Tribunal de El Oro absuelve a los hermanos Salcedo en caso de lavado de activos

Daniel y Noé Salcedo, Jorge S.L.V., Jorge S.M. y seis empresas fueron absueltos por un Tribunal Penal de El Oro, por el delito de lavado de activos que abrió la Fiscalía en junio de 2020.

Según la defensa de los hermanos Salcedo, la Fiscalía no logró establecer el origen ilícito del dinero que supuestamente se lavó.

“Si la fiscal investiga y dice que las empresas del señor Salcedo han lavado dinero, la pregunta es ¿cuál es el origen de ese dinero ilícito que se supone él ha lavado en todos estos años?”, se pregunta José Moreno, abogado defensor de los hermanos Salcedo.

La hipótesis de la Fiscalía es que a través de las seis empresas, que fueron parte del proceso, se lavaron USD 1,9 millones. 

La metodología era simular la prestación de servicios ofrecidos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) que nunca existieron, para ocultar el origen ilícito de ese dinero, que, según la Fiscalía, provenían de coimas y sobornos por contratos con terceros.

Según Moreno, la Fiscalía “estableció como delito fuente de donde vino el dinero ilícito, el juicio de fraude procesal por la caída de la avioneta en junio de 2020, la venta de fundas para cadáveres y el juicio de delincuencia organizada, cuya audiencia se convocó para el 22 de julio. Es decir, primero me pongo los zapatos y después las medias”.

Para la defensa de los Salcedo, la fiscal que lleva el caso no logró comprobar “la trazabilidad del dinero, porque debía tener primero un delito origen, que es donde se produce el dinero ilícito, ella no tiene eso, quería empatar con delitos del año 2020, que son posteriores a lo investigado”, añade Moreno.

Las pruebas de la Fiscalía

Según la fiscal Ivonne Proaño, quien lleva el caso y es además la coordinadora de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y Lavado de Activos de la Fiscalía, se presentaron 102 pruebas documentales y 53 testimoniales. 

“Al buscar el origen de los casi USD 50.000, que fueron encontrados en poder de Noé Salcedo, nos dimos cuenta de todas las actividades irregulares de las empresas en lo tributario y en el manejo de las cuentas bancarias”, explica Proaño.

Según ella, “se demostró que desde el 8 de mayo de 2020 Daniel Salcedo tenía boleta de captura, pero el 4 de junio, unos días antes de que se estrellara la avioneta, presentaron unos formularios al Banco de Guayaquil para mover USD 500.000 de la cuenta de Daniel Salcedo y USD 700.000 de la empresa Salnoedan, para transferirlos a su cuenta personal en Puerto Rico”.

La transferencia no se concretó porque no concordaba la firma del registro en el banco con la del poder notariado entregado a Noé Salcedo y, mientras se hacía esa verificación, ocurrió el accidente aéreo, luego del cual Daniel fue detenido.

“Puede tener mucho dinero en sus cuentas, pero paralelas a sus actividades económicas, ingresos y egresos, que vayan acorde con todo el incremento patrimonial, pero los ingresos del señor Salcedo estaban muy por debajo de lo que adquirió”, añade la fiscal.

Los lujos de Salcedo y el carné de discapacidad

Según la información recabada por la Fiscalía, entre 2018 y 2020, Daniel Salcedo había acumulado compras por hasta USD 614.000 con sus tarjetas de crédito, USD 957.184 en bienes e inmuebles y USD 513.585 en vehículos.

Otro de los elementos presentados por Fiscalía fue la documentación y el testimonio de la médico del Ministerio de Salud para explicar el procedimiento con el que se le otorgó el carné de discapacidad, con el que importó un vehículo de alta gama valorado en cerca de USD 60.000.

“Para obtener el carné de discapacidad, Daniel Salcedo dijo que sus ingresos eran de USD 500 mensuales”, relata Proaño.

“Empresas, como Paliye S.A., tuvieron ingresos por USD 14.000, pero frente a esas actividades facturó pasajes aéreos a terceros, en este caso a la familia Bucaram, por USD 17.000, cuando la actividad de la empresa es la construcción de todo tipo de edificios, no una agencia de viajes”, recalca la fiscal Proaño.

Las investigaciones determinaron que la misma empresa adquirió un inmueble por USD 300.000 y también hizo una inversión en Estados Unidos por USD 100.000.

Una vez que la sentencia otorgada por el Tribunal sea notificada a las partes, la Fiscalía apelará la decisión para que un tribunal de alzada conozca la causa y pueda valorar un cambio en la sentencia.

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