consumir droga.
"Cuando hay este tipo de noticias, se genera incertidumbre, a veces se cae un bloque y se genera alertas de bombas", sostuvo el subsecretario.
Además, la mayoría de los moradores no denuncia por temor, lo que les impide tener mayor información de la situación real.
Las alertas que recibió el Ministerio de Educación provienen del distrito educativo Monte Sinaí, donde funcionan 134 planteles particulares, fiscales, fiscomisionales y municipales.
Estos centros educativos están distribuidos en los sectores Monte Sinaí, Lomas de la Florida, Fortín, Flor de Bastión, Balerio Estacio, Sergio Toral, Ciudad Nueva, Ciudad de Dios, Hogar de Cristo, Ciudad Victoria, Ciudad Olmedo y Nueva Prosperina.
Precisamente al último sector pertenece Socio Vivienda, distrito al que la Policía Nacional denominó Nueva Prosperina, y donde además se registran más de 150 de las 950 muertes violentas de Guayaquil.
Este distrito pertenece a la parroquia Tarqui, donde 322.386 estudiantes se educan en 582 instituciones educativas, entre públicas y privadas. De allí, la preocupación de los padres de familia de la zona.
Rubio manifestó que por el momento el Ministerio no ha contemplado cerrar otra unidad educativa por inseguridad.
"Estamos preocupados por la coyuntura nacional y tomamos las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física de estudiantes, docentes y personal administrativo", señaló.
También recordó que la decisión de suspender las clases presenciales se tomó en consenso, con padres de familia, docentes e institución. Esto, en función de las alertas que emite la Policía Nacional sobre los entornos inseguros.
Charlas y protocolos frente a la inseguridad
A la par de la suspensión de clases presenciales, el Ministerio de Educación trabaja la parte psicológica de las víctimas de la inseguridad.
Brigadas, conformadas por docentes y funcionarios del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE), visitan a estudiantes y padres de familia en sus viviendas, para impartir charlas y conocer su estado emocional.
El subsecretario mencionó que esta labor se realiza principalmente en Socio Vivienda, zona intervenida por policías y militares, dentro del contexto del estado de excepción.
"Cada vez que hay alguna alerta, los docentes distritales conversan con comités de padres de familia y evalúan las acciones. Tomemos en cuenta que lo último que se cierra y lo primero que se abre es una institución educativa", reiteró.
La Policía también participa en estas reuniones, para conocer si hay las condiciones de seguridad en los sectores y tomar las acciones del caso.
Con esta experiencia, el Ministerio de Educación trabaja con otras carteras de Estado, como las del Interior, Gobierno y Policía, en un plan nacional que se difundirá en los próximos días.
Es que actualmente, no hay protocolos sobre cómo deben actuar maestros y alumnos ante una balacera u otro hecho violento.
El Ministerio de Educación descartó, por el momento, la reubicación de alguna de estas unidades educativas por tema inseguridad. "Es un aspecto coyuntural, quizás mañana ya no tengamos estas alertas y estos focos", aseguró.
No obstante, dijo, evaluarán todas las instancias posibles y tomarán medidas que den "solución real" al problema, priorizando el derecho a la educación.
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